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La ONU pide garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente en Ecuador

07 de octubre del 2019.- La Oficina para los Derechos Humanos recuerda que el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones está reservado a casos excepcionales y que el Estado tiene la obligación de aislar a quienes actúan con violencia.

Tras las protestas iniciadas la semana pasada en Ecuador por el alza de los precios de los combustibles anunciada por el presidente Lenin Moreno, la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recordó a las autoridades que han de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente “protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos”.

Ante los disturbios públicos provocados por la introducción de un nuevo paquete de medidas económicas que elimina los subsidios estatales al combustible, Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción por un plazo máximo de sesenta días en la nación sudamericana.

“Al resguardar el derecho a la manifestación pacífica, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico”, destaca un comunicado.

El uso de la fuerza es excepcional

La Oficina recordó que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza “en casos excepcionales” y que se han de acatar los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Además, indicó que cualquier modo de privación de libertad debe regirse por los principios establecidos en el derecho internacional.

Del mismo modo, la Oficina mostró su preocupación por los actos de violencia que las fuerzas de seguridad ecuatorianas habrían cometido contra los manifestantes, y también “rechaza enfáticamente” los sucesos violentos cometidos por terceras personas tales como “agresiones, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros”.

Finalmente alentó al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a originar “espacios de diálogo constructivo” preservando los derechos humanos de todas las personas.

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