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20 de febrero del 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.
Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) «no autoriza al presidente a imponer aranceles».
Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como «recíprocos» por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.
Trump ya empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.
Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.
«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios», explica el alto tribunal.
La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.
Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.
Se preveía que los aranceles de Trump generarían en la próxima década billones de dólares en ingresos para Estados Unidos, la mayor economía del mundo.
El Gobierno de Trump no ha facilitado datos sobre la recaudación de aranceles desde el 14 de diciembre. Sin embargo, los economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron el viernes que la cantidad recaudada en concepto de los gravámenes basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), ascendía a más de 175 mil millones de dólares. Y es probable que esa cantidad tenga que ser reembolsada tras la sentencia de la Corte Suprema contra los aranceles basados en la IEEPA.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para imponer impuestos y aranceles. Sin embargo, Trump recurrió a una autoridad legal al invocar la IEEPA para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso.
Trump ha impuesto algunos aranceles adicionales en virtud de otras leyes que no son objeto de debate en este caso. Según los datos del Gobierno de octubre a mediados de diciembre, estos representan aproximadamente un tercio de los ingresos procedentes de los gravámenes del mandatario republicano.
La IEEPA permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional. Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles, una de las muchas formas en las que ha ampliado agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde que volvió al cargo en ámbitos tan variados como la represión de la inmigración, el despido de funcionarios de agencias federales, los despliegues militares nacionales y las operaciones militares en el extranjero.
Trump describió los aranceles como vitales para la seguridad económica de Estados Unidos, prediciendo que sin ellos el país estaría indefenso y arruinado.
En noviembre, Trump dijo a periodistas que sin sus aranceles «el resto del mundo se reiría de nosotros porque ellos han utilizado aranceles contra nosotros durante años y se han aprovechado de nosotros». Señaló que Estados Unidos era objeto de abusos por parte de otros países, entre ellos China, la segunda economía más grande del mundo.
Con información de La Jornada
