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* Habitantes del lugar denuncian amenazas y piden seguridad.
Morelia, Mich. 11 de Julio de 2011.- En reunión sostenida por la Coordinadora de Presidentes Municipales del PRD y el Grupo Parlamentario de este partido, se acordó solidarizarse con Salvador Barrera Medrano, presidente municipal de Turicato y los pobladores de la Nueva Jerusalén que han sido agraviados, para exigir al gobernador Fausto Vallejo Figueroa que reestablezca el estado de derecho en esa región y que aplique la ley sin distingos en contra de quienes destruyeron dos escuelas e incitaron a un grupo de esa comunidad a cometer ese delito.
El presidente municipal, exigió que se restablezca el servicio educativo y el estado de derecho ya que hace varios días de esa acción, pero lamentablemente “hay hechos consumados y cero detenidos”. “Nunca había visto que se destruyera una escuela”, dijo el edil.
Los diputados puntualizaron que en esa comunidad se violan varias garantías constitucionales de los mexicanos como el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, el derecho la libertad religiosa, el derecho a la propiedad y derecho a una vivienda, por ello reiteraron que el mandatario estatal debe aplicar la ley, dado que esa comunidad no debe ser un estado de excepción.
En el caso particular de la destrucción de las escuelas públicas, una primaria y un jardín de niños de esa comunidad, Fidel Calderón Torreblanca, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, denunció que ese hecho delictivo fue atestiguado por varias horas de forma continua por el subsecretario de Gobernación Fernando Cano y otros servidores públicos estatales y no actuaron con lo cuál se convirtieron en cómplices. En ese contexto, pidió que el mandatario estatal informe si se inició una averiguación previa y el estado que guarda la misma.
Consideró que no debe haber matices políticos en la persecución de delitos. Por ello, comparó la disparidad de criterio en la aplicación de la ley, entre la destrucción de las escuelas en la Nueva Jerusalén y San Nicolazo el cual se tradujo en el allanamiento ilegal de tres casas del estudiante en Morelia, en abril pasado, y la detención sin orden de aprehensión de más de 200 ellos.
Dijo que también hubo inacción en la quema de vehículos de una empresa de frituras, en donde fue mayor el daño económico y social. Expresó que en este caso ni en las declaraciones del mandatario estatal hubo firmeza, ni hubo la misma actitud que en el caso de los estudiantes.
El San Nicolazo tuvo una carga política, apunto el legislador; pero, la inacción y la tardanza en el caso de la Nueva Jerusalén de al empresa, tiene también una carga política.
Alertó, junto con cuatro habitantes de esta comunidad que estuvieron presentes en la conferencia de prensa, sobre una nueva escalada de violencia en contra los habitantes agraviados de esta comunidad, por lo que se presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de ellos, con el propósito de que intervenga.
En su intervención la diputada Cristina Portillo, exigió que se brinde seguridad a los habitantes agraviados de esta comunidad, para que protejan su vida.
Los pobladores de forma explícita, externaron su preocupación por el hecho de que los líderes religiosos han difundido de forma a sistemática que “la virgen quiere mártires y que está sedienta de sangre”. Aunado a ello han propagado que en cuanto se calme un poco el problema ”les van a caer a sus casas para quemárselas”. En ese punto afirmaron que “hacen responsable al gobierno del estado de lo que les pueda suceder”.
