Tres años

Entre las facturas pendientes que dejará Felipe Calderón Hinojosa, está el manejo casi caprichoso de la procuración de justicia y la Seguridad Pública. No hay cifras exactas que arrojen luces sobre el gasto en materia de seguridad, ni la procuración de algo tan elemental como es la justicia ha sido puesta en duda en distintas ocasiones. Un ejemplo notable, ilustrador, fue la detención de 32 funcionarios públicos michoacanos, hoy en libertad porque el poder judicial encontró insuficientes e insostenibles las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República. Éste expediente, el cual el lenguaje popular la bautizó como el michoacanazo, fue un compendio notable de diversas violaciones a la Constitución, al Código Penal Federal, a la misma soberanía del Estado de Michoacán.

Creo que si existiera en nuestro país la posibilidad de llevar a juicio al procurador y a sus fiscales, por supuestos que no saldrían bien librados. En nuestro sistema de procuración de justicia todavía perviven dos figuras hoy sumamente cuestionadas por diversos especialistas en derecho. Nos referimos al arraigo y al uso de testigos protegidos. Estos últimos fueron fundamentales para la PGR y en el dicho de estos delincuentes, contradictorios y mucho tememos que mentirosos, se les instruyó un proceso que llevó un año o más en algunos casos de sus vidas.

Fueron privados de su libertad injustamente funcionarios estatales, presidentes municipales, policías, y servidores públicos. Un destacadísimo universitario, Mario Romero Tinoco, quien había recibido una distinción nacional y otra internacional por sus prácticas de gobierno, también fue detenido y por supuesto dejado en libertad.

Esta es, insistimos, una muestra ahora indeleble del voluntarismo presidencial. El michoacanazo no significó una flagrante injusticia, sino una afectación irreparable en el prestigio y la imagen pública de los involucrados. No hay que olvidar que el Gobierno Federal, entre otras cosas, filtró algunos medios aspectos de la investigación lo que violó la secrecía que todo proceso debe tener. El daño fue hecho, no se han atendido las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y tampoco en los medios de comunicación se dijo un “usted disculpe”.

Es indispensable que no haya retraso en la separación entre la PGR y el Ejecutivo Nacional. La procuración de justicia debe tener la necesaria solvencia e independencia para evitar ser herramienta de las veleidades del Presidente.