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Violaciones graves a los derechos humanos con los estudiantes de Ayotzinapan: CNDH

México, D.F., 05 de octubre del 2014.-  La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que en los ataques  sufridos por estudiantes de la Escuela Normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, e integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo” existen graves violaciones a los derechos humanos que implican ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

El organismo nacional informó mediante un comunicado su determinación de que, por dichas razones, continuará con la investigación de oficio, que inició desde el pasado 27 de septiembre; sin embargo, ahora será bajo la tipificación de violación grave a los derechos humanos.

Comunicado de prensa:

En atención a los hechos ocurridos los pasados días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; en los cuales estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, e integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, fueron agredidos, dando como resultado que seis personas perdieran la vida; 30 lesionadas; y que actualmente, 43 personas se encuentren en condición de desaparecidas; aunado al hecho de que el pasado 4 de octubre de este año, se localizaron seis fosas clandestinas con
un número indeterminado de cadáveres en el citado municipio, la CNDH informa:
Que desde el 27 de septiembre de 2014, este Organismo Nacional inició una investigación de oficio e integró un grupo de trabajo conformado por 30visitadores adjuntos entre abogados, médicos, psicólogos, y criminalistas; quienes han realizado 233 diligencias consistentes en 76 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y servidores públicos; 74 servicios de atención
psicológica a familiares y víctimas; 41 certificaciones médicas; así como 32 visitas tanto al lugar de los hechos, a domicilios de las víctimas, a hospitales públicos y privados, al Servicio Médico Forense, a las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y al lugar donde fueron encontradas fosas clandestinas. Así mismo, se han girado 10 requerimientos de información a diversas autoridades y se han obtenido 24 expedientes clínicos y 6 necropsias.
Desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emi tió su Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el estado de Guerrero, el 17 de diciembre de 2013, señaló el hecho innegable de que la seguridad pública en esa entidad federativa, precisamente enfrentaba un momento muy sensible y delicado, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometían y la violencia aparejada en su comisión, sino también por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate a la inseguridad, lo que ha repercutido a que día con día
se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses.
En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 1o, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o, fracción XV, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH acordó continuar el trámi te del expediente iniciado de oficio desde el 27 de septiembre de 2014, como investigación de violaciones graves de derechos humanos.
Se trata de la tercera ocasión, en que la CNDH ejerce esta facultad -por segunda vez en el estado de Guerrero- dado que la naturaleza de los acontecimientos implican violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad de las personas, y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son las violaciones más graves a derechos humanos que se pueden cometeren contra de las personas; por lo que hace un llamado al gobierno del estado de Guerrero ,para que tome las medidas necesarias a efecto de que se salvaguarden los derechos de las víctimas, sus familiares y de los testigos de los hechos, especialmente, para que ningún servidor público de l estado de Guerrerorealice actos de intimidación que les impida acceder al sistema de justicia.
Una vez agotadas las diligencias de investigación, la Comisión Nacional emitirá la determinación que corresponda conforme a sus atribuciones constitucionales.

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