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Columna Política «Diputado 501», Por Antonio TENORIO ADAME (15-I-2024).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conoce el envío al Congreso de un paquete de al menos siete iniciativas de reforma a la Carta Magna, lo cual ocurrirá el próximo 5 de febrero. Día de la Constitución.
DERECHOS DE LA MINORIA.
Se trata, dijo el Presidente, de cambios importantes en “beneficio del pueblo de México,” en materia política, al Poder Judicial, a pensiones y al salario mínimo, entre otras, a fin de remediar el problema que “dejó el neoliberalismo, con otros nombres y apellidos, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón”.
El intento presidencial
por revertir “el tsunami” neoliberal incluye otras reformas cuyo origen u
objetivo son sujetas a discusión.
El examen de la declaración presidencial comienza por reconocer que es la segunda ocasión de este pronunciamiento. Con anterioridad durante el V Informe de Gobierno
anunció de enviar ocho iniciativas, lo que no ocurrió en el periodo ordinario
de ese momento.
En torno a las anunciadas iniciativas se escuchan críticas de diverso orden, comenzando por no disponer de los votos requeridos en el Congreso para su aprobación, o bien, que algunas de ellas responden al reclamos del Capitolio de Estados Unidos para que se aumenten los salarios en México a fin de disminuir la brecha salarial entre ambas naciones.
Por nuestra parte el enfoque de los comentarios gira en el en torno de la historia comenzando por la ausencia presidencial el 5 de Febrero al Teatro de la República, donde se firmó el mencionado Código Supremo de la Nación, sino acudir al Recinto Legislativo
donde se discutió y promulgó la Constitución de 1856, localizado en el interior del Palacio Nacional.
No se trata de un detalle de movilidad, sino de la correspondencia con la memoria nacional, ya
que este año corresponde a la promulgación del Bicentenario de la Constitución de 1824, cuyo carácter político radica, además de su forma de gobierno, como República representativa, popular y federal.
En sentido convencional la promulgación de la primera constitución establece el surgimiento de la Nación, al declarar su soberanía, establecer la división de poderes, a la vez
que ocupa el territorio, y dispone de las instituciones de gobierno permanentes.
Dicha Carta suprema de los mexicanos, fue antecedida por la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, elaborada por Miguel Ramos Arizpe y firmada el 31 de enero de 1824.
Después de 8 meses de labor de Comisiones y los debates celebrados en sesiones deliberativas en el recinto legislativo del Templo de San Pedro y San Pablo, el Texto Constitucional fue promulgado el 4 de febrero del mismo año.
Se dice que los primeros constituyentes sujetaron su obra en base al modelo estadounidense. La versión se deriva a la influencia ejercida por Montesquieu, quien
discierne en torno a la Constitución de la Unión Americana como determinante de su prosperidad.
Esa tendencia ha prevalecido a lo largo de los gobiernos mexicanos, salvo pocas excepciones, se espera que los cambios constitucionales resuelvan los obstáculos al desarrollo, no obstante, su ineficacia ha quedado demostrada, debido a que, desde nuestros orígenes, somos naciones diferentes que requieren políticas propias.
La primera Constitución Federal Mexicana recibió la influencia de tres corrientes del pensamiento español, francés y estadounidense; así de los derechos del hombre provienen de la Constitución de Cádiz, y la experiencia del presidente de las Cortes
provinciales, don Miguel Ramos Arizpe, se vierte en su federalismo, mientras el
derecho anglosajón encuentra su expresión en la estructura organizativa.
Celebrar Bicentenario laConstitucional 2024 es primordial como tarea de recuperar un camino de forja soberana originaria.
CONSENSO DE LA MAYORIA.
El presidente López Obrador va a ejercer sus facultades constitucionales al enviar sus siete
iniciativas luego de la apertura del ultimo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, donde Morena y sus aliados carecen de mayoría calificada para su aprobación,en cuyo caso se espera queden como rezago legislativo cuyos niveles aproximados son de mil iniciativas sin dictamen.
En este caso, era común
que la Legislatura subsecuente asumiera la responsabilidad de recibirlas para continuar
su debido proceso. Aunque en el pasado periodo Legislativo se aprobó en la Cámara de Diputados que las iniciativas sin dictaminar no sean turnadas a la siguiente Legislatura, sino se asumen como inconclusas.Es decir, por vez primera vez los diputados dan por terminada su responsabilidad dejándola inconclusa.
Y si acaso se espera que la vigencia de la reformas se inicie con su publicación en el Diario Oficial, la cual no ha ocurrido; esto no procede porque los acuerdos propios del Poder Legislativo no requiere de su publicación porque corresponden a un poder independiente.
De tal suerte que es posible que las siete iniciativas del Presidente pasarán al limbo de los diputados, en caso de de que sus disposiciones acordadas no requieran de la aprobación de los senadores.
La reversión de las reformas neoliberales sólo serán posibles en caso de no contravenir lo dispuesto en el TEMEC, ya que los convenios internacionales forman parte de los
ordenamientos de Ley. En caso de controversia por su aplicación se dirimen en
un panel de negociación que dictamina su sentencia.
No se sabe a ciencia
cierta cuál será la suerte de las iniciativas de ley del Presidente; entran a
una nebulosa de dudas y contradicciones, cuyo resultado será acorde a cada una de ellas; o sea, no se trata de un paquete en su conjunto, sino algunas de ellas cruzarán el pantano sin mancharse.
El final de la LXV Legislatura es incierto; a estas alturas se cruzan varias variables que afectan a interior del Congreso, porque algunos legisladores se encuentran en campaña, otros no alcanzaron a renovar su capital político ni siquiera reintegro como sería la reelección del cargo, se han desprendido de la responsabilidad oficial del cargo por lo que su asistencia a sesiones se rodea por la duda, a más de reducir un mes de su ejercicio por ajuste de la ceremoniamonía de toma de protesta del Presidente electo.
DICTAMEN CONSTITUCIONAL.
La intención presidencial de revertir la herencia neoliberal es sana y conveniente; se trata de reivindicar el interés nacional, tras el impacto de reformas aprobadas en el periodo neoliberal, las cuales, señaló Andrés Manuel, fueron contrarias a sus derechos laborales.“Queremos resolver hacia adelante”, es decir hacia el futuro…¿será posible?
