Por un aire limpio

Abrevemos en un lugar común. Las principales ciudades del estado, aquellas en las que se concentra el desarrollo industrial, el comercio y los servicios, hay una importante concentración de vehículos automotores. El desarrollo acarrea inevitablemente riesgos. Mucho del parque vehicular en circulación es amén de viejo y obsoleto, altamente contaminante. En el transporte público vemos, atestiguamos, cómo autobuses de pasajeros circulan con toda impunidad ensuciando el ambiente.

La verificación vehicular, que es la aduana técnico científico que evitaría a nuestra entidad  colapsar a niveles de megalópolis como la ciudad de México o Toluca, lleva ya una década de discusión. Primero se dijo que era una medida recaudatoria y lesivo para la economía. Se demostró lo contrario, pero aún así grupos de transportistas, de empresarios se opusieron férreamente. Se demostró que la calidad del aire iba en decremento: investigaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dejaron en claro, por ejemplo, que la base de los árboles de Morelia estaba adquiriendo un extraño hongo provocado por la emisión de humo contaminante de estas fuentes flotantes.

Más tarde se instalaron centros de monitoreo cuyos resultados fueron inobjetables, el aire que todos respiramos estaba siendo contaminado por estas fuentes no fijas. Porque el problema es ese, precisamente, los gases tóxicos que se arrojan al aire y que le provocan al ciudadano todo tipo de enfermedades, desde cáncer, hasta problemas circulatorios.

La verificación no se ha hecho obligatoria, aunque ya debería de pensarse seriamente en llegar a esa medida extrema. Son varias las ventajas de contar con un automóvil cuyo motor está en buen estado. Dura más, y como no somos una isla, si queremos ingresar al Distrito Federal tenemos que demostrar que nuestro automóvil ha pasado la aduana, es decir la verificación. La pasada administración dejó un abundante expediente técnico que sienta las bases para un paso de tal naturaleza. El balón está ahora en las manos del actual gobierno. Ellos decidirán si es viable conservar en niveles aceptables el que fuera el límpido cielo michoacano.