¿Fantasía o realidad en justicia electoral?

Por Noemí Avilés.-

(170712) Sin duda la línea de legalidad y pacifista que mantiene el movimiento progresista en conjunto con los ciudadanos para exigir legalidad y justicia electoral, mantiene sus fisuras. En primer lugar el precedente del 2006 en que se nos impuso a un presidente en la figura de Felipe Calderón, con la negativa del conteo de votos en aras, justamente, de la legalidad.

No perdemos de vista el evento que suscitó el mismo primero de julio en donde simbólicamente dos figuras nacionales declararon oficialmente el virtual acenso de EPN. El mensaje sin duda fue claro: todo estaba dispuesto para que el candidato elegido y conveniente para algunos cuantos asumiera la presidencia. Lo cual nos lleva a dudar sobre el aparente cambio que se buscó con el relevo de partido, del PRI por el PAN. Hay reflexiones que encuentran semejanzas en su ejercicio en el poder, así como contubernio dado por ciertos intereses denunciados en la prensa como el Tamarindillo, en Michoacám, concretamente en la playa michoacana, y el interés de un presta nombres de Vicente Fox. En fin, ese es otro asunto.

En cuanto a la desventaja de acudir a las leyes para demostrar que hubo fraude en las elecciones se encuentra por otro lado la compra de votos. El Movimiento ciudadano y de Regeneración, debemos reconocer que el camino legal que busca la izquierda no puede ser tan sólido en tanto las instituciones electorales implicadas se encuentren secuestradas por intereses de sus líderes como lo comprobamos el mismo primero de julio.

Nos dicen ahora los mismos priistas que no permitirán «se acuse de corruptos a millones de mexicanos». Nuevo discursos que se mantiene en la línea de la legalidad electoral. Acudir al discurso de los ciudadanos sugiere un mensaje claro de apego a la legalidad y de distinción sobre los responsables del sufragio, los votantes.

Esto lo confirman en una segunda declaración: «El único fraude en esta elección es pretender invalidar sin pruebas y sin razón legal el voto legítimo, libre y secreto de más de 50 millones de mexicanos». Algo cierto que existen mexicanos inconformes con la serie de irregularidades que se vivieron ese primero de julio. Analistas solicitan, en eco de esas voces demandantes, la transparencia y justicia que merecemos por la participación efectiva.

Ahora viene la contraparte del PRI que se sujetara en legalidad y alegara conforme lo establece el mismo IFE, los votos que les llegaron de las urnas, independientemente de cómo hayan llegado y falseado. En tanto Joaquín Coldwell declara negativas las acusaciones relacionadas con el supuesto rebase en los gastos de campaña, la intervención de las televisoras, la supuesta manipulación de las encuestas, el caso de presunta compra de voto con tarjetas de Soriana, la participación de Gobernadores con «cuotas de votos» y la ilegalidad de los recursos empleados por Peña Nieto. Aunque es la carta fuerte de los inconformes electorales.