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México, D.F., a 8 de Mayo del 2012.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que medir muy bien sus pasos y ser claro en torno a la sentencia que emitió en la cual invalida un acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para hacer un conteo rápido oficial de la elección Presidencial de México, señaló el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.
Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, el también Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifestó que la imposibilidad de que el órgano electoral pueda realizar un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), como lo ha hecho en elecciones anteriores, pondría la elección federal en una situación de riesgo.
Para Martín García Avilés, si no hubiera un PREP, que diera certidumbre y confianza a los mexicanos, entonces quedaría abierta la puerta para generar confusión a través de encuestas de salida de cualquier televisora o de cualquier casa encuestadora contratada por cualquier partido políticos.
El también Coordinador de la Comisión Especial Plural de Vigilancia de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, reconoció que afortunadamente el TEPJF ha dado señas de querer recular en su primera decisión y de clarificar, incluso de emitir un nuevo criterio que permita al Consejo General del IFE organizar de la mejor manera su método de conteo rápido de los votos.
Sin embargo, García Avilés no dejó de enfatizar en el riesgo que habría de no contar con un PREP oficial, ya que la opinión de la ciudadanía sería mediatizada, ya que la única forma de conocer de manera rápida los resultados de la elección sería a través de los medios de comunicación.
Como integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el diputado federal del PRD por Michoacán manifestó su confianza en que el asunto se resolverá finalmente de la mejor manera, porque de no ser así se estaría en el riesgo de que el Tribunal Electoral desacredite y reste autoridad al IFE sin razón ni motivo aparente alguno.
