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México, D.F., 30 de mayo del 2013.- Es un desastre inducido forzar la transición tecnológica hacia la televisión digital en nuestro país cuando la prueba piloto puesta en marcha en la ciudad de Tijuana, Baja California, ha demostrado que los mexicanos y mexicanas no están preparados para hacer frente a un reto de las dimensiones como el que representa migrar de la señal analógica a la era digital en un salto tecnológico de al menos 20 años y cuando existe un atraso económico de las mismas proporciones.
Vladimir Aguilar García, Secretario Planeación del Partido de la Revolución Democrática declaró que en momentos en que nuestro país se encuentra inmerso en una delicada situación económica que se traduce en más de 60 millones de personas sumidas en la pobreza, que están más preocupados por alimentar a sus familias que en comprar una televisión compatible con las nuevas tecnologías, dicho acto no puede ser calificado de otra forma que una injusticia de un gobierno insensible.
Es una sinrazón que se pretenda obligar a los habitantes de cientos de ciudades de todo el país a adquirir decodificadores o aparatos receptores de la señal digital que el gobierno pretende imponer por decreto, cuando sigue siendo incapaz de enviar la señal de televisión pública y gratuita a cientos de comunidades que representan dificultades geográficas en los que ni siquiera la Sedesol ha sido capaz de llegar para entregar apoyos alimentarios.
En el caso particular de Baja California, es incomprensible que el gobierno de Peña Nieto haya instrumentado un plan tan ambicioso en momentos en que está en marcha un proceso electoral que definirá al próximo gobernador del estado, que ha dejado a miles de ciudadanos que no pudieron comprar una televisión nueva o adquirir un decodificador sin la posibilidad de informarse sobre el desarrollo de las campañas políticas y las propuestas de los candidatos de los diversos partidos.
Por ello, nos unimos a las voces que exigen que el tránsito de la televisión análoga a la televisión digital se haga en otro momento y garantizando la igualdad y equidad en el acceso a la tecnología pública, de hecho debiera ser un derecho constitucional en el marco de la nueva era tecnológica que se impone en el mundo, pues forzar a los mexicanos y a las mexicanas a ajustarse a la nueva era digital dejará sin efecto los cambios que se realizaron dentro de la Reforma de Telecomunicaciones, que buscan democratizar el espectro radioeléctrico para que sea aprovechado por los mexicanos menos favorecidos.
