Columna «Bajo la Lupa»: «El que porfía, mata venado»

Así reza el refrán popular y por supuesto que los sedicentes “estudiantes normalistas”, le porfiaron, es decir, su reiterada conducta violando la ley y afectando los derechos de terceros y su patrimonio, debe tener sus consecuencias, legales por supuesto, con la aplicación irrestricta de lo que establece la ley, ni más, ni menos. No sé si sus dirigentes o quien “les mece la cuna”, se habrán dado cuenta de los riesgos que estaban corriendo, al “estirar la cuerda” más de lo debido y parece ser, que ya se reventó. Ahora existe la posibilidad de que no solo no obtengan su “plaza automática”, lo que obtendrán muchos de ellos, será un “auto de formal prisión” que les puede cambiar su vida para siempre, que en lugar de construir una carrera profesional para vivir con decoro, terminen siendo carne de presidio.

No son pocas las voces que manifiestan su apoyo al gobierno que encabeza SILVANO AUREOLES, desde asociaciones empresariales, hasta gente común y corriente que interrogada en la vía pública, se manifiesta en apoyo al gobierno, por supuesto, siempre y cuando se cumpla con el irrestricto apego a la ley y no solo sean “teatros” montados como en otras ocasiones en que, horas después de detener a los “estudiantes” son liberados bajo fianza, cuyo importe paga el mismo gobierno. La sociedad ya está cansada de estas simulaciones y espera que “ahora sí” las autoridades del gobierno estatal y federal, acaten su obligación de “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen”.

En tratándose de nombramientos hechos por el congreso, es de las pocas veces que yo recuerde, en que los acuerdos parlamentarios han tenido alto grado de dificultad, como lo fue en la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Después de horas y horas de maratónicas reuniones, los diputados integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política, lograron destrabar el asunto e integraron una terna final conformada por BLANCA ELENA ROJAS FIGUEROA, GERARDO ANDRÉS HERRERA PÉREZ y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, la que fue sometida al pleno, donde en votación, SERRATO LOZANO obtuvo la mayoría de votos con 36 sufragios emitidos por los legisladores presentes, un voto para GERARDO HERRERA y un diputado que faltó, para hacer los 38 diputados que actualmente integran la 73 legislatura.

De entrada, independientemente de los demás aspectos de la vida institucional de la CEDH, VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO como presidente, tendrá que asumir una actitud responsable y profesional en los asuntos denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los casos de Apatzingán y Tanhuato, donde el órgano defensor de los derechos humanos nacional, señaló violaciones graves a los derechos de quienes resultaron víctimas fatales, pues según la CNDH, las corporaciones policiales hicieron uso indebido de la fuerza y en uno de los casos, puntualizó el organismo nacional, que se trató de una ejecución extra judicial, así le llaman ahora, al homicidio cometido por los agentes de la autoridad. De manera pues, que la sociedad michoacana, espera que SERRATO LOZANO dignifique a la comisión estatal y le devuelva el lugar y prestigio que años atrás tenía, pues es evidente que hoy, nadie hace caso a sus recomendaciones, bueno, en los últimos meses varios municipios del estado han desestimado las recomendaciones hechas por el órgano estatal, así que, recuperar la confianza de la sociedad es el principal reto de VICTOR SERRATO.

El presidente de la mesa directiva del congreso del estado RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA, le ha puesto el “cascabel al gato”, pues ha señalado que la legalidad de la estancia de JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO como Auditor Superior del Congreso, está en franca duda, pues la ley vigente en el momento de su designación, señalaba con claridad que el periodo para el que fue electo, era de 4 años, sin embargo, al publicarse una nueva ley, esta señala un periodo en funciones del Auditor Superior del Congreso por 7 años, circunstancia que tiene muy preocupados a los legisladores, pues de ser ilegal la estancia de LÓPEZ SALGADO al frente de la ASM, sus actuaciones serían ilegales con consecuencias graves para el funcionamiento de la institución.

La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán, cuyas últimas reformas hechas por el congreso del estado, fue publicada el 11 de Marzo del 2001 y en su artículo 10 establecía:

Artículo 10. El Auditor Superior durará en su encargo cuatro años y podrá ser nombrado nuevamente hasta en dos ocasiones; podrá ser removido por las causas previstas en el artículo 16 de ésta Ley, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Con este instrumento legal, el 8 de diciembre de ese mismo año, el 2011, a propuesta de la junta de coordinación política del congreso, el pleno legislativo nombró a JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO como Auditor Superior del estado, sin embargo, este ordenamiento legal, fue reformado por el congreso del estado, así, Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán publicada en la Séptima Sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el martes 24 de enero del 2012, por el entonces gobernador LEONEL GODOY RANGEL, la que en su artículo 9, establece con claridad lo siguiente: ARTÍCULO 9. El Auditor Superior durará en su encargo siete años. Será nombrado y podrá ser removido en los términos y por las causas previstas en la Constitución, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y en la presente Ley.

Así las cosas, habrá que establecer con claridad que en el caso de JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO, éste debe concluir su periodo para el que fue nombrado el 8 de diciembre del 2011, el 8 de diciembre del 2015 y de ninguna manera pueden salir los diputados con la barbaridad, de que por las modificaciones a la ley en el 2012, LÓPEZ SALGADO debe continuar al frente de la Auditoría Superior hasta que cumpla 7 años. Es de explorado y elemental derecho, que ninguna ley debe tener aplicación retroactiva, en perjuicio de alguna persona, excepto en materia penal, cuando la modificación legal beneficia al imputado. Doctrinariamente, la no aplicación retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, se enmarca en los principios de legalidad y seguridad jurídica; elementos consustanciales al Estado de Derecho que garantizan a las personas el conocimiento del alcance de su libertad, así como los límites de la actuación del poder punitivo del Estado. La no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna forma parte del derecho a la estricta aplicación que no solo abarca la materia penal, sino también lo que corresponde a la legislación civil. Los orígenes de dicho principio en el orden jurídico mexicano se remontan a los constituyentes de los siglos XIX y X. Por otra parte, en la ley del 2012, en sus transitorios no se establece que el auditor superior en funciones, extendería esa función hasta alcanzar los 7 años y tampoco el congreso del estado lo ratificó en el cargo, de manera que a partir de este 9 de diciembre del 2015, JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO ostentará el cargo de auditor superior del estado, ilegalmente. Que conste.