¡Aguas, La Gestapo en Morelia! arresta la SSP por aspecto de personas (Columna «Bajo la Lupa»)

En lo que debe ser considerado como una violación grave a los derechos humanos de los ciudadanos de esta capital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso en marcha un programa que denominó “Experimento Social para Bajar la Incidencia Delictiva” que consiste en detener a todo aquel ciudadano que por su aspecto y manera de vestir o caminar, procede a arrestarlos, trasladarlos a “la barandilla” y posteriormente llevarlos a las instalaciones de lo que fue el Cereso Francisco J. Múgica, con el objeto de “invitarlos” a que se sometan a “un programa de rehabilitación a personas con problemas de adicciones, con el fin de contribuir a su recuperación y a una reinserción productiva en la sociedad.”

Pareciera que en el gobierno estatal no se aprendió nada de lo acontecido en la meseta purépecha y ahora repiten sus procedimientos aberrantes con los ciudadanos de Morelia, disfrazándolo de un generoso “programa de rehabilitación”. ¡Cuidado! Hay que creer que las Torres Gemelas de Nueva York se cayeron.

La detención con motivo del aspecto, es característico de regímenes totalitarios y fascistas, sin embargo, ha sido la “estrategia” que las autoridades de seguridad pública encontraron para bajar los índices de los delitos, pero además, sin la autorización de los detenidos ilegalmente ni de sus familiares, fueron llevados a un lugar que acaba de ser clausurado como “cárcel”, es decir, que fue cerrado para ese efecto ¡POR DECRETO ADMINISTRATIVO! Y no existe otro decreto que habilite a dicho edificio como Centro de Rehabilitación.

Desde el pasado lunes y martes, la Secretaría de seguridad Pública del Estado realizó redadas en toda la ciudad, deteniendo a todo aquel que tenía aspecto de cholo, desarreglado o bien con aspecto de borracho o que hayan ingerido bebidas alcohólicas, para llevarlos a la “barandilla” y después llevarlos a las instalaciones de una cárcel clausurada, para que supuestamente la Secretaría de Salud los “rehabilite”, instalaciones que pueden ser consideradas como “Casa de Seguridad” de las autoridades policiacas. Hasta el momento de redactar esta nota, organismos no gubernamentales de derechos humanos tenían documentado la detención de 138 personas aproximadamente, en las condiciones señaladas.

Entrevistado telefónicamente por este escribidor, el secretario de salud DR. ELIAS IBARRA TORRES expresó que a la dependencia que él encabeza, le solicitaron integrara una historia clínica de las personas que estaban en las instalaciones del antiguo Cereso y que esa era toda su actuación al respecto, que no era de su conocimiento sí esas personas estaban o no detenidas o sujetas a algún procedimiento penal o de falta administrativa.

No puedo más que dudar que el señor secretario de seguridad pública JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ haya sido autor de tal ligereza, por lo grave de la misma, lo que imagino, es que aprovechando que por su padecimiento crónico degenerativo fue internado en un hospital de urgencia, sus sub alternos pusieron en práctica tal aberración de programa, que seguramente no volverán a realizar las fuerzas policiacas bajo su mando y que quienes lo hayan ideado, recibirán la sanción correspondiente a tan grave falta. Veremos…

Empiezan a causar alarma las reiteradas denuncias que hacen trabajadores y empleados del congreso del estado en contra de funcionarios, destacando por supuesto las hechas en contra de JUAN MIGUEL ABRAHAM MARTÍNEZ por la comunicadora LUNIA VALDÉS HERNÁNDEZ otra más por la abogada KARINA CAMPOS VARGAS.

En ambos casos, la comunicadora y la abogada, acusan a ABRAHAM MARTÍNEZ de pedirles “moche” para poderles permitir volver a trabajar dentro del congreso del estado, sin embargo, a este escribidor llegaron copias de una “Querella” interpuesta por el señor JUAN MIGUEL ABRAHAM MARTÍNEZ en contra de la periodista LUNIA VALDÉS y la abogada KARINA CAMPOS VARGAS, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de “Difamación”, querella que dio lugar al expediente número 10630/UATP/MOR/2017 que integró la Lic. LUZ MARÍA SANTOYO GONZÁLEZ, Agente del Ministerio Público, de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En efecto, una de las demandas más sentidas de la sociedad es que se termine con la impunidad, pues es mucho muy frecuente que desde el poder público se atropelle con suma facilidad los derechos de la ciudadanía, empero, en este asunto, por lo investigado por el que escribe, “Hay felino en cautiverio”, es decir, hay gato encerrado, y al parecer todo este enredo se deriva de una serie de juicios laborales, que personal “de apoyo” que es llevado al congreso por los diputados, cuando estos terminan su legislatura, en lugar de llevarse a sus “colaboradores” de confianza, con los que llegaron, se hacen los tontos y los dejan a propósito con el fin de obtener cuantiosas “indemnizaciones” o bien utilizando la vía de la demanda laboral, se obtiene la reinstalación.

Pues bien, tanto la comunicadora LUNIA VALDÉS como la abogada KARINA CAMPOS VARGAS, fueron invitadas a laborar en el congreso por diputados de otra u otras legislaturas y cuando dicha legislatura terminó sus funciones, tanto VALDÉS como CAMPOS, demandaron por la vía laborar al congreso del estado por despido injustificado, juicio que se finiquitó con la firma de un “convenio” por un poco más de 55 mil pesos en el caso de la comunicadora, pero en el caso de KARINA CAMPOS, ganó en los tribunales laborales, siendo el congreso condenado a reinstalarle en su plaza laboral y liquidarle los salarios caídos.

Según la querella penal de ABRAHAM MARTÍNEZ, el conflicto con la periodista LUNIA VALDÉS consistió en que durante el trámite para cumplir el laudo laboral, un diputado en funciones le ofreció empleo nuevamente en el congreso, lo que implicaba, desde su punto de vista, ya no se podía contratar a LUNIA VALDES, para ser nuevamente empleada del congreso, en virtud de que aun estando en puerta el finiquito del juicio laboral, éste estaba vigente y no podía recontratarse a la comunicadora, tan fue así, que el diputado que la invitaba a ser su “asesora” contrató a otra persona.

En síntesis, JUAN MIGUEL ABRAHAM MARTÍNEZ, argumenta que la comunicadora LUNIA VALDÉS le atribuye la culpa de no poder ser recontratada en el congreso, de ahí que lo haya acusado de extorsión como una forma de presionar para que se le contrate nuevamente.

Por su parte, la comunicadora LUNIA VALDÉS HERNÁNDEZ señala en su queja interpuesta ante la Contraloría del Congreso, que JUAN MIGUEL ABRAHAM MARTÍNEZ le pidió un “moche” a cambio de permitirle que la contrataran nuevamente en el congreso estatal, pero que como se negó a darle el “moche”, ahora ABRAHAM MARTÍNEZ ha hecho lo necesario para impedir que sea recontratada en el congreso.

En el caso de la abogada KARINA CAMPOS VARGAS, fue contratada por algún diputado de otra legislatura como “Secretaria Técnica” de una comisión de dictamen, sin embargo, la nueva presidenta de la comisión en que CAMPOS laboraba, no le tuvo confianza y le dio las gracias, solo que KARINA CAMPOS no dejó las cosas ahí, sino que demandó al congreso del estado por la vía laboral, ganado el pleito, logrando que se condenara al poder legislativo estatal a pagarle los salarios caídos y a reinstalarla como “Secretaria Técnica” de la comisión en que trabajaba.

En cumplimiento de la ejecutoria laboral, los abogados del congreso elaboraron la planilla de liquidación correspondiente y de la suma que resultó como “salarios caídos”, procedieron a restarle el importe del impuesto sobre la renta, cosa que molestó sobre manera a CAMPOS VARGAS y a decir de JUAN MIGUEL ABRAHAM, esa ha sido la causa de acusarle de extorsionarla, pues la abogada le acusa de pedirle 500 mil pesos de sus salarios caídos, cuando reitera, solo le están aplicando el descuento del Impuesto Sobre la Renta, lo que la ha incomodado.

KARINA CAMPOS VARGAS, es hermana de MARCO TULIO CAMPOS VARGAS, diputado suplente del dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano DANIEL MONCADA, aunque hay que decirlo, MONCADA se ha deslindado de la abogada CAMPOS VARGAS.

Ahora tiene usted los elementos de juicio suficientes para otorgar la razón a quien usted crea, lo cierto también es que este asunto se ha judicializado y serán las autoridades jurisdiccionales las que digan quien tiene la razón. Ya veremos.