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A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Las asociaciones civiles, integrantes del COLECTIVO DE ORGANIZACIONES MICHOACANAS PRO DERECHOS HUMANOS, A. C., en relación a los hechos ocurridos el pasado 28 de abril de 2012 y realizados por elementos de corporaciones policiacas, contra jóvenes, moradores de las Casas del Estudiante Nicolaíta, 2 de octubre y Lucio Cabañas pertenecientes a la U.M.S.N.H., hacemos el siguiente pronunciamiento:
Creemos firmemente en la existencia del Estado de Derecho, donde imperen, como sustento social, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad; estableciéndose un orden que conlleve el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales que los hagan efectivos, bajo la luz y el amparo del texto estipulado en el artículo 1º. de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual debe ser totalmente observado por los individuos en lo particular y, aún más, por la autoridad misma de cualquier nivel, en acato irrestricto a ese Estado de Derecho y a la supremacía y orden constitucional.
Los hechos del día 28 de abril de 2012, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, conocidas por la población a través de los medios de comunicación, dejan al descubierto la falta de probidad y cuidado por parte de las autoridades implicadas, en acatar y observar los derechos de seguridad jurídica que como mexicanos tienen los moradores de las casas del estudiante, es decir y que valga como simple ejemplo, el que las mencionadas autoridades, a través de los medios legales, hubieran obtenido las respectivas ordenes de detención y de cateo contra dichos moradores y sobre todo para irrumpir violentamente en las casas del estudiante. Cosa que no sucedió así, ya que hasta el momento no se tienen noticias de que hayan actuado conforme a la Ley.
Hemos sabido y escuchado, por los medios de comunicación y mismos estudiantes y familiares de éstos que, al principio de la detención, se les negó la defensa inmediata por abogado de su confianza, incluso los mismos familiares desconocían su paradero, lo que necesariamente implica clara violación a los derechos de seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 Constitucional, el cual exige que a ninguna persona se le incomunicará, intimidará o torturará. No obstante esto, queremos reconocer la labor, indiscutiblemente positiva y favorable, que ha realizado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través del personal de la Visitaduría de Morelia, donde han estado dando acompañamiento a la situación que en materia de protección y defensa de sus derechos humanos tienen los jóvenes, moradores de las casas de estudiantes, tanto a los liberados como a los que aún se encuentran detenidos.
Conforme a lo anterior, reprobamos y rechazamos totalmente las acciones ejecutadas por las autoridades, sin que esto se entienda e implique que estemos de acuerdo en los hechos realizados por los estudiantes; y, al decir esto, exigimos que realmente impere un Estado de Derecho en Michoacán, donde se persiga e investiguen los delitos conforme a las disposiciones constitucionales y nunca fuera del margen de la norma jurídica, castigándose a quién deba ser castigado conforme al principio de EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, y jamás utilizar de manera arbitraria, injustificada y desproporcionada el uso de la fuerza pública y, por supuesto, alejada de toda legalidad, ya que el mismo Estado se estaría convirtiendo en el transgresor de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su obligación primaria e ineludible es observarla y respetarla. Esto último, si es que realmente vivimos en un Estado de Derecho.
NADIE POR ENCIMA DE LA LEY
A T E N T A M E N T E
COLECTIVO DE ORGANIZACIONES MICHOACANAS PRO DERECHOS HUMANOS
Responsable de la publicación: Cristina Cortés
Directora de ESECO
Morelia, Mich., 3 de mayo del 2012
