Ahuizote Agencia de Información Ahuizote.com
*La vía férrea se encuentra dentro del polígono certificado del ejido: Valente Álvarez.
*Familias humildes temen ser desalojadas ilegalmente.
*La ley no es retroactiva.
*¿No que primero los pobres? ¡Mentira!
Columna Política «Gotas de Poder», Por José Cruz Delgado (30-I-2025).- El gobierno de la 4T utiliza a la Fiscalía General de la República para amedrentar y despojar de sus bienes a familias humildes y protege a las empresas como Kansas City que ilegalmente quiere apoderarse de predios nomás porque ellos quieren sin importarles la ley ni decretos presidenciales, y eso que dice que primero los pobres, pero son discursos falsos e hipócritas.
Mire, le comento que un grupo de 29 familias humildes de la comunidad de Apeo del municipio de Maravatío, Michoacán, realizaron un plantón de manera pacífica frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exigir, en primer lugar que cesen el hostigamiento y las órdenes de aprehensión contra ellos por parte de la FGR y que se entable un diálogo para que haya una pronta solución.
De acuerdo a sus declaraciones, la empresa Kansas City se les está demandando por la explotación del suelo nacional, cosa que no existe que es mentira ellos (Kansas City) quiere que se recorran 20 metros de las vías del tren cuando el decreto presidencial de 1986 estipula el que deben ser máximo quince y mínimo trece metros de distancia y ellas (las familias) están dentro del parámetro permitido.
Aseguran que en 117 años nunca se ha registrado un accidente porque no hay curvas peligrosas pero y la ferroviaria dice que es para prevenir, pero mentira, los quieren desalojar por capricho.
Las familias a través de sus abogados ya presentaron documentos donde demuestran que en ningún momento se está violando la ley. Cabe mencionar que las familias de varias generaciones tienen mucho tiempo viviendo en el lugar y, curiosamente Kansas City apenas se dió cuenta que son 20 metros de distancia los que deben estar alejadas las viviendas de las vías ferroviarias, sin embargo, no han podido demostrarlo, o sea, a producto de gallina quieren desalojar a las familias violando la ley en complicidad con la FGR.
Mire usted, la vía está en el polígono del ejido en la zona urbana por lo que consideran una injusticia porque no es justo que nomás porque ellos dicen los quieran desalojar mediante intimidaciones, amenazas y demandas judiciales. Consideran que la empresa ferroviaria no es la indicada para decir que están violando la ley y que están explotando el suelo nacional, pues debió haber sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quienes les explicaran a detalle la situación para poder dialogar con ellos pero no ocurrió así y sin decir agua va fueron demandados por la vía penal a través de la Fiscalía General de la República.Efectivamente, nunca tuvieron problemas con Ferrocarriles Nacionales de México ni con Ferromex, hasta que llegó Kansas City, y después de 28 años.Lo más ruin que está haciendo la ferroviaria contra las familias es que les dicen que como ellos compraron o construyeron sus casa las deben derrumbar y limpiar el lugar, la verdad están sobre pasando la ley, en una palabra, se pasan de gandallas.Legalmente son quince metros según lo estipula el decreto presidencial de 1986, máximo quince y mínimo trece, y reitero, la ley no es retroactiva, así que les asiste la razón.Tanto la SCT y la FGR les han dicho que solo hay de dos sopas: «te quitas o te quitas», así de simple. Cabe destacar que tienen más de un año luchando contra las injusticias de Kansas City y el acoso de la Fiscalía y por la vía legal buscan solución al problema. Hasta el momento la concesionaria ni la autoridad les han presentado documentos alguno que demuestren que en realidad la ley diga que son 20 metros de distancia de las vías para poder y en caso la hubiera, la ley no es retroactiva.Denunciaron que cada semana o quince días llegan a la comunidad gentes de la FGR para amedrentarlos por lo que viven con el Jesús en la boca temiendo que de un momento a otro sean desalojados de manera ilegal.Ahí tiene un caso más la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque lo que está haciendo la empresa es violar sus derechos humanos y su derecho a la vivienda.Para el abogado Valente Alvarez Reyes, los habitantes de la comunidad ejidal de Apeo no ocupan de manera irregular sus tierras. Los derechos de la comunidad sobre el territorio ejidal están legalmente reconocidos desde hace más de 90 años.Respecto a las constantes denuncias realizadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y por la empresa Kansas City Southern de México ante la Fiscalía General de la República, mediante las cuales se acusa a habitantes de esa comunidad ejidal por supuestamente invadir el derecho de vía ferroviario y que derivó en protestas al respecto como la de abril de 2025, dijo que las personas de la comunidad ejidal de Apeo que han sido denunciadas y otras más que seguramente serán acusadas, reiteró que no ocupan tierras de manera irregular. Explicó que los derechos de la comunidad sobre el territorio ejidal están legalmente reconocidos desde hace más de 90 años, mediante resoluciones presidenciales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que otorgaron y ampliaron su territorio comunal sin que exista registro de expropiación, autorización ejidal o delimitación formal del supuesto derecho de vía. El abogado Valente Alvarez dijo que, de acuerdo con la información oficial del Registro Agrario Nacional, la vía férrea se encuentra dentro del polígono certificado del ejido de Apeo, en un área clasificada como tierras de asentamiento humano que no han sido delimitadas ni asignadas al interior del ejido y no existe ningún documento legal que justifique la ocupación, restricción o expropiación de esas tierras a favor de la infraestructura ferroviaria. “Hablar de invasión en este contexto distorsiona la realidad jurídica, genera confusión social y desconoce derechos agrarios consolidados históricamente, puntualizó el abogado defensor de los ejidatarios. Así que pretender aplicar hoy criterios o límites que no existían cuando se otorgaron las tierras resulta contrario a la Constitución y al principio de certeza jurídica. «Este no es un problema de seguridad ni de ilegalidad social. Es un asunto histórico y administrativo mal atendido durante décadas, que debe resolverse por la vía institucional, mediante diálogo, revisión técnica y, en su caso, los mecanismos legales de regularización que correspondan”, precisó. Alvarez Reyes explicó que la infraestructura ferroviaria y los derechos agrarios no son excluyentes. «Desde su punto de vista, el Estado tiene la obligación de proteger a ambos, sin criminalizar a comunidades ni ignorar la historia jurídica del territorio»puntualizó
