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09 de enero del 2023.- La policía del Distrito Federal de Brasilia ha detenido al menos a 1.200 personas este lunes tras desmantelar uno de los campamentos de seguidores radicales del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista, Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de pasado octubre y piden «una intervención militar». El campamento levantado sirvió de base a los bolsonaristas para lanzar el ataque contra las sedes de los tres poderes del Estado, el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial, y la Corte Suprema.
Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, han bloqueado los accesos al campamento desde el que se lanzó instalado frente al cuartel general del Ejército en la capital, Brasilia, a primera hora de este lunes para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar.
El cerco ha surtido rápidamente efectos y, sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias y a abandonar el lugar.
En solo media hora, en el campamento tan solo quedaban las carpas y algunas infraestructuras abandonadas, así como un puñado de manifestantes que se apresuraban para recoger colchones y otros utensilios.
Orden de desmantelar los campamentos bolsonaristas
El desalojo pacífico se ha producido después de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares en todo el país y desde el que los seguidores del líder ultraderechista defendían un golpe de Estado en Brasil para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió la Presidencia hace ocho días.
El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que el líder progresista se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.
Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó también que los ocupantes de los campamentos que participaron en los ataques «sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes».
El número de radicales había aumentado
El número de radicales en el campamento frente al cuartel general del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y hasta el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas.
Pero el sábado el número había saltado a cerca de 3.000, después de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo en Brasilia, que terminó en caos y en el ataque a las instituciones.
Ante el caos generado por el asalto a las edificaciones públicas, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Según las últimas informaciones, al menos 300 personas fueron detenidas el domingo por los ataques antidemocráticos, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
Con información de RTVE
