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13 de julio del 2022.- Iberdrola Generación España y cuatro de sus directivos se sentarán en el banquillo por «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores» a través de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013.
Así lo ha acordado este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ha abierto un juicio oral por parar las centrales hidroeléctricas del Tajo, el Duero y el Sil en diciembre de 2013 para encarecer la electricidad.
El magistrado pide una fianza de más de 107 millones de euros cada directivo y les envía al banquillo de los acusados por «un delito relativo al mercado y a los consumidores».
Además, en el caso de la filial de la eléctrica, le exige otra fianza de más de 192 millones de euros para «garantizar el pago de las multas» y «de las responsabilidades civiles».
La fiscalía cree que pusieron en funcionamiento un sistema que aumentara más el precio de la electricidad de lo que lo hace la oferta y la demanda.
Un sistema que incrementaba los precios más allá de la oferta y demanda
El pasado 27 de junio, la Fiscalía de Anticorrupción solicitó la apertura del juicio oral que este miércoles ha acordado la Audiencia Nacional dar luz verde. La acusación detalló entonces que Iberdrola Generación «ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».
Según el texto de la acusación, «a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones».
En un escrito de acusación remitido a la Audiencia Nacional, el fiscal Antonio Romeral se dirigió contra la filial y contra Ángel Chiarri, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Según sus cálculos, también se habría traducido en un daño económico de 107.340.000 euros, de los cuales 10,5 millones corresponderían a la veintena de compañías distribuidoras que constan como perjudicadas en la causa. En el documento remitido por la Fiscalía, reclamaba hasta dos años de cárcel para los directivos acusados y multas para compensar a las comercializadoras afectadas por esta subida de precios.
Con información de RTVE de España
