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(Por Noemí Avilés) No se aprecian cambios en la presente administración de tricolor semblante. Antes bien, las acciones sociales se recrudecen con las marchas de protesta al por mayor bien en el corazón de la capital del Estado o en sus alrededores, cercando la ciudad.
El supuesto de justicia con la aprensión de la maestra fue sólo fuego fatuo ante la ola de inconformidad de ciudadanos claros ante la pantomima de la otra piel del tricolor. Supuesta primera factura en pos de la modernización educativa, sin dejar de lado la famosa reforma en las telecomunicaciones, misma que se ha aprobado la semana que terminó, lo que se deja ver es la restricción de poder de los cabecillas privilegiados de ese sector.
Lo que sí llama la atención es la división de opiniones en relación al tema de las manifestaciones. Muchas veces he declarado que nos soy partidaria de la fuerza, que no es necesaria. Sin embargo, cuando se aprecian ciudadanos inconformes por los daños a los negocios, y por otra los concientes que advierten la posible pérdida de credibilidad en las manifestaciones por las formas sin resultados, o el riesgo de perder libertad de expresión para otros, para los que busquen en otro momento ser escuchados.
Esta división supone un escenario en el que los ciudadanos perdamos de vista aquellas otras decisiones que se toman en nombre de la representatividad con la reforma educativa, la de los energéticos (especialmente al petróleo), mantener ojos cerrados a la desigualdad que nos avasalla, la reforma a las comunicaciones, y más.
Disección ciudadana para crear escenarios, por otra parte, en donde el Estado justifique el uso de la fuerza pública para “apaciguar” excesos en las manifestaciones o atentados contra los honorables ciudadanos que trabajan día a día por un trozo de paz en sus hogares.
Si esta no es la vieja usanza de legitimación, entonces los espejitos no existen. Justo, el país no vive quieto. Desde el arribo peñista desde Chiapas se escuchó la voz de los chiapanecos en la del subcomandante Marcos al afirmar su permanencia en la defensa de los derechos de los menos protegidos por el Estado.
División ciudadana hasta a la hora de asumir roles. Así el caso del surgimiento sospecho de las policías comunitarias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán principalmente. Policías que por un lado provocan sensación de seguridad para las comunidades que vigilan y por otro la sensación de amenaza porque cualquiera que porte un arma y se cubra el rostro puede hacerse pasar por policía comunitario y acceder a información privilegiada y comunal para cometer impunemente cualquier violación a los derechos y propiedades de los habitantes.
Habitamos un lugar de incertidumbre en donde la realidad no tiene un rostro claro para la gente de a pie, sólo sus repercusiones inmediatas y por las cuales claman un poco de comprensión de sus representantes. ¿Para el caso de Michoacán, el Solio de Ocampo las atenderá?
