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Las premisas apresuradas derivan casi por regla general en premisas falsas. En los últimos años leímos y escuchamos posturas críticas respecto a la violencia criminal que se vive en Michoacán. Particularmente el PRI, sus voceros, sus representantes populares y hasta los comentaristas de café hablaban con escándalo sobre el número de muertos, de ejecutados, y desaparecidos con cargo al crimen organizado. Han bastado un par de meses para que la fea realidad, a manera de bumerán, se les regrese a las manos.
Para no ir más lejos en un par de días las ejecuciones superan la veintena, la Procuraduría de Justicia en Michoacán no tiene idea siquiera a qué obedece esta ola de violencia, no hay garantías de que la situación se normalice y negras nubes se avizoran en el horizonte.
El gobernador Fausto Vallejo Figueroa prometió mayor coordinación con el Gobierno Central a fin de establecer un mínimo piso de seguridad para los michoacanos. O tal acuerdo no se ha dado o mucho nos tememos que, como en todo el país, los criminales van un pie adelante de las autoridades, del Estado mismo. Hay que recordar que existe un acuerdo nacional, protocolos de seguridad, un aparato de evaluación para medir la confianza de las policías y, en fin, mecanismos varios que podrían aplicarse. Las ejecuciones de los últimos días parecen poner en tela de juicio la eficacia de este aparato.
La administración estatal tiene frente a sí el reto formidable de obligar al Gobierno Central o un mejor desempeño en la lucha contra este tipo de criminales, también reunir el suficiente talento para que, dentro del ámbito de su competencia, coadyuvar para sacar a Michoacán del dudoso cuadro de honor de las entidades en donde se ejerce la mayor violencia entre criminales, entre delincuentes que se enfrentan contra la Policía Federal y el Ejército. Y es que no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde la barrera.
