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Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (05-X-16)
¿GOBERNABILIDAD A CUALQUIER PRECIO?
Nadie que esté cuerdo puede negar los esfuerzos que el gobernador SILVANO AUREOLES CONEJO está haciendo para lograr una gobernabilidad de calidad, atacando de frente los diversos sectores que están en crisis en el estado, sin embargo, el costo político está siendo muy caro.
El estado de derecho, es un pilar fundamental para la buena convivencia de una sociedad, pues una sociedad que se rige por normas, es una sociedad feliz, empero, la condición básica para lograr esa felicidad, es el cumplimiento irrestricto de las normas que rigen a esa sociedad.
En el congreso federal y en los congresos estatales, no se han querido dar cuenta que el principal problema de nuestro país, es que las leyes que tenemos, no se cumplen. No necesitamos más leyes, lo que necesitamos es hacer o lograr, que las que tenemos se cumplan y después de esto, por supuesto que perfeccionarlas sería el siguiente paso.
¿Para qué queremos más leyes, sí las que existen no se cumplen? Sí el congreso federal y los congresos estatales se pusieran, en serio, a exigir el cumplimiento de las leyes existentes, su productividad legislativa se evaluaría de diferente manera.
En lugar de contar cuantas iniciativas de ley se propusieron, se contaría cuantas leyes se obligó a que se cumplieran. Eso sí traería beneficios sociales. Lo demás, es demagogia pura.
LEY VIOLADA IMPUNIDAD PURA
Hay una teoría jurídica que muy frecuentemente ponen en práctica los juzgadores, denominado “El principio del mal menor”. El llamado argumento del mal menor, (Lesser evil argument), o aplicación del principio del mal menor, es un modelo de argumentación práctica frecuentemente empleado en política, derecho y ética.
El argumento del mal menor, tiene dos ámbitos de aplicación; el genérico de lo práctico, y el específico de la ética de la decisión. En el primer sentido (Amplio), el principio del mal menor significa que, en previsión de males que son inevitables, es preferible permitir, mediante la decisión, aquel de ellos que es el menor para evitar el que es el mayor.
En un seguro sentido (estricto), el principio del mal menor significa que, cuando aparentemente todas y cada una de las posibles decisiones que se pueden tomar, de hecho, son malas, y no hay otro remedio que decidirse, hay que decidirse por lo menos malo.
Las definiciones sintetizadas por el escritor FRANCISCO F. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, las he utilizado solo con el propósito de ilustrar de alguna manera, el porqué de la actuación de las autoridades estatales, con relación a los grupos de presión como los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los alumnos de la Escuelas Normales Rurales del estado y por supuesto de los moradores de la Casas del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Dichos grupo de presión, saben y conocen perfectamente este criterio del “Mal menor” y basados en él, diseñan sus estrategias de lucha, pues a mayor estridencia y daño causado, sus demandas se convierten en el mal menor y en consecuencia, la autoridad se ve forzada a optar por concederles esas demandas.
EL ESTADO CONCEDIÓ LA LIBERTAD
Aún en el nuevo sistema de justicia penal, el ministerio público sigue jugando el papel de representante social y en consecuencia es el titular del ejercicio de la acción penal.
En ese sentido, el ministerio público ahora llamado “fiscal”, es el responsable de integrar la llamada “carpeta de investigación”, muy similar a lo que conocimos como “averiguación previa penal” y del él depende la cantidad de pruebas que aporta y soportan una acusación.
En el caso de los jóvenes normalistas, el fiscal de la adscripción logró aportar pruebas suficientes para que un juez de control decretara su vinculación a proceso y a la prisión preventiva en virtud de los delitos imputados, sin embargo, por aquello del “mal menor”, la fiscalía estatal que depende del poder ejecutivo, optó por otorgar la libertad a los 8 normalistas exigida por los diversos grupos de presión, de manera que solicitó una audiencia para “revisión de medidas cautelares”, en la cual pidió al juez de la causa, reducir las medidas cautelares a efecto de que pudieran enfrentar su proceso en libertad. Así de simple.
¿PORQUÉ LLEGAR AL MAL MENOR?
Ya definimos qué es el “mal menor” y cómo es que el gobierno del estado, se vio forzado a tomar la decisión del mal menor, que fue otorgar la libertad a los normalistas detenidos y sujetos a proceso penal con prisión preventiva.
Ahora la pregunta es: ¿Por qué llega el gobierno estatal a ese extremo jurídico?
La respuesta no es tan simple, pues tiene varias aristas. La primera de ellas, la falta de recursos económicos, elemento fundamental para tener bajo control a estos grupos de presión, que normalmente prefieren sus liderazgos obtener pingues ganancias económicas, pues saben que a corto plazo tendrán la posibilidad de plantear sus demandas.
La segunda arista, es la falta de una auténtica “Agenda de Riesgos”, con la que se pueda prever la problemática política que plantean cíclicamente los grupos de presión, de manera que se pueda planificar la llamada “operación política” a efecto de ejecutar las acciones necesarias para que los problemas planteados por esos grupos de presión, no hagan crisis.
La detección, el diagnóstico y el diseño de alternativas de solución viables, son el ABC de la operación política, elementos que evidentemente no existen el gobierno estatal.
La tercera arista, consecuencia de las dos anteriores, revela que el equipo de funcionarios que acompañan al gobernador del estado en las áreas de operación política, son un auténtico fracaso.
Otro elemento que refuerza esta tesis, es el nivel de estridencia que alcanzan esos grupos y las estrategias de lucha, cuya base es la afectación de los sectores de la sociedad, para que esta a su vez, ejerza presión hacía el estado y este, finalmente ante el apuro, resuelva a favor de esos grupos.
¿Por qué se llega a tanto? Porque no existen órganos del estado que den atención permanente y constante a la problemática de esos grupos de presión, de manera que con la debida anticipación, se sepa qué hacer, para que el estado no se vea inmerso en esa encrucijada y en consecuencia la sociedad no sea la víctima de esas tácticas de lucha.
LA SOLIDARIDAD SOCIAL
Aunque parezca chiste o eslogan político, pero la solidaridad social es un elemento que juega un papel importantísimo en esta relación entre el estado y los grupos de presión, pues parecería que se da un círculo vicioso, en el que por falta de hacer respectar el estado de derecho, la sociedad civil se divorcia del estado y en consecuencia, éste no cuenta con el respaldo y apoyo de esa sociedad civil, para tomar la decisión de hacer respetar la ley.
Los grupos de presión, son muy proclives a utilizar la denominada “victimización” como instrumento de penetración en los sectores sociales, a efecto de lograr el apoyo popular o social a sus causas, lo que impide que el estado haga su tarea. Sí a algo le tiene temor un régimen, es a que se le califique de represor y toda clase de sinónimos despectivos que lo desacrediten, de manera que la utilización de la fuerza pública, es un verdadero último recurso.
REFLEXIÓN
La sociedad entera, en particular la michoacana, debe de hacer una verdadera reflexión de la actitud que debe asumir ante la lucha que libra el estado con los grupos de presión y que mientras no haya eficiencia del estado que gane la simpatía popular, la gobernabilidad no se puede lograr o sostener al precio que sea y el estado mismo, no puede seguir así, tiene que eficientarse hasta lograr los equilibrios necesarios para que la gobernabilidad sea natural.
