El estado mexicano, obligado a ampliar y garantizar el acceso a la educación y dar cobertura a una política de gratuidad: Raúl Morón

México, DF, a 30 de abril de 2013.- Cobrar cuotas escolares para acceder a la inscripción en la educación básica, permanecer en ella, tener derecho a la aplicación de exámenes o para poder recibir los documentos escolares, más que una falta de ética directiva, es un defecto de la propia gestión educativa y una ambigüedad jurídica por falta de prohibición legal expresa, de la que se han aprovechado los responsables federales y locales de la política educativa.

“Si nuestro sistema educativo nacional y los responsables de la gestión educativa, destinaran los recursos suficientes para la administración del servicio educativo y el mejoramiento de la infraestructura escolar, no habría necesidad de recurrir a las cuotas escolares, para subsidiar lo que el Estado es omiso en cubrir”, opinó el Senador de la República, Raúl Morón Orozco.

El senador michoacano, secretario de la Comisión de Educación encargada de presentar el dictamen para su aprobación por el pleno,  destacó que ha sido una práctica recurrente de los centros escolares públicos y de sus directivos, cobrar, pedir, exigir y condicionar los servicios educativos, bajo el subterfugio de las llamadas “cuotas escolares”.

“Es aquí donde el concepto de gratuidad debe cuestionarse a fondo y redefinirse cuidadosamente para prohibir toda práctica que sea contraria a ella. Las cuotas indirectas u ocultas, en forma de cobros por inscripciones, uniformes, libros, exámenes, mantenimiento y otros en las escuelas, originan gastos familiares directamente asociados a la educación”, destacó el Legislador michoacano.

Agregó que esta práctica es indebida e inconstitucional, por cuanto transgrede el espíritu de la gratuidad educativa como derecho fundamental y modifica la responsabilidad del Estado de prestar los servicios educativos, no ha sido sin embargo, responsabilidad exclusiva de los directores de las instituciones educativas.

“Cobrar cuotas escolares para acceder a la inscripción en la educación básica, permanecer en ella, tener derecho a la aplicación de exámenes o para poder recibir los documentos escolares, es más que una falta de ética directiva, es un defecto de la propia gestión educativa y una ambigüedad jurídica por falta de prohibición legal expresa, de la que se han aprovechado los responsables federales y locales de la política educativa”, enfatizó Morón Orozco.

Asimismo, enfatizó que si nuestro sistema educativo nacional y los responsables de la gestión educativa, destinaran los recursos suficientes para la administración del servicio educativo y el mejoramiento de la infraestructura escolar, no habría necesidad de recurrir a las “cuotas escolares”, para subsidiar lo que el Estado es omiso en cubrir.

Raúl Morón destacó que si el nuevo pacto por la educación, contemplara, como debe ser, la conclusión del proceso de descentralización educativa, con la correspondiente transferencia de recursos financieros a los estados, en cantidad suficiente para atender las necesidades básica del servicio educativo, tampoco habría necesidad de que las escuelas ofrezcan un servicio condicionado bajo circunstancias de semiprivatización, con financiamiento público-social.

Añadió que la aprobación, la noche de éste lunes, del dictamen que prohíbe condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, “no sólo garantiza la recuperación del sentido público, gratuito y obligatorio de la educación, sino que marca una exigencia de mayor responsabilidad para ese Estado omiso, que le ha delegado ese carga impositiva a la sociedad”.

“Una de las consecuencias de aplicar políticas de gratuidad de la educación es el aumento sustantivo de la demanda, hasta 2011, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) reportaba que en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, y esto sucedía en un 97.7 por ciento de las escuelas”.

Morón Orozco añadió que una de las causas de deserción es el cobro de cuotas, el costo de oportunidad perdida que las familias experimentan al inscribir a sus hijos en la escuela, en vez de contribuir al ingreso familiar mediante un sueldo o su trabajo en la producción familiar. Esto es especialmente notable si la calidad de la educación es baja y si los padres no valoran la educación que reciben sus hijos.

“En suma, estas evidencias subrayan que la abolición de las cuotas escolares, aunque es una medida positiva, no carece de importantes secuelas que, de no ser atendidas proactivamente, podrían contradecir el propósito principal de la reforma, que busca educar con una alta calidad a toda la población, gratuitamente y en todo el nivel básico y media superior”, apuntó el Legislador.

En este sentido, consideró que el reto para México, ahora, será verificar el cumplimiento de la presente reforma y eliminar las prácticas de cobros en las escuelas donde tradicionalmente se usaban, así como emitir los lineamientos que establezca la obligación expresa del Estado de entregar los recursos necesarios por escuela, para gastos de operación y mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario, donde la autonomía de la gestión escolar, se realice con recursos del estado, sin trastocar la gratuidad de la educación.

“La obligación del Estado, no deberá limitarse sin embargo, exclusivamente a garantizar una educación gratuita, sino también a procurar una educación de calidad, en donde la inversión en educación se pueda transformar en crecimiento económico y en oportunidades de desarrollo humano”, enfatizó el Senador michoacano.

Asimismo, destacó que prohibir las “cuotas escolares”, no impedirá, que las asociaciones de padres de familia puedan hacer las donaciones que estimen necesarias para mejorar el establecimiento escolar, pero bajo dos condiciones ineludibles: que sean de carácter estrictamente voluntarias, sin condicionamiento de ningún tipo en relación con el servicio educativo y que los consejos escolares puedan conocer su destino y aplicación.

“Como Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como Secretario de la Comisión de Educación, como maestro y padre de familia, celebro que la sensibilidad de las y los senadores se imponga para corregir un asunto que durante años, se ha visto como una irregularidad del sistema educativo nacional”, concluyó.