Renovación tricolor ¿a quién necesita el PRI? (Columna Política «Bajo la Lupa»)

• RENOVACIÓN TRICOLOR ¿A QUIÉN NECESITA EL PRI?

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (13-II-2026).- Por fin, se publicó la convocatoria que normará el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, convocatoria que señala que el método para la elección de la dirigencia será directa por la base militante, es decir, la celebración de una elección libre, en la que su militancia, sus 27,852 militantes validados por el INE hasta el mes de octubre de 2025 puedan ejercer el voto universal, directo y secreto.

Lo anterior, inferiría que, cualquier militante que cubra los requisitos señalados por la citada convocatoria, se puede registrar y competir en la elección para la dirigencia estatal, empero, dicha convocatoria tiene sus “prietitos en el arroz”, pues establece que los aspirantes, para poder convertirse en candidatos necesitan “apoyos” de los sectores, organizaciones y/o militantes, pero además, ocupan estar vigentes en el padrón priistas, al corriente de sus cuotas partidarias y pasar un examen que practica el Instituto Reyes Heroles y en este último, está el detalle, porque te pueden aprobar o reprobar a criterio de quien menda y no hay revisión ni recurso de impugnación al examen, simplemente te dicen “no pasó” y quedas fuera de la competencia.
Así que, si usted amigo priista quiere registrarse como aspirante a dirigente estatal, necesita al menos, las firmas de 3 dirigentes estatales de los sectores u organizaciones, las firmas del 20% de los integrantes del consejo político, que son 380, o sea 76 consejeros; el apoyo o firma de cuando menos el 20% de los comités municipales, que teóricamente son 113, de manera que ocupa la firma de 23 dirigentes municipales, solo que en Michoacán la mayoría están vencidos y finalmente la firma de apoyo de cuando menos 1,400 militantes debidamente registrados en el padrón priista.
No debe pasar desapercibido el contenido del artículo 178 de los estatutos del PRI, el que dispone literalmente lo siguiente:
Artículo 178. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para los Comités Ejecutivo Nacional y Directivos de las entidades federativas, durarán en su función cuatro años, y podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos. Los Comités Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, durarán en su función tres años, y podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos.
Refiero este ordenamiento, para poder afirmar que el señor GUILLERMO “MEMO CAHUAMAS” VALENCIA REYES, intentará con muchísimas posibilidades, reelegirse para continuar al frente del tricolor por cuatro años más, es decir, hasta el 2030, solo que para ello, MEMO CAHUAMAS deberá separarse del cargo de presidente del CDE y también solicitar licencia al cargo de diputado local en la 76 legislatura al congreso del estado de Michoacán.
¿Y quién estaría en posibilidades de competir contra MEMO CAHUAMAS?, hasta donde ha trascendido, sería el actual secretario de desarrollo rural del ayuntamiento de Morelia, el ex diputado federal ROBERTO CARLOS LÓPEZ GARCÍA, quien también deberá renunciar a ese cargo a más tardar el próximo sábado, pues así lo establece la convocatoria y finalmente otro competidor será VICENTE MANUEL GARCÍA PAULIN, de los pocos militantes que han dado la batalla al interior del PRI y que a pesar de los desaires y marginaciones de que ha sido objeto, sigue en la lucha.
Finalmente, como reflexión, ¿a quién necesita el PRI para dirigirlo? Pues necesita a un priista de cepa, con altísima capacidad de organización, con altísima capacidad de convocatoria, un priista a quien sea, político o funcionario público de cualquier nivel o color le conteste el teléfono cuando les llame y claro, que no tenga cola que le pisen ni un prestigio de arrabal.
De igual manera, no debe pasar desapercibido que, con la llegada de MEMO CAHUAMAS a la dirigencia estatal del PRI, se dio una escisión muy importante en su interior, que provocó la retirada de los más importantes liderazgos al extremo de que el tricolor con MEMO CAHUAMAS ha perdido casi la mitad de la militancia con la que contaba cuando el ex edil de Tepalcatepec llegó a la dirigencia estatal, pues de más de 52 mil militantes que tenía, hoy solo tiene un poco más de 27 mil militantes, esa es la desgracia. Ya veremos en marzo, en qué termina esta aventura “democrática” del tricolor.
CENTROS DE REHABILITACIÓN: ¿REGULACIÓN O EVASIÓN ESTATAL?
El diputado OCTAVIO OCAMPO presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud de Michoacán con el fin de regular los centros de rehabilitación y evitar su infiltración por el crimen organizado. Señaló que en Morelia existen 140 centros, de los cuales menos de 50 cuentan con licencia municipal vigente y apenas una treintena se han regularizado en los últimos tres años.
Denunció que muchos operan sin profesionales de la salud, sin clasificación por edad o sexo, y en condiciones indignas. “No podemos permitir que estos lugares, creados para sanar, sean utilizados como centros de reclutamiento del crimen organizado”, enfatizó. La propuesta incluye un padrón estatal, supervisiones periódicas con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, y un programa especial para la atención de niñas, niños y adolescentes.
El discurso de TAVO OCAMPO parece colocar la carga de la solución en la regulación administrativa de los llamados anexos, pero deja abierta una pregunta de fondo: ¿no es acaso el Estado el responsable directo de garantizar la salud pública y ofrecer servicios dignos de rehabilitación? Regular lo privado puede ser necesario, pero también puede convertirse en un mecanismo para que el Estado se deslinde de su obligación de crear y sostener infraestructura pública de atención a las adicciones.
La ONU ha advertido que, pese a avances legales, los centros de tratamiento de adicciones en México siguen siendo focos de malos tratos y reclutamiento forzado, con una brecha profunda entre la ley y la práctica. Además, especialistas en derecho administrativo señalan que la rehabilitación es una función inherente del Estado, no una concesión que pueda delegarse sin responsabilidad.
En Michoacán, la proliferación de anexos refleja tanto la magnitud del problema como la ausencia de una política pública sólida. El consumo de drogas sintéticas, especialmente anfetamínicos, se disparó en la última década, y los centros improvisados surgieron como respuesta comunitaria ante la falta de alternativas estatales. Sin embargo, la regulación sin inversión pública corre el riesgo de institucionalizar la precariedad: se supervisa lo que existe, pero no se construye lo que falta.
La iniciativa de Ocampo puede verse como un paso hacia el ordenamiento, pero también como un síntoma de evasión estatal. El verdadero reto es que el Estado asuma su papel rector en la salud pública: crear centros de rehabilitación públicos con personal certificado, garantizar protocolos de derechos humanos y atención integral, y supervisar lo privado sin que ello sustituya la obligación de ofrecer alternativas públicas. En suma, la regulación es necesaria, pero insuficiente.
Si el Estado se limita a vigilar lo que ya existe, perpetuará la precariedad y dejará intacto el caldo de cultivo donde el crimen organizado recluta a los más vulnerables. La salud pública no puede ser tercerizada: es una responsabilidad indelegable.
IDENTIDAD Y NIÑEZ, EL CAMBIO DE GÉNERO EN MENORES.
El reciente rechazo en el Congreso de Jalisco a la iniciativa que buscaba permitir el cambio de identidad de género en actas de nacimiento de menores de edad ha desatado un enfrentamiento político de alto voltaje. Morena acusa al gobernador Pablo Lemus de haber influido en la votación y anunció que promoverá su destitución, mientras Movimiento Ciudadano y otros partidos defendieron su negativa con 22 votos en contra.
El trasfondo es delicado: se trata de decidir si un niño, que por su edad carece de madurez suficiente, puede ser sujeto de una modificación legal tan trascendental, y si los padres tienen derecho a imponer esa decisión bajo concepciones ideológicas que poco tienen que ver con la tradición familiar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias que ordenan a los congresos locales legislar para garantizar el derecho a la identidad de género incluso antes de la mayoría de edad, pero cabe preguntarse si el máximo tribunal, como cualquier órgano humano, puede equivocarse al no ponderar adecuadamente la protección de la infancia frente a decisiones irreversibles.
El debate no es menor: por un lado, se plantea la inclusión y el reconocimiento de derechos; por otro, la defensa de la niñez como etapa que requiere tutela especial y donde la autonomía plena aún no existe. La confrontación política entre Morena y Lemus es apenas la superficie de un dilema más profundo: ¿hasta dónde puede el Estado disponer del futuro de los niños y qué límites deben establecerse para que la protección de sus derechos no se convierta en manipulación de su identidad?