Frente Amplio: La Voz que la Mayoría no quiere oír (Columna Política «Bajo la Lupa»)

¿HUELGA EN LA UMSNH?
CASAS DEL BIENESTAR: ¿PATRIMONIO O CARGA ECONÓMICA?
DONAR A FUERZAS… QUÉ GENEROSIDAD.
FRENTE AMPLIO: LA VOZ QUE LA MAYORÍA NO QUIERE OÍR.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (04-II-2026).- El discurso de la dirigencia del SUEUM repite la fórmula: “seguimos en pláticas”. Sin embargo, la base sindical permanece a oscuras. Las comisiones que se sientan con las autoridades universitarias no transmiten acuerdos ni avances, y el trabajador común desconoce qué se negocia en su nombre.

El recurso más socorrido es anunciar un paro al inicio del semestre, como si se tratara de un libreto para impresionar a los recién llegados. Pero la realidad es que el sindicato carece de la fuerza para desplegar banderas rojinegras en todos los espacios de la Universidad Michoacana: no solo en Morelia, también en Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Convocar a la totalidad de sus agremiados en un solo día es hoy una misión inviable.
La merma en su músculo organizativo es evidente. De presumir más de 2,800 integrantes, el SUEUM pasó a 1,374 en 2025, sin descontar fallecimientos ni los que migraron a otro gremio. De esos, medio millar son jubilados. La fractura interna derivó en la creación del STUMICH y dejó al sindicato debilitado, sin respaldo jurídico sólido ni capacidad de presión real.
El último estallamiento formal de huelga ocurrió el 20 de mayo de 2016, bajo el rectorado de MEDARDO SERNA GONZÁLEZ. Desde entonces, lo más cercano han sido paros parciales y brazos caídos. Hoy, cuando se habla de “huelga”, más que una amenaza parece un recurso para prolongar la negociación y ganar tiempo.
CASAS DEL BIENESTAR: ¿PATRIMONIO O CARGA ECONÓMICA?
El gobierno presume que en Michoacán se levantarán 70 mil viviendas bajo el programa de “Bienestar”. La primera entrega, apenas 48 casas en Villas de Oriente, fue presentada como símbolo de progreso. Pero la distancia con los centros de trabajo y comercio convierte esa ilusión en un gasto difícil de sostener.
Hagamos cuentas: una familia de cuatro integrantes que estudia o trabaja en la ciudad necesita al menos dos viajes diarios en combi. Con un costo de 11 pesos por trayecto, el gasto diario asciende a 88 pesos. Multiplicado por 25 días, son 2,200 pesos mensuales solo en transporte.
Si además deben comer fuera para evitar el regreso a casa, hablamos de 200 pesos diarios por los cuatro, es decir, 5 mil pesos al mes. En total, 7,200 pesos mensuales que se esfuman en traslados y comida. ¿Cuánto tendría que ganar el sostén de esa familia para que la ecuación sea viable?
La ubicación es el verdadero problema. Villas de Oriente está a más de una hora del centro en hora pico, con vialidades de terracería y transporte saturado. No hay servicios educativos inmediatos, ni infraestructura suficiente para reducir la dependencia del traslado.
Lo que se ofrece como “bienestar” termina siendo aislamiento: un patrimonio que se paga con tiempo perdido y bolsillos vacíos.
La paradoja es clara: se construyen casas para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, pero vivir en ellas exige un gasto mensual que rebasa con creces ese ingreso. La pregunta no es si las viviendas existen, sino si alguien puede habitarlas sin hipotecar su economía.
DONAR A FUERZAS… QUÉ GENEROSIDAD
“Presenté una iniciativa de reforma para prohibir el desperdicio de comida apta para consumo y fomentar la donación obligatoria, la cual establece:
Crear un Sistema Nacional de Aprovechamiento Alimentario.
Dar incentivos fiscales a donadores.
Prohibir que supermercados y restaurantes tiren comida en buen estado.”
¡Alimentación digna para todos!
La iniciativa del senador Raúl Morón Orozco para prohibir que negocios e instituciones tiren alimentos “aptos para consumo” y obligarlos a donarlos, nace torcida desde el nombre: si es obligatoria no es donación, es confiscación. El marco constitucional es claro, el artículo 27 protege la propiedad privada y solo permite la expropiación por causa de utilidad pública con indemnización, mientras que los artículos 14 y 16 garantizan seguridad jurídica y prohíben actos arbitrarios.
Pretender que un particular entregue bienes sin compensación es violar derechos humanos, como lo establece también la Convención Americana en su artículo 21. Además, el derecho a la alimentación reconocido en el artículo 4 de la Constitución no se cumple mediante imposiciones, sino con políticas públicas que respeten la libertad de empresa.
Lo más irónico es que desde hace años los supermercados ya colaboran con la Red de Bancos de Alimentos y entregan productos próximos a caducar de manera voluntaria, con incentivos fiscales, sin necesidad de leyes absurdas.
La iniciativa, disfrazada de solidaridad, en realidad es un atentado contra la propiedad y la libertad contractual, y su destino será el archivo. El Senado, en su afán de protagonismo mediático, vuelve a dar muestra de que confunde ocurrencias con soluciones, y que en vez de legislar con rigor prefiere lanzar propuestas desquiciadas para la foto.
FRENTE AMPLIO: LA VOZ QUE LA MAYORÍA NO QUIERE OÍR
El Frente Amplio Democrático no nació por nostalgia ni por cálculo electoral. Surgió como respuesta directa a una reforma político-electoral que se presume “consultada”, pero que en realidad se redacta con tapones en los oídos.
El gobierno organizó foros, recogió propuestas, escuchó voces… y luego Pablo Gómez Álvarez, coordinador de esos trabajos, soltó la frase que lo resume todo: “No les vamos a hacer caso, para eso tenemos mayoría”.
Así, lo que se presenta como ejercicio democrático termina siendo una simulación. La iniciativa de reforma no busca fortalecer el sistema electoral, sino rediseñarlo desde el poder, sin contrapesos ni pluralidad. Y frente a esa regresión, un grupo de académicos, juristas, ex legisladores, activistas y ciudadanos decidió no quedarse callado.
El Frente Amplio Democrático no compite por votos, compite por reglas. No defiende partidos, defiende principios. No busca preservar privilegios, sino evitar que se desmonte el andamiaje institucional que permitió la transición democrática en México.
Porque sí hubo transición. Sí hubo acuerdos. Sí hubo pluralidad. Y todo eso está en riesgo cuando se legisla con la lógica del rodillo, cuando se impone una reforma sin consenso, cuando se pretende restaurar el viejo régimen con nuevos nombres.
El Frente no se define contra personas, sino contra prácticas autoritarias. Su objetivo inmediato es impedir que prospere una reforma regresiva. Y si se discute, exigir que sea legítima, verificable, y que garantice elecciones libres, autoridades imparciales, representación proporcional y respeto al pluralismo.
La historia nos observa, dice su manifiesto. Y el silencio, advierten, también es una forma de complicidad. Por eso levantan la voz. Aunque no los escuchen. Aunque ya tengan los votos. Aunque digan que no importa. Porque cuando el poder se vuelve sordo, la ciudadanía organizada tiene la responsabilidad de hablar más fuerte.
MISCELÁNEA POLÍTICA
La entrega de las primeras áreas del Parque Bajío a Grupo Herso y Citelis por parte del gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA se anuncia como inversión millonaria y motor de desarrollo, pero el proyecto arrastra un déficit de transparencia. No se aclara bajo qué figura jurídica se cedieron los predios, qué estímulos fiscales o crediticios acompañan el acuerdo ni por qué ahora son empresas privadas las que sustituyen al Estado en la tarea de promover empleo e inversiones. En medio de tanta opacidad, lo único seguro es que las compañías seleccionadas no se meten en un negocio sin garantías: “no la bailan sin huarache”.
La encuesta de Mendoza Blanco y Asociados (MEBA) coloca a Morena con una ventaja amplia rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027, al alcanzar 35.4 por ciento de las preferencias, muy por encima de PAN, independientes y PRI. El dato llamativo está en la interna guinda: CARLOS TORRES PIÑA y RAÚL MORÓN OROZCO aparecen en empate técnico, con apenas medio punto de diferencia dentro del margen de error. Mientras las demás fuerzas lucen fragmentadas y sin capacidad de competir, la definición real se concentra en quién será el abanderado de Morena, partido que hoy domina el escenario político estatal.
El caso del grafitero detenido en Morelia revela cómo desde ciertos sectores se pretende reducir su conducta a una simple falta administrativa, cuando en realidad se trata de un delito tipificado en el Código Penal como daño en las cosas. No es un joven “incomprendido”, sino un reincidente que actúa con dolo y afecta el patrimonio público y privado. Victimizarlo en redes sociales es tergiversar la realidad: debió ser puesto a disposición del Ministerio Público y de un juez que definiera su situación jurídica. Convertir a un infractor consuetudinario en mártir juvenil no solo distorsiona el debate, también explica por qué estamos como estamos.
La aparición de la asociación “Ciudadanos Unidos por el Cambio, A. C.” se presenta como un esfuerzo ciudadano para exigir mejor gobierno, pero en realidad tiene nombre y apellido: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. El ex magistrado, señalado por nepotismo y con historial de intentos fallidos por ocupar cargos públicos, ahora se viste de líder social para encubrir su aspiración a la alcaldía de Morelia. Tras un sueldo de 212 mil pesos mensuales en el Poder Judicial y su paso por diversas contiendas, Muñoz se ha convertido en el “arroz de todos los moles”. Los morelianos deben mirar con cautela a quienes disfrazan ambiciones políticas de causas ciudadanas: lobos con piel de oveja.
Previo al arranque del periodo de sesiones de febrero de 2026, el gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA sostuvo un encuentro con diputados del bloque progresista y la Junta de Coordinación Política del Congreso local. La reunión, en la que participaron legisladores de Morena, PT, PVEM y de la representación parlamentaria, se presentó oficialmente como un ejercicio de unidad y diálogo institucional. Sin embargo, el trasfondo fue marcar la agenda legislativa que deberá ser respaldada por dichas fracciones. El énfasis estuvo en fortalecer la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo para impulsar temas clave del desarrollo de Michoacán bajo una línea política definida