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Por Víctor Ardura.-
La cosa es clara: queda en manos del ejecutivo estatal el que salgan libres o permanezcan dentro del Cereso Mil Cumbres, los 10 estudiantes detenidos en el operativo brutal, de la madrugada del 28 de abril.
Así lo establece con claridad mediana la Secretaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Soledad López Ortiz. El mecanismo es simple: si el ejecutivo estatal retira las demandas, vamos se desdice, los 10 muchachos quedarían en libertad. De no ser así los detenidos quedarían en una situación de fragilidad tal que no alcanza siquiera fianza para obtener su libertad.
Difícil el panorama, los saldos finales, de este abrupto expediente. Seguramente el gobernador Vallejo Figueroa, un hombre no improvisado en las lides políticas, no calculó el riesgo y lo que es peor el costo político de actuar como se hacía antes, poner por delante el garrote antes que el diálogo. Y tampoco se cree en el argumento central que se usó como pivote para este operativo en el cual, por cierto, participó la policía federal y ahí se nos debe una explicación: el resguardar el estado de derecho, el ponerse a salvo de la impunidad y que nadie esté por encima de la ley. Porque si somos claros los gorilas que golpearon a los muchachos violentaron la constitución, el código penal, la autonomía universitaria y como son tan finas personas hasta pueden ser repicendiarios de observaciones de parte de la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos.
Un ejemplo de ello es el punto de acuerdo al que llegó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: solicitar al ombudsman sus buenos oficios para que investigue si se violaron los derechos humanos de los muchachos, -la respuesta sería afirmativa pues hay documentales en videos y fotos-, y emitir las recomendaciones pertinentes.
Otra lección que deja este asunto, a nivel de opinión pública, es ese toma y daca entre sostener una postura legaloide y posteriormente negociar el posible perdón para los muchachos presos. En los corrillos políticos, esos oráculos en donde se deposita información confidencial, se habla de fuego amigo. Además hay tics aislados que demuestran el desencuentro entre Vallejo Figueroa y su Secretario de Gobierno. Ojo: no estoy hablando de separación, sino de la imposibilidad de ocultar el disgusto que causa en uno las decisiones que toma el otro.
Porque es evidente que este caso pasó de ser un estira y afloja local a convertirse en un tema de observancia nacional. Basta hacer el recuento de las notas que han salido en los diarios nacionales y que tocan el problema. En tanto eso sucede jóvenes continúan apoyando a los otros jóvenes con bloqueos carreteros y las tomas de instalaciones universitarias. ¿Pero este discenso se agota con la liberación de estos jóvenes? No lo creo. El quid está en que paralelamente al operativo se habló primero de desaparecer las Casas del Estudiante o por lo menos reglamentarlas. Y tal apreciación vino, ni más ni menos, que del gobernador Vallejo Figueroa y del rector Salvador Jara Guerrero. Después ambos se desdijeron y el asunto quedó en el limbo, o sea en el Consejo Universitario. En el ínterin la mayoría de los medios de comunicación ejecutaron la quema mediática y pusieron a los muchachos como trapos andrajosos, (Leí por ahí una “crónica”, en una agencia digital, que más bien parecía una relatoría de odio hacia el interior de una Casa del Estudiante)
Lo importante es recuperar la cordura y que tanto el gobierno del estado, la universidad y los estudiantes lleguen a un acuerdo. De entrada es indispensable que se libere a estos muchachos, es decir, que el gobierno retire los cargos y se llegue a acuerdos que hagan posible la convivencia pacífica. ¿Es mucho pedir?
