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Al cuarto para las 12, y en momentos en que la candidata de sus partido, Josefina Vázquez Mota, ha impulsado un discurso a favor de las mujeres, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa decreta dos leyes: la primera que castiga duramente el feminicidio y la otra que evita prospere la trata de personas. No son por supuesto iniciativas menores. En todo el país las altas tazas de feminicidios, el maltrato y la persecución hacia las mujeres, obedecen a la flexibilidad legal con que se trata a estos delitos. Cuando gobernaba el Estado de México Enrique Peña Nieto, era la entidad que encabezaba la recurrencia de feminicidios y maltrato a las mujeres, por cierto.
Con la reforma al Código Penal Federal ese terrible delito de feminicidio estará penado con 40 a 60 años de cárcel. También aumentan el rigor en contra de quien ejerza el acoso, el maltrato, y aquellos jefes que despidan a alguna subordinada para evitar ser denunciados por abuso sexual.
De igual manera, se castigará con este paquete de reformas a las personas que ejerzan la trata de personas. Es un paso importante y bastaría mencionar nuestra frontera sur, en donde miles de jovencitas son consideradas esclavas sexuales que ejercen la prostitución, para beneficio de unos cuantos y al parecer con la vista gorda del Instituto Federal de Migración. Y es que la trata de personas no puede imaginarse sin la concurrencia de autoridades, jefes policiacos, y otro tipo de funcionarios que lo solapan y lo permiten.
Ojalá que estas reformas dadas a conocer por el presidente Felipe Calderón, casi al término de su mandato, incluyan también el castigo a las autoridades corruptas que lo permiten.
