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Morelia, Mich., 03 de junio de 2015.- El Pleno de la Septuagésima Segunda Legislatura exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a quien corresponda realice lo conducente a efecto de incluir a la Esclerosis Múltiple en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
El punto de acuerdo presentado por el diputado Pedro del Río Aguilar, exhorta también al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, elabore un Registro Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiple que permita tener un referente objetivo de la incidencia de la enfermedad, de sus implicaciones y de la eficacia de los tratamientos. Asimismo, sume a las gestiones necesarias ante la Federación, a fin de que se considere la incorporación de la atención y tratamiento de la Esclerosis Múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador destacó que esta enfermedad desmielinizante frecuente y la causal de discapacidad de origen atraumático más importante en la población joven, cuyas consecuencias pueden ser catastróficas en términos físicos, sociales, laborales y económicos, afecta de 15 a 20 personas por cada 100 mil mexicanos y su atención cuesta al menos 30 mil pesos al mes. Entre sus síntomas destaca la pérdida de la visión, de la fuerza, falta de equilibrio, alteraciones para hablar y diferentes incapacidades por cada brote.
Es por ello, dijo, que a través de este Punto de Acuerdo se solicite la inclusión de la esclerosis múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que fortalecerá los esfuerzos realizados a la fecha y daría muestra del apoyo a quienes padecen esta dolorosa enfermedad.
El legislador propuso además, exhortar a las diferentes autoridades estatales y federales a efecto de que realicen lo conducente en su ámbito de competencia para que la instancia responsable de realizar las modificaciones al catalogo de enfermedades catastróficas consideren la posibilidad de incluir a la esclerosis múltiple como una de ellas.
Propone ciudadano michoacano reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
Morelia, Mich., 03 de junio del 2015.- En cumplimiento de sus facultades, Cuauhtémoc Pedraza Orozco, ciudadano michoacano, con fundamento en la legislación local, presentó al Pleno de la LXXII Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán.
En su exposición de motivos, Pedraza Orozco asegura que la democracia ha ido consolidándose en el país y los ciudadanos tienen la responsabilidad de atesorarla y defenderla, motivo por el cual hoy todo reclamo y exigencia de la sociedad, es legítimo y su participación resulta indispensable.
en cuanto a la obligación constitucional de la que son sujetos el Gobernador, los presidentes municipales y los legisladores, pare rendir informe anual del estado que guardan sus administraciones y gestión respectivamente. A ello, consideró que la actual legislación estatal requiere ampliarse, ahondar en más temas de participación ciudadana y desarrollar de forma considerable y comprensible, una herramienta fundamental como lo es la iniciativa popular, a lo cual propuso establecer medidas para promover y facilitarla, a fin de que no sean consideradas desechadas por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la ley.
Calificó que cualquiera que tenga la intención de aportar, contribuir con ideas, propuestas y acciones, debe ser escuchado, atendido y respetado, motivo por el cual consideró que es tiempo de que la ciudadanía actúe y deje atrás actitudes pasivas y contemplativas, sino más bien sumarse al esfuerzo nacional y a la construcción de la grandeza de nuestro país.
Aprueba Congreso local diversas reformas a la legislación local
Se integran diversas modificaciones que procuran la rendición de cuentas de funcionarios y la integración de figuras como la del Concejero Municipal.
Morelia, Mich., 03 de junio del 2015.- Con el fin de armonizar diversos ordenamientos en cuanto a la obligación constitucional de la que son sujetos el Gobernador, los presidentes municipales y los legisladores, pare rendir informe anual del estado que guardan sus administraciones y gestión respectivamente, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó diversas reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado,
De esta manera, se establece en la Ley Orgánica del Congreso, que se citará a los titulares y directores de las dependencias de la Administración Pública Estatal centraliza, de las coordinaciones auxiliares del Titular del Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos autónomos; y al Procurador General de Justicia, quienes deberán comparecer y rendir informes.
Se adiciona la figura del Concejero Municipal en la Constitución Política del Estado, quien cuenta con idénticas facultades y obligaciones del Presidente Municipal, en aquellos municipios que se cuenta con Concejos Municipales como el órgano de autoridad reconocido por los pueblos indígenas.
Así y conforme al compromiso asumido por los diputados locales, se abona a la correcta armonización de dichos ordenamientos jurídicos en materia de rendición de cuentas.
Presenta diputado iniciativa para regular prestación de servicios profesionales en la valuación.
Morelia, Mich., 03 de junio de 2015.- Con el objetivo de regular la materia de prestación de servicios profesionales en la valuación técnica, comercial y en otras modalidades y así tener certidumbre jurídica, estableciendo un marco jurídico que garantice la práctica operativa en materia de valuación en el Estado, el diputado José Jesús Ramírez Zavala presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide la Ley de Valuación.
El legislador refirió que los Estados de Jalisco, Colima, Tamaulipas y Veracruz y cuentan con una Ley en la materia.
Los valuadores profesionales, explicó al hacer uso de la tribuna, son especialistas que ofrecen sus servicios a la sociedad michoacana y del país como un organismo de consulta agrupado en colegios gremiales integrados dentro de la Federación de Colegios de Valuación (FECOVAL), amparados por la Ley de Profesiones y son reconocidos por su capacidad y talento tanto en el sector privado como gubernamental.
Su labor, detalló, es apoyar a instituciones públicas y privadas, dependencias y empresas que los requieran en el establecimiento de criterios generales, normas y estándares de valor; así como de impulsar el reconocimiento técnico de los especialistas y peritos en la materia; todo ello con la participación de las entidades públicas, privadas, de la sociedad civil y de las personas interesadas en el medio de valuación profesional.
En años recientes, en el estado las crisis financieras del sector oficial, la incertidumbre política, la inestabilidad social, la inseguridad, así como los efectos de la baja en los precios de las exportaciones del petróleo, y la influencia negativa de la economía exterior, manifestó el legislador, ha venido originando un desarrollo limitado que ha venido produciendo la necesidad de acelerar el crecimiento de inversión hacia los sectores público, social y privado, lo cual ha generado con ello un incremento en la demanda en las transacciones comerciales de la entidad.
Lo anterior, puntualizó, ha originado que se manifieste una demanda en la prestación de servicios profesionales en la valuación técnica comercial y en otras modalidades como de maquinaria y equipo, en bienes agropecuarios, en obras de arte, en joyas, así como en bienes muebles, inmuebles de forma empresarial y en instituciones públicas para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de tramitación de créditos bancarios y para obtener natural incremento de michoacanos que ofrecen y realizan este servicio.
Por lo que esta ley que fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Industria, Comercio y Servicios y de Justicia, permitirá regular la prestación de servicios profesionales en la entidad.
Proponen diputados locales legislación para prevenir, sancionar y combatir la Tortura
Morelia, Mich., 03 de junio del 2015.- Los diputados Talía del Carmen Vázquez Alatorre, Santiago Blanco Nateras y Cristina Portillo Ayala, presentaron al Pleno del Congreso Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y Combatir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Al respecto, los parlamentarios destacaron la importancia de combatir, sancionar y prevenir la tortura, que dio origen a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo que obligó al Estado Mexicano de tomar acciones para prevenir y sancionar la tortura en los términos de la señalada convención.
No obstante, consideraron, el problema de la tortura ha ido en crecimiento tanto en el país como en Michoacán, motivo por el cual diversos organismos internacionales han dictado diversas medias, alarmas y recomendaciones para que México realice acciones más efectivas para poder prevenir, sancionar y combatir la tortura.
Presenta Eleazar Aparicio Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado.
En otro punto del orden del día y con el interés supremo de conducir a la implementación efectiva del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el diputado Eleazar Aparicio Tercero, presentó al Pleno de la LXXII Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de Michoacán.
Durante la exposición de motivos, el parlamentario local expuso que la práctica de la tortura persiste tanto en el país como en la entidad federativa, lo que representa un lastre para la modernización de los sistemas de justicia y seguridad pública, que hoy pasan por un profundo proceso de reforma hacia el modelo acusatorio adversarial.
Asimismo, Aparicio Tercero consideró que la tortura es una violación grave a los derechos de las personas y se encuentra absolutamente prohibida en el Derecho Internacional, motivo por el cual las legislaturas locales están obligadas a partir de la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero del 2013, a consagrar derechos, principios de atención y medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral del daño, que incluyen la restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y no repetición en favor de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones de derechos humanos, entre las que figuran las de tortura.
Cabe señalar que esta Iniciativa, consta de treinta y ocho artículos distribuidos en diez capítulos, los cuáles reflejan las cuatro obligaciones del Estado en materia de tortura, entendida como violación de derechos humanos; además, se deja en claro desde el principio, el contenido de las conductas objeto de las obligaciones mencionadas; se tipifica y sanciona el delito, además de incluir las obligaciones de la autoridad.
El proyecto armoniza la definición típica con la definición de tortura que consta en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyendo además la distinción entre actos y omisiones, mediante las cuales se inflijan los dolores y/o sufrimientos físicos o mentales, en consonancia con las reformas federales y la Convención
