La SCJN no puede eliminar la prisión preventiva oficiosa: Luisa María Alcalde

CDMX, 18 de abril del 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede anular la prisión preventiva oficiosa porque el Poder Ejecutivo y Legislativo son los encargados de realizar este tipo de modificaciones, tampoco un tribunal internacional puede ordenar la modificación de la Constitución mexicana porque va en contra de la soberanía nacional, argumentó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“La Corte Interamericana cuando determina la responsabilidad lo hace al Estado mexicano y determina que es el Estado mexicano el que debe valorar los posibles cambios en nuestra norma, tanto en las leyes como en la Constitución… no puede, el Poder Judicial, asumirse como Estado mexicano, atraer el caso y resolver sin considerar a los otros Poderes de la Unión», dijo.

“La Suprema Corte debe proteger la Constitución, que es nuestra norma máxima, ellos están para proteger la Constitución incluso, la propia Corte, en anteriores ocasiones lo ha dicho siempre, eso es lo que ha interpretado, no se puede modificar, nulificar nuestra Carta Magna”, comentó la secretaria durante la conferencia mañanera de este jueves 18 de abril.

Por otro lado, Alcalde Luján compartió que es necesario la reducción en los procesos judiciales para que se garantice la presunción de inocencia sin colapsar el sistema judicial.

“Si alguien ha denunciado la injusticia que representa que una persona tarde incluso dos años, pero ya no decir dos, 10, 15, hasta 20 años, en un proceso, hemos sido nosotros, ha sido el presidente. Es una aberración que los asuntos tarden tanto tiempo para que haya justicia. Ahí es donde deberíamos abocarnos y debería abocarse también el Poder Judicial”, indicó la titular de la Segob.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desconfianza hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sugiriendo que está influenciada por el gobierno de Estados Unidos. Además, señaló que la CIDH promovió la liberación de individuos acusados de participar en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, argumentando que habían sido torturados.

Con información de El Economista