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Columna «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (26-VI-17)
¿A QUÍEN PERJUDICARÍA LA AUDITORÍA FORENSE?
Sí el principal problema que enfrenta la administración pública de Michoacán es la profunda crisis financiera producto de saqueos, malversación y desvío de fondos públicos, es evidente que los responsables de esa crisis, son las diversas administraciones gubernamentales que sucesivamente han gobernado el estado desde el 15 de febrero del 2002 en que asumió el poder público LÁZARO CÁRDENAS BATEL, hasta el 30 de septiembre del 2015 en que lo dejó SALVADOR JARA GUERRERO, aunque hay algunos sectores de opinión y políticos que incluyen a VICTOR MANUEL TINOCO RUBÍ quien gobernó de 1996 a 2002.
Sí bien es cierto que TINOCO RUBÍ dejó solo una deuda pública de algo más de 160 millones de pesos, también lo es que la deuda de corto plazo fue cercana a los 1100 millones de pesos, empero, dicha deuda era manejable y no significó nunca un desequilibrio en las finanzas públicas, caso contrario con la administración de CÁRDENAS BATEL, quien en el renglón de deuda pública recibió el estado con 160 millones de pesos y lo dejó con al derredor de 7 mil millones de pesos de deuda pública.
LEONEL GODOY RANGEL recibió la administración pública con al derredor de 7 mil millones de pesos, pero él dejó al estado con un poco más de 15 mil millones de pesos, es decir su gobierno contrajo deuda pública por cerca de los 8 mil millones de pesos y luego FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, quien daría otro incremento importante a la deuda al pasar de quince mil 531.9 millones en 2013, a 17 mil 329.7 millones en 2014. Según las cuentas registradas, SALVADOR JARA GUERRERO solo aumentó la deuda pública en algo así como 150 millones de pesos.
CUENTA “CARGOS POR APLICAR”
En un informe que la “Comisión Especial” del Congreso del estado para el seguimiento de esta cuenta, la define como:
Se carga por la contratación de créditos bancarios como contra cuenta de ingresos al registrar estos como ingresos contables.
Se abona por el pago del capital de los créditos bancarios como contra cuenta de gasto, al registrar estos pagos como gasto contable.
Su saldo es de naturaleza deudora y representa el importe de la deuda pendiente de aplicar al gasto y se presenta en el Balance en el activo diferido.»
Como podemos ver, el saldo de dicha cuenta corresponde al importe de la deuda pendiente de aplicar al gasto, y esto es así porque al adquirir un crédito, si bien es cierto, incrementa nuestro activo en la cuenta de «Bancos», igual de cierto es, que incrementa nuestro pasivo en la cuenta de «Deuda Pública», por lo que conforme a la información existente, se registraba un segundo movimiento contable, el cual tenía por objeto afectar la cuenta de «Ingresos», para atender lo dispuesto en el artículo 55 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, que cita textualmente lo siguiente:
«Se consideran otros ingresos adicionales a los que se refiere el artículo anterior, los siguientes:
l. Los que perciba el Gobierno del Estado por concepto de empréstitos de conformidad con la autorización correspondiente para su contratación;… «
En este sentido, la contratación de créditos a largo plazo, se consideraba como un ingreso adicional que afectó una cuenta contable de resultados y por consiguiente, para efectos de considerar la partida doble se utilizó la cuenta de «Cargos por Aplicar», en la cual se llevaba el control de la Deuda Pública a Largo Plazo pendiente de amortizar al gasto.
EL DESTINO DE LOS RECURSOS, LA DUDA
En todos los informes rendidos por diversas autoridades y comisiones investigadoras, se define con claridad qué es y en qué consiste la famosa “”Cuentas por Aplicar”, sin embargo, el quid del asunto es saber en qué y cómo se gastaron todos los recursos de los créditos adquiridos por el gobierno estatal, pues hasta la fecha, junio del 2017, ninguna administración estatal ha aclarado en qué se gastaron esos recursos.
AUDITORÍA FORENSE PARA ACLARAR
Pues bien, de todo lo anotado habrá que concluir que el verdadero y único objeto de practicar una auditoría forense a la cuenta “Cargos por Aplicar”, es aclarar detalladamente el destino de los recursos manejados por las diversas administraciones estatales, así como el déficit en el ejercicio del presupuesto estatal y sí en los resultados que arroje tal “auditoría forense”, resultan “responsabilidades”, tales responsabilidades serán de carácter penal y serán prueba plena para que el ministerio público ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables.
QUÉ ES LA AUDITORIA FORENSE
La Auditoria Forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales.
Se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico – procesales, y con habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y opiniones ante la justicia.
BOCICOT A LA AUDITORÍA FORENSE
De lo anotado, resulta pues que lo importante que es la realización de dicha auditoría forense, sin embargo, a pesar de que el congreso del estado ordenó en los artículos 4º y 6º transitorios del decreto Legislativo 345 al gobierno del estado se contratara una empresa especializada para practicar dicha “auditoría forense”, es claro que irán apareciendo “pretextos” varios, que harán casi imposible la práctica de tal auditoría, hasta que finalmente se logre “contratar” una empresa a modo, que al practicar la auditoría, sus resultados no serán los esperados, sino que serán –reitero- a modo y no sucederá nada.
Hace algunos días se declaró “desierta” la licitación pública estatal con la que se pretendía contratar a la empresa que realizaría dicha auditoría forense, empero, misteriosamente las empresas participantes se retiraron de tal licitación sin argumentos convincentes. Ahora harán otra “licitación” la que seguramente volverá a declararse “desierta” hasta que por ley, el gobierno estatal pueda contratar una empresa por “asignación directa”, de ahí la pregunta inicial:
¿A QUÍEN PERJUDICARÍA LA AUDITORÍA FORENSE?
A los funcionarios de las administraciones de LÁZARO CÁRDENAS BATEL, LEONEL GODOY RANGEL y FAUSTO VALLEJO y FIGUEROA, pero fundamentalmente a los dos primeros y señores, es claro que el origen partidario de tales administraciones, que es el mismo que el de la actual, sugiere que realizar dicha auditoría con todas las consecuencias que significa, sería perjudicar aún más al Partido de la Revolución Democrática y de eso, no se pueden dar el lujo.
PARA EL 18, LOS PARTIDOS VELAN ARMAS
Del 3 al 9 de septiembre próximo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá de declarar el inicio del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, sin embargo, los partidos políticos y su respectiva militancia están adelantando los tiempos, para enfrentar dicho proceso y aspirar a la victoria electoral.
EN EL PRI, RENOVACIÓN DE CUADROS DIRIGENTES
Sin meternos en el espectro nacional – hay analistas nacionales que lo hacen mejor y bien- solo en el ámbito estatal, la dirigencia que encabeza el diputado federal VICTOR MANUEL SILVA TEJEDA ha concluido prácticamente la renovación de sus 112 consejos políticos municipales, pues el municipio 113 –Cherán- elige a sus autoridades por el método de “usos y costumbres”, según cuentas oficiales, van 106 y faltarían 6 entre los que destacan Morelia, Huetamo, Zitácuaro y Charapan.
De igual manera, el CDE del PRI michoacano está en el proceso de renovar la dirigencia de sus comités municipales, que de los 112 a renovar, se han electo por las diferentes vías que sus estatutos contemplan, 55 nuevas dirigencias de Comité Municipal, con la intención de terminar estos procesos internos, al final del mes de julio o en los primeros días del mes de agosto, pero con la seguridad de que habrán de terminar tales procesos, antes de la realización de la XXII Asamblea Nacional priista.
La asamblea nacional del PRI, se desarrollará en varias etapas y en varios días, pues iniciará los días 4 y 5 de agosto en que se instalarán y se desarrollarán los trabajos de cinco mesas temáticas: Visión de futuro, Rendición de cuentas y Ética, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.
Luego del 6 al 11 de agosto la Comisión Nacional de Dictamen elaborará sus dictámenes para ser llevados a la consideración de la Asamblea Nacional y por último, el 12 de agosto se realizará la sesión plenaria de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria de ese partido.
