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¡Delitos Deben Perseguirse! (Columna «Coordenadas Políticas»)

  • La Consulta un  Circo Político. 
  • Reto 37.4 Millones de Votos. 
  • ¡Delitos Deben Perseguirse!. 

Columna «Coordenadas Políticas», Por Fernando Pérez Chávez (26-VII-2021).- A seis días de polémica consulta popular del 1 de agosto sobre enjuiciar a los ex presidentes por corrupción y otros delitos, que tendrá un costo de 528 millones de pesos el enorme reto de lograr una participación  de 37.4 millones de votos, cifra que representa el 40 por ciento del padrón nominal para que sea vinculante. 

La verdad la ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una farsa, porque en un Estado de derecho no se debe de consultar a los ciudadanos y se deben de perseguir los delitos, por esta razón el referendo  es sólo “circo político” disfrazado de democracia directa. 

El reto está en vilo porque en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio se tuvo una participación del 53 por ciento y fue un dato histórico y  

habrá sólo 57,000 mesas electorales en todo el país, muchas menos que las 163,000 de los comicios pasados, porque el INE no tiene presupuesto. 

Y no obstante que la consulta popular del próximo domingo, fue convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que no votará para no fomentar la “venganza” y la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a su partido del Movimiento Regeneración Nacional. 

Por otro lado, lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el “Sí”, y se desconoce si el gobierno denunciará a los ex mandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas y en un inicio, la consulta iba a preguntar si el gobierno debía investigar y enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

Finalmente cabe comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta y se preguntará si se está de acuerdo en realizar “acciones con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. 

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