Desaparecerá la Comisión Estatal de Víctimas (Columna «Bajo la Lupa»)

En efecto, el congreso del estado tiene en la mira a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hay que anotarlo, no es por los últimos escándalos en que han visto envueltos los comisionados, sino porque según el criterio de los diputados, existe una duplicidad de funciones a más de una estructura burocrática exagerada, pues se argumenta por los legisladores que la existencia de tres “Comisionados” no resultó funcional.

De entrada, la renuncia del comisionado ABRAHAM MONTES MAGAÑA, fue una acción concertada por los diputados y el comisionado, no por causas o motivos “de salud” como han afirmado algunas personas y en esa tesitura, se tiene previsto que el comisionado SALVADOR CEJA BARRERA presente su renuncia al cargo, a menos que prefiera que se dé trámite a la denuncia que se interpuso ante el congreso en su contra por la comisionada presidenta, de manera pues, que bajo ese criterio, se quedaría solamente al frente de dicha comisión, la comisionada presidenta SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE, la que según su designación y nombramiento, terminará sus funciones como “comisionada” en el mes de septiembre próximo.

Teóricamente así se resolvería la desaparición de dicha “comisión”, empero, hay alguna fuerzas políticas que pretenden que dicha “comisión” siga funcionando a la par de otros organismos que realizan las mismas funciones. Sí se diera esta situación, durante el mes de septiembre se lanzaría la convocatoria para la elección del “comisionado” y aunque SELENE LUCÍA VÁZQUEZ tiene derecho a ser reelecta por otro periodo más, al parecer no tiene fracción parlamentaria que la “apadrine”, por lo que tal reelección aunque participe en el proceso, no se le daría.

Vaya entuerto que deberán resolver los diputados que integran la 73 legislatura del congreso estatal, pues dentro del sistema estatal anticorrupción, se tiene contemplado realizar una “reingeniería” a la estructura de este órgano jurisdiccional que va a causar muchos desencuentros por lo diverso de las propuestas que están haciendo las diferentes fracciones parlamentarias.

Los diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido de la revolución Democrática han elaborado una propuesta de “reingeniería” al Tribunal de Justicia Administrativa, que según los diputados amarillos, armonizaría con las leyes federales de la materia y consiste en una sustancial reforma al Artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, propuesta que en lo medular establece lo siguiente:

Los diputados perredistas proponen la creación de una Sala Colegiada Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Integrada por tres magistrados superiores, cuyas facultades serían entre otras, resolver los proyectos de recurso de apelación, exclusivamente en materia de responsabilidades de los servidores públicos y particulares, contratos de obra pública y responsabilidad patrimonial del Estado, emitidas por los Magistrados Especializados en dichas materias; así como las cuestiones administrativas y de expedición de nombramientos, circulares, acuerdos etc.

Dentro de sus facultades sería el conocer del procedimiento de recurso de apelación y queja, resolviendo en forma unitaria los recursos respecto a sentencias dictadas en juicios de nulidad y lesividad, por los jueces administrativos.

De igual manera conocerán del procedimiento de recurso de apelación y queja, en materia de responsabilidades. Únicamente en esta materia, se formarán testimonios de los recursos y se asignarán a cada ponencia quien tramitará y presentará a pleno proyecto de resolución, resolviéndose en esa instancia.

Uno de los cinco Magistrados Superiores no será adscrito a número ordinal de Sala Unitaria, ya que cubrirá la Sala del Magistrado Superior que asuma la Presidencia por el periodo correspondiente.

En su propuesta, los legisladores perredistas proponen la creación de una Sala Colegiada Especializada en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares, contratos de obra pública y responsabilidad patrimonial del Estado, integrada por tres Magistrados.

En la Sala Colegiada, los Magistrados Especializados, conocerían del procedimiento derivado del informe de responsabilidad emitido por la autoridad substanciadora, imponiendo la sanción correspondiente. (Servidores públicos estatales, municipales y particulares relacionados) –Primera instancia en faltas graves-.

De igual manera, en sus facultades conocerían también del juicio de nulidad derivado del recurso de revocación interpuesto ante las autoridades substanciadoras en faltas no graves. (Primera instancia jurisdiccional, pues el recurso de tramita y resuelve en sede administrativa)

También conocerían de los juicios relacionados con temas de responsabilidad patrimonial del Estado y contratos de obra pública, el Recurso de Inconformidad, el Recurso de Reclamación, además las funciones y asuntos de los actuales Magistrados del Tribunal, serían descargadas hacia los Magistrados Especializados en la competencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, contratos de obra pública y responsabilidad patrimonial del Estado.

Esta nueva figura que se contempla en la propuesta perredista, es la creación de los Jueces Administrativos que constituirán la primera instancia en actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales, bajo la competencia del Código de Justicia Administrativa del Estado.

Las funciones de los actuales Magistrados del Tribunal, salvo los asuntos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y contratos de obra pública; serían descargadas hacia los jueces regionales según su circunscripción territorial, teniendo todos las mismas competencias, atribuciones y rango, se propone la creación de un juzgado administrativo en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zamora, empero, de inicio se crearían tres solo en la ciudad de Morelia.

Así pues, en la propuesta de los diputados del PRD, como se puede apreciar, destaca el surgimiento de una segunda instancia dentro de los procedimientos administrativos, instancia a la que podrán recurrir las partes en conflicto, a diferencia de lo que actualmente sucede, pues la autoridad que es demandada, no tiene segunda instancia como sí la tiene el ciudadano en el juicio de garantía o juicio de amparo.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional tienen diferencias con los perredistas, pues mientras los del PRD pretenden la integración del tribunal, como ya se vio con seis magistrados, el PRI solo pretende que se aumenten 2 a los 3 actuales, para que el pleno lo integren 5 magistrados.

En su propuesta los perredistas proponen la creación de los jueces administrativos como una primera instancia, empero, los priistas se niegan, pues argumentan que crear esos jueces administrativos en aumentar una gran carga burocrática a más de aumentar los costos de operación del tribunal en varias decenas de millones de pesos, lo cual en esta momento no es prudente por la situación financiera del estado.

Los diputados del PRI, están proponiendo que en lugar de crear más burocracia con jueces administrativos, se instauren los juicios administrativos en línea los que llevarían los magistrados existentes, pues el número de asuntos a llevar por cada magistrado, serían en tal número que no habría problema para resolverlos en tiempo y forma.

Así lo es, todo un arsenal de instrumentos jurídicos los que deberá crear el congreso del estado a efecto de armonizar el sistema nacional anticorrupción con la creación del sistema estatal, por lo que se crearán y/o modificarán leyes, códigos y reglamentos, de manera que para dar certeza en la creación de órganos y designación de personas, la participación ciudadana será fundamental pues con la ley del sistema estatal anticorrupción, se dará participación a la sociedad civil al elegir a nueve ciudadanos para integrar la comisión de selección. La comisión de selección se integra por nueve ciudadanos de los cuales cinco miembros pertenecerán a las instituciones de educación superior y de investigación.

Los otros cuatro miembros serán de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. El comité de selección llevara a cabo el procedimiento para elegir a los cinco ciudadanos que integraran el comité de participación ciudadana. Del comité de participación ciudadana saldrá quien presida el comité (comité coordinador del sistema estatal anticorrupción).

El comité implementara los formatos para la rendición de las declaraciones patrimonial, de intereses y constancia fiscal.

Como se puede observar, se trata de una manera en que el congreso del estado no será quien elija a los ciudadanos que integrarán dicho comité, acabando con esto con las famosas cuotas partidarias.

Por otro lado, dentro de los instrumentos legales a crear, lo será la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, en la que se contempla a todos los servidores públicos que desempeñen un servicio, empleo, cargo o comisión. Se incluyen los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y los gobiernos municipales.

Se contempla que rindan declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal, todo el servidor público. Habrá faltas administrativas graves de los servidores públicos, faltas administrativas no graves, actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves y faltas de particulares en situación especial.

Se reformará el Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, se contempla un capítulo especial denominado “delitos por hechos de corrupción” y los delitos agrupados en el mismo son los siguientes:

Ejercicio ilícito de servicio público; abuso de autoridad; desaparición forzada de personas; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; negación del servicio público, tráfico de influencia; cohecho; peculado; concusión y enriquecimiento ilícito; de la misma forma se reformó el título décimo octavo relativo a los “delitos cometidos contra la administración de justicia” y en particular el capítulo i “delitos cometidos por los servidores públicos”;

Se reformará la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se contempla la creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Tendrá autonomía técnica y operativa, y su nombramiento será hecho por el congreso del estado.

Y al manejo de los datos personales, violaciones que son delitos sancionados por las leyes penales, pues ya es de todos sabido que a los teléfonos celulares de los ciudadanos, están llegando “mensajes” con contenido político, simulando ser información general de parte del diputado federal MARKO CORTÉS MENDOZA.

A pesar de las manifiestas protestas, en legislador del Partido Acción Nacional no solo no ha hecho nada para suspender el envío de tales “mensajes”, sino que ha guardado un perverso silencio al respecto, cuando lo menos que podría hacer es emitir una disculpa pública por usar indebidamente los datos personales de la ciudadanía y enviar dichos “mensajes” causando el respectivo acto de molestia.