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Comunidades P´urhépecha a 6 de abril del 2017.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, movimiento autónomo, apartidista y estatal, que agrupa a más de 30 comunidades originarias y representado en la presente declaración por Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Jicalán, Rancho Seco, Tomendán y Tahuejo, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
El asesinato de por lo menos tres comuneros en la comunidad p´urhépecha de Arantepacua el pasado 5 de abril es un crimen de Estado, son ejecuciones extrajudiciales planeadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado mexicano, en particular por el Gobierno del Estado de Michoacán. Aunado a ello, las fuerzas federales y estatales desde el día 4 de abril, han detenido a más de 40 comuneros de Arantepacua de una manera engañosa y arbitraria, consecutivamente han allanado y saqueado casas en la comunidad sin ninguna orden judicial, golpeando a mujeres, ancianos y niños sin contemplación alguna. Para cubrir su crimen, han montado un escenario mediático en el que criminalizan a toda una comunidad e intentan dividir y hacer pelear a los pueblos originarios.
Esta no es la primera represión de la actual administración silvanista en contra de los pueblos indígenas de Michoacán, el 20 de noviembre del 2015 detuvieron a un comunero de Santa Fe de la Laguna acusado falsamente de causar destrozos a un partido político, posteriormente el 17 de marzo del 2016 encarcelaron arbitrariamente a 12 comuneros de Capácuaro por manifestarse mediante una toma de carretera en su comunidad, a continuación el 24 de febrero del 2017 arrestaron arbitrariamente a 13 comuneros de Caltzontzin por defender su tierra comunal, en pocas palabras la represión y criminalización de los pueblos originarios de Michoacán es una política de Estado perfectamente planeada que va en aumento.
Bajo el anterior contexto, exigimos el alto a la represión y criminalización de las comunidades originarias, la libertad de los presos políticos de Caltzontzin y Arantepacua, justicia, verdad histórica y reparación integrar del daño por los comuneros asesinados en Arantepacua. Finalmente, emplazamos al Gobierno del Estado de Michoacán para la resolución de estas demandas, de lo contrario, iniciaremos acciones para no permitir la instalación de casillas electorales en el próximo periodo electoral y expulsaremos a todos los partidos políticos de nuestras comunidades.
