Resistir vale la pena.

En la medida en que se acerca el momento en que el Tribunal Federal  Electoral habrá de emitir su fallo respecto a la validez de la elección presidencial del 2012, y ante la certidumbre de que éste favorecerá a Enrique Peña Nieto, se ha puesto en el centro del debate si la izquierda, concretamente la que habita los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, debe reconocer o no legitimidad a Enrique peña Nieto como Presidente de la República y si se debe o no llegar a pactos con la derecha que seguirá desgobernando al país , ahora bajo la conducción de un Presidente emanado del PRI .

Es evidente la presión creciente a que ha sido sometida la izquierda para que ceda en su denuncia del carácter ilegal y anticonstitucional de las condiciones en que se dio la elección, y pacte con el PRI y los poderes fácticos que lo cobijaron  alguna forma de reconocimiento explícito o implícito al resultado de ésta y al previsible fallo del tribunal.

 Es preocupante que la estrategia mediática contra quienes mantienen la posición de hacer valer su derecho legítimo de impugnar el proceso electoral se centre en caricaturizarlos, hacerlos objeto de mofa y burla, juzgarlos como inmaduros y caprichosos, dilapidadores de un capital político, aislados que pretenden confinar a la izquierda a una posición de simple desahogo testimonial. Esa cantinela de tono paternalista con la que los enemigos de la izquierda  ahora le dan consejos mostrándose interesados por su bien y su futuro y le auguran los peores males si no se muestra sumisa y resignada.

Frente a ésta cargada  también se elevan voces por la resistencia, son las  de organizaciones e individuos que entienden que es inmoral e ilegal la manera en que los poderes fácticos, sobre todo el duopolio mediático que padecemos, han operado durante todo éste proceso y que aceptarlo significa reconocer la impunidad como cosa normal, que el único futuro para este país es seguir hundido en el pantano de la corrupción y la injusticia y renunciar a que sea la voluntad ciudadana la que decida quien gobierna.

Por otra parte: ¿es posible pactar algo con la derecha, ahora con fachada priista?   La respuesta es, al menos por lo que se ve venir,  no. Y ese no, no  responde a una actitud caprichosa sino a la defensa de los principios.

No se puede pactar por que lo ilegitimo del gobierno que se aproxima  no solo esta asociado a su origen sino también al carácter del modelo económico que lo sustenta; su escasa visión de lo social; su compromiso con los poderes fácticos, sobre todo el gran capital financiero y los propietarios del duopolio que acapara los principales medios electrónicos de comunicación; su sumisión ante el norte; su talante represivo y autoritario, su contubernio con el viejo charrismo sindical de cuna priista; su dependencia de los grandes oligarcas nacionales y foráneos que son los lo están imponiendo   contra viento y marea.

Veamos: Pactar con la derecha para el empleo y el mejoramiento salarial y la democratización de los sindicatos, imposible, a no ser que estemos de acuerdo en legalizar la precariedad laboral, facilitar las condiciones para el despido, fortalecer el control salarial y renunciemos a impulsar el voto universal, directo y secreto en los sindicatos, el escrutinio público sobre el manejo de las cuotas sindicales y terminar con  los sindicatos fantasmas y los contratos de protección.

¿Es posible un pacto para resolver los problemas del campo y lograr soberanía alimentaría? Seamos realistas, esto no será posible con un gobierno que siguiendo los pasos de sus antecesores, también neoliberales, privilegiará una política económica hacia el campo que seguirá favoreciendo los intereses de las grandes corporaciones, que continuará abriendo indiscriminadamente las fronteras a productos agropecuarios procedentes del norte y que no tiene la intención de favorecer a los productores agropecuarios mexicanos reactivando la banca de desarrollo. Un gobierno que ha adoptará como suya la tesis de que hay que renunciar a la soberanía alimentaría en nombre de las “ventajas comparativas” según las cuales es mejor exportar mexicanos e importar comida que apoyar a los campesinos para que cultiven aquí nuestros alimentos.

¿Se puede pactar la defensa del patrimonio nacional? No con quienes plantean la privatización de nuestros recursos naturales, la electricidad y el petróleo en beneficio de los intereses que los cobijan.

¿Una reforma fiscal en pro de la equidad? Imposible en un país en que los potentados, que ilegalmente favorecieron a Peña Nieto, han hecho de la evasión y la elusión fiscales una de las bellas artes. Seguirán adelante con los regímenes fiscales de excepción que tanto los favorecen y pugnaran por cargar el peso fiscal en quienes menos tienen.

¿Pacto por la educación, la ciencia y la cultura? Seamos sensatos, el aparato educativo seguirá, durante el gobierno de Peña Nieto, en manos  de la cúpula de SNTE que tanto lo ha apoyado.

¿Pacto por la seguridad Social? Acaso con aquellos que han hecho hasta lo imposible para privatizarla, con quienes impulsaron reformas a la ley del ISSSTE que han puesto el manejo de las pensiones en manos de los charros sindicales y de los banqueros. Desde luego que no.

El gobierno de Peña Nieto estará estructuralmente impedido para efectuar acciones relevantes de cara a la democracia y el bien de la mayoría de quienes poblamos este país dados los compromisos que tiene con el gran capital, los poderes fácticos y los actores políticos que le están haciendo posible asumir el poder.

A la luz de lo anterior considero que resistir vale la pena, y hay condiciones para hacerlo: la razón legal, pues es evidente que el proceso electoral no se apego a los principios constitucionales; casi dieciséis millones de votos y una masa no despreciable de ciudadanos que aún habiéndose abstenido o votado por otras fuerzas políticas perciben que algo estuvo mal en ésta elección; una fuerza innegable en el congreso y varias gubernaturas en manos de la izquierda, entre ellas la de la capital del país.

Debe proseguirse la impugnación legal de la elección, queda abierta la puerta de la justicia internacional, el TRIFE no es la última instancia.

Utilizar la fuerza legislativa presentando iniciativas de ley que reflejen el programa de la izquierda para la refundación política, económica y social de éste país. Que se habrá el debate, que tiene que ir más allá del congreso, y que le quede claro a todo mundo que la izquierda no se opone a las grandes reformas estructurales sino al sentido que la derecha plantea darles.

No menos importante es la movilización social y la resistencia civil pacífica y activa, que sirva para apoyar la lucha por la democratización real del país, la justicia distributiva, la defensa de nuestra soberanía y recursos y muchos otros temas que deberán llevar a la palestra nuestros legisladores. Negar legitimidad a Peña es importante, pero lo es más cerrar el paso al modelo de nación que la derecha ha venido impulsando.

Por último y sin ánimo rupturista, dejar en claro que aunque la presidencia de Peña Nieto pudiese llegar a ser legal, nunca será legítima. Obviar éste argumento moral significaría dejar al país, sin más, en manos de políticos y una oligarquía dominante que han convertido a México en un país empobrecido, violento,  polarizado y desesperanzado. Hay que resistir por que queremos vivir en un mundo posible en el que la democracia y la justicia distributiva sean realidad y la política no sea sinónimo de degradación sino de enaltecimiento humano.

No cedamos, resistamos, nos asiste la razón.

Articulista: Dr. Rafael García Tinajero P.