Reforma Electoral: ¿Menos cuotas o menos pluralismo? (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*LA RECUPERACIÓN COMO DISFRAZ.
*ERNESTINA ASCENCIO: LA SENTENCIA QUE DESNUDA AL ESTADO
*NO HABRÁ MÁS MULTAS… PERO SÍ MORDIDA.
*LEY DE EXTORSIÓN: MORDAZA LEGISLATIVA.
*REFORMA ELECTORAL: ¿MENOS CUOTAS O MENOS PLURALISMO?
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (17-XII-2025).- En Michoacán, la palabra “recuperación” se ha convertido en un comodín político. RAÚL MORÓN OROZCO la repite como mantra: recuperar la paz, recuperar la justicia, recuperar la dignidad laboral. Pero detrás de esa consigna se esconde un juego más viejo que la política misma: la demagogia.

MORÓN no dice abiertamente que el estado está en crisis por la incapacidad de ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA. No lo acusa de frente, no lo señala con nombre y apellido. Prefiere disfrazar la crítica en un discurso de unidad, como si la “recuperación” fuera un proyecto abstracto, sin responsables concretos. Sin embargo, cada vez que habla de reconstruir el tejido social, de devolver la confianza, de rescatar la dignidad, está trazando un contraste implícito: si hay que recuperar, es porque alguien lo perdió. Y ese alguien, aunque no lo diga, es el gobernador.
La estrategia es clara: MORÓN se coloca como el líder capaz de unificar sindicatos, campesinos e indígenas, mientras BEDOLLA aparece como el ausente, el incapaz, el que no pudo. Es un golpe político disfrazado de convocatoria social. Demagogia pura: se promete un rescate sin explicar cómo, se atribuyen culpas sin nombrar culpables, se construye un enemigo invisible que todos saben quién es.
El problema es que esa narrativa, aunque eficaz en el corto plazo, corre el riesgo de convertirse en otra simulación. Porque recuperar Michoacán no es solo un asunto de discursos ni de encuentros multitudinarios. Es enfrentar la violencia, desmontar privilegios institucionales y dar resultados concretos. Y ahí es donde la demagogia se estrella contra la realidad: MORÓN puede señalar a BEDOLLA sin decirlo, pero si no ofrece soluciones claras, su discurso se queda en el terreno cómodo de la crítica disfrazada.
En conclusión, la “recuperación” que pregona MORÓN es menos un proyecto y más un espejo político: refleja la crisis de BEDOLLA, pero evita nombrarla. Es un ataque indirecto, elegante, disfrazado de unidad. Demagogia con traje de esperanza. El pueblo escucha promesas, pero lo que realmente se está jugando es la disputa por el relato: quién carga con la culpa de la crisis y quién se presenta como el salvador.
ERNESTINA ASCENCIO: LA SENTENCIA QUE DESNUDA AL ESTADO.
Los hechos que este martes 16 de diciembre sanciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos ocurrieron en febrero de 2007, en la comunidad indígena de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, enclavado en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Ahí, ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO, mujer náhuatl de 73 años, fue víctima de violación sexual, tortura y asesinato, en un contexto marcado por el despliegue militar ordenado por el entonces presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, como parte de su estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada.
El encubrimiento fue inmediato: las autoridades cerraron el caso alegando “causas naturales”, borrando la violencia sexual y la tortura de los registros oficiales. La sentencia internacional, emitida en diciembre de 2025, desmonta esa narrativa y declara al Estado mexicano responsable por la violencia, la impunidad y la discriminación estructural que sufrió Ernestina y su familia.
La Corte constató que los familiares, indígenas monolingües, enfrentaron barreras de acceso a la justicia, presiones e intimidaciones para desistir de su búsqueda. Se violaron derechos fundamentales: vida, integridad, libertad personal, salud, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial. El fallo ordena investigación seria, sanción a responsables, reparación integral y reconocimiento público de responsabilidad internacional.
Hoy, bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, que presume justicia social y reivindicación indígena, no hay margen para el disimulo. Esta sentencia exige reconocimiento pleno, investigación sin tapujos y reparación integral, incluso si eso implica señalar directamente a las fuerzas armadas como perpetradoras.
Si este gobierno quiere diferenciarse de sus antecesores, no basta con publicar la sentencia: debe asumirla, procesarla y actuar en consecuencia. Porque si la 4T no reconoce sin ambigüedad la responsabilidad del Estado —incluyendo a sus militares—, entonces ¿qué transformación estamos presenciando?
NO HABRÁ MÁS MULTAS… PERO SÍ MORDIDA.
El gobernador FREDY RAMÍREZ BEDOLLA el pasado 15 de diciembre, firmó un decreto para eliminar las multas de tránsito en Michoacán, bajo el argumento de que la seguridad vial y los derechos humanos deben estar por encima de la recaudación. Sin embargo, en la práctica la Guardia Civil encontró la manera de eludir la disposición: cuando detectan que un conductor no porta la tarjeta de circulación, le falta una placa o no trae licencia de conducir, lo amenazan con enviar el vehículo al corralón bajo el pretexto de combatir el robo de autos.
Como nadie sensato carga la factura original en la guantera, el ciudadano queda atrapado en la discrecionalidad policial. La salida que ofrecen los agentes es inmediata: unos cientos o miles de pesos, según el sapo es la pedrada, y el automóvil no se encierra.
Así, lo que se anunciaba como un giro hacia los derechos humanos se convierte en un método de extorsión más opaco y más discrecional. El decreto dice que no habrá multas, pero la mordida institucionalizada sigue viva: el ciudadano paga, sin recibo, bajo presión y con la amenaza de perder su vehículo.
REFORMA ELECTORAL: ¿MENOS CUOTAS O MENOS PLURALISMO?
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral avanza hacia una propuesta que podría redefinir el Congreso mexicano. Entre sus planteamientos más polémicos está la eliminación de los 200 diputados plurinominales, sustituidos por un sistema de “primera minoría”: curules para los segundos lugares en los 300 distritos. La promesa es atractiva: acabar con las cuotas de las cúpulas y los compadres en las listas. Pero las gráficas muestran que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
ESCENARIOS COMPARATIVOS

1. Escenario actual (2021).- En la elección de 2021, Morena obtuvo 198 curules por mayoría relativa. PAN alcanzó 114, PRI 70, PVEM 41, PT 37 y MC 23. Los plurinominales permitieron que partidos con menos triunfos distritales tuvieran representación proporcional. Interpretación: las listas compensan a minorías nacionales y limitan la sobrerrepresentación de mayorías.
2. Primera minoría sin restricciones.- Si los segundos lugares acceden a las 200 curules, Morena podría subir a 264 escaños (más del 50% de la Cámara). PAN tendría 118, PRI 76, MC se desploma a 9. Interpretación: el sistema premia a los partidos grandes que ya compiten en casi todos los distritos. Las minorías reales —terceras y cuartas fuerzas— quedan fuera.
3. Primera minoría con filtro anti-coalición.- Si se reglamenta que sólo partidos no coaligados pueden acceder a estas curules, el panorama cambia. Morena se queda en 198, PAN en 118, PRI en 76, pero MC crece a 33. Interpretación: se abre espacio a fuerzas medianas y regionales, pero la Cámara se fragmenta más y la gobernabilidad se complica.
   LO QUE ESTÁ EN JUEGO
   Transparencia vs. pluralismo: la primera minoría elimina cuotas partidistas, pero excluye a minorías que no logran segundos lugares. Coaliciones bajo presión: el filtro anti-coalición obliga a los partidos a decidir entre competir solos para ganar representación o coaligarse para buscar gubernaturas. Gobernabilidad en riesgo: mientras el escenario sin restricciones concentra poder en Morena, el escenario con filtro abre el juego pero dificulta construir mayorías estables.
   En conclusión, la reforma electoral no es sólo técnica: es política, institucional y democrática. ¿Queremos un Congreso más competitivo o más representativo? ¿Más gobernable o más plural? Las gráficas no mienten: el diseño de la regla define el resultado, y el resultado define el país.
   LEY DE EXTORSIÓN: MORDAZA LEGISLATIVA.
   La entrada en vigor de la llamada Ley General de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025, representa un retroceso alarmante para la libertad de expresión en México. Como lo advierte Propuesta Cívica, organización con más de 14 años en la defensa de este derecho, la redacción ambigua del tipo penal y sus agravantes abre la puerta para que actores políticos o particulares utilicen el aparato penal para silenciar críticas legítimas, denuncias y actos de protesta.
   El delito de extorsión, definido como obligar a alguien a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, puede ser interpretado de manera abusiva contra periodistas, activistas y ciudadanos que exigen justicia o rinden cuentas a las autoridades. Las penas previstas —de 15 a 25 años de prisión, y hasta 45 años si concurren agravantes como la difusión en medios o redes sociales— son desproporcionadas y tienen un claro efecto inhibidor.
   La fracción V del artículo 17, que sanciona con 5 a 15 años adicionales el uso de cualquier medio electrónico para transmitir mensajes, convierte en riesgo penal el ejercicio cotidiano del periodismo y la protesta social. En otras palabras, un discurso transmitido en televisión o redes puede ser castigado como si se tratara de un delito grave.
   La consecuencia es evidente: oscuridad legislativa y criminalización del periodismo y la protesta. El Congreso aprobó una ley que contradice compromisos internacionales y la propia Constitución, que prohíbe la inquisición judicial de ideas.
   En un país donde la exigencia pública de derechos y la rendición de cuentas son esenciales, la Ley General de Extorsión se convierte en un instrumento de censura con consecuencias jurídicas lamentables para quienes ejercemos el periodismo.