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CDMX, 03 de agosto del 2019.- Cuando era secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles contrató con una universidad el levantamiento de 6.7 millones de encuestas, pagó por ese trabajo 77.8 millones de pesos, pero sólo recibió 15.6% de lo contratado, es decir 1 millón 48 mil 575 encuestas.
Bajo el título de “Pagó Robles 77 mdp por encuestas falsas” y con la firma de Abel Barajas, el diario Reforma informó este sábado que la Fiscalía está investigando el contrato respectivo cuyo incumplimiento fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
Aquí un fragmento de la información de Reforma:
Rosario Robles está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por un caso más.
La dependencia investiga un contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron 15 por ciento del total.
Según los informes ministeriales, en esta indagatoria también son investigados el ex oficial mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.
De igual forma, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, quien era el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
Este caso es distinto al que derivó en el citatorio girado a Robles para que comparezca el 8 de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El esquema presuntamente ilegal es muy similar a los otros casos ya judicializados en la llamada Estafa Maestra.
Este caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó este convenio, encontró que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.
Otra irregularidad anotada por la ASF es que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató estos servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior de lo que la ley permite subcontratar.
Con información de Aristegui Noticias.com
