Impunidad Sexenal (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*EL SALARIO MÍNIMO Y LA FIESTA QUE NO EXISTE.
*¿MUY BIEN?, DICE SHEINBAUM.
*IMPUNIDAD SEXENAL.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (05-XII-2025).- El gobierno presume con bombo y platillo un aumento del 13.5% al salario mínimo. Los titulares hablan de “histórico”, los voceros de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se felicitan entre sí, y los organismos empresariales que integran esa mesa —CONCANACO, COPARMEX, CANACINTRA— se suman al coro. Pero detrás del ruido, la realidad es menos festiva: solo 4 de cada 10 empleos en México podrían beneficiarse de este incremento.

La primera trampa está en la aritmética. El salario mínimo es apenas la referencia para una minoría de trabajadores. La mayoría, sobre todo en las grandes empresas que integran esas cámaras empresariales, ya perciben más de ese monto. Es decir, los grandes empleadores que autorizan el aumento no lo pagan, porque sus nóminas están por encima del mínimo. El golpe, en cambio, lo reciben las pequeñas empresas, esas que sobreviven con cinco trabajadores o menos, sin fondos financieros para absorber el incremento. Para ellas, el aumento no es un logro social, sino una amenaza de despidos.
La segunda trampa es la demagogia. Se vende la idea de que el aumento al mínimo es un triunfo para “los trabajadores de México”, cuando en realidad la gran mayoría queda fuera. El discurso oficial convierte un ajuste administrativo en un acto de justicia social, cuando lo que tenemos es un espejismo: un país donde más de la mitad de los empleos son informales, y donde el salario mínimo se ha vuelto, para millones, el salario máximo.
La tercera trampa es la complicidad. Los organismos empresariales que integran la comisión se presentan como actores responsables, pero en realidad su propio universo laboral apenas se ve afectado. El costo lo trasladan a los pequeños negocios, a los talleres, a las tienditas, a los microempresarios que sostienen la economía cotidiana. El resultado es perverso: se presume un aumento que no toca a los grandes, pero que puede quebrar a los pequeños.
En suma, el aumento del 13.5% al salario mínimo es más un acto de propaganda que de justicia. Una dosis de demagogia disfrazada de política social. Una fiesta que se celebra en los discursos, pero que en la realidad deja fuera a la mayoría de los trabajadores y amenaza a los más vulnerables empleadores.
¿MUY BIEN?, DICE SHEINBAUM.
A propósito de la fiesta morenista de los salarios mínimos, la presidenta complementa e insiste: “la economía va muy bien”. Pero los datos oficiales contradicen el eslogan. Según el INEGI, más de la mitad de los trabajadores mexicanos (55.7%) están en la informalidad laboral. De enero a septiembre, se crearon 1.2 millones de empleos informales, frente a apenas 311 mil formales.
¿Eso es “muy bien”?
La inversión fija bruta cayó 9.6% en agosto. La actividad industrial bajó 3.3% y la manufactura se contrajo 2% en septiembre. Las exportaciones petroleras están en su nivel más bajo en 25 años. Y el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento.
Además, solo el 27% de los nuevos empleos formales fueron para personas que no tenían trabajo antes. Es decir, el “crecimiento” se recicla entre quienes ya estaban en el mercado laboral. Y la tasa de desocupación subió a 2.6% en octubre.
¿Y los salarios? Ya lo dijimos: subir el mínimo no basta si el empleo formal se estanca y la informalidad se dispara. El “muy bien” presidencial se parece más a un espejismo que a una bitácora económica.
Fuentes: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Reporte Económico octubre 2025. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), boletín 704/25. Grupo Coppel, “Economía mexicana: situación actual y perspectivas”, septiembre-octubre 2025
IMPUNIDAD SEXENAL
La justicia en Michoacán no se mide por discursos ni por promesas, sino por cifras duras que exhiben la distancia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre en las calles, en las agencias del Ministerio Público y en los tribunales. Desde 2002 hasta 2025, los homicidios dolosos se han convertido en el termómetro más brutal de la seguridad pública.
No hay discurso que pueda maquillar la curva ascendente ni las rupturas que marcan cada sexenio. La tasa por cada 100 mil habitantes, ajustada con las proyecciones de INEGI y CONAPO, muestra que la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural: es estructural, y se reproduce con la misma inercia con la que cambian los gobiernos.
El primer corte es sencillo: cuántos homicidios dolosos se acumularon en cada periodo de gobierno. La gráfica de barras comparativas lo deja claro: hay sexenios donde la cifra se disparó, otros donde se contuvo parcialmente, pero ninguno logró revertir la tendencia. La línea temporal 2002–2025, con cortes en cada cambio de gobernador, revela que las rupturas políticas no se tradujeron en rupturas en la violencia. La curva sigue su propio curso, indiferente a los discursos de campaña o a las tomas de protesta. La violencia tiene memoria larga, y los gobiernos parecen tener memoria corta.
Pero el verdadero rostro de la justicia no está en la incidencia delictiva, sino en el embudo que sigue a cada denuncia. El modelo preliminar, armado con promedios estatales, es brutal: de cada 100 delitos denunciados, apenas una fracción llega a judicialización; de esos, menos de la mitad se vinculan a proceso; y de las sentencias condenatorias en primera instancia, una parte significativa se pierde en apelaciones y amparos. El resultado final es que las sentencias firmes son apenas un residuo estadístico. La justicia se evapora en cada etapa del proceso, como agua que se filtra por un colador demasiado grande.
La cifra negra, esa proporción de delitos que nunca se denuncian, agrava el panorama. Los datos de ENVIPE muestran que la mayoría de los delitos ni siquiera llegan a la agencia del Ministerio Público. Si sumamos la cifra negra al embudo de justicia, el resultado es un índice de impunidad que supera cualquier discurso oficial. La pregunta no es si los gobiernos fueron eficientes o ineficientes: la pregunta es si alguna vez existió un sistema de justicia capaz de procesar la violencia con seriedad.
El ranking comparativo por sexenio, armado con los cruces de judicialización y sentencias firmes, exhibe la inercia institucional. Hay gobiernos que lograron mejorar marginalmente la proporción de carpetas judicializadas, otros que presumieron sentencias condenatorias, pero ninguno logró consolidar un sistema que garantizara justicia firme y efectiva. La Fiscalía y el Poder Judicial han sido más eficientes en justificar su presupuesto que en garantizar justicia. Los números son claros: la impunidad es la constante, y la justicia la excepción.
La conclusión es inevitable: la desaparición de poderes no es una pregunta retórica ni un recurso político. Es una consecuencia lógica de un sistema que ha demostrado ser incapaz de cumplir su función básica. Si la justicia no existe en los hechos, ¿qué sentido tiene mantener la ficción institucional? La columna vertebral del Estado de derecho está fracturada, y cada sexenio ha contribuido a profundizar la grieta. La violencia se acumula, la impunidad se reproduce, y los discursos se reciclan. El resultado es un Estado que existe más en el papel que en la realidad.
La ironía es que cada gobierno presume cifras, programas y estrategias, pero ninguno se atreve a mostrar el embudo completo. Se habla de detenciones, de operativos, de coordinación interinstitucional, pero se oculta el dato más importante: cuántos delitos terminan en sentencias firmes. La transparencia se convierte en opacidad, y la rendición de cuentas en propaganda. El ciudadano común, que vive la violencia en carne propia, sabe que la justicia es una promesa incumplida. La columna Bajo la Lupa no necesita adornos: basta con mostrar las cifras para que la narrativa oficial se derrumbe.
El ejercicio de comparar sexenios no es un juego de números, es un ejercicio de memoria histórica. La violencia no empezó ayer ni terminará mañana. Es un fenómeno que se reproduce porque las instituciones han sido incapaces de romper la inercia. La impunidad es el verdadero legado de cada gobierno, y el ranking comparativo lo demuestra. No hay discurso que pueda ocultar que la justicia en Michoacán es una ficción estadística. La desaparición de poderes no es un castigo político, es un diagnóstico institucional, ojalá lo aprendan aquellos que andaban urgidos de pedir la desaparición de poderes en Michoacán en días pasados.
La columna se cierra con una pregunta que no necesita respuesta: ¿qué gobierno fue más ineficiente? La gráfica lo dice todo. La justicia no se mide por discursos, se mide por sentencias firmes. Y en Michoacán, las sentencias firmes son apenas un espejismo. La conclusión es clara: la justicia nunca existió, y la impunidad es el verdadero poder que gobierna.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
¿Violencia política simbólica? Si, algunos simpatizantes de la señora presidenta municipal de Uruapan, GRECIA QUIRÓZ, acusaron a los organizadores de la reunión de trabajo del gabinete de seguridad con el sector productivo y social de Uruapan, de ejercer “violencia política simbólica” en contra de la alcaldesa por el hecho de haberla ubicado en un extremo de la cabecera de la mesa. ¿En serio? Cierto es una mujer y como cuál se le debe tratar, pero en este caso, quienes presidian dicha mesa fueron dos secretarios de estado y el gobernador de Michoacán. ¿Dónde se le hubiera ubicado según sus simpatizantes? Parece que están exagerando en una victimización inexistente.
Según la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR no es ni puede ser damnificado electoral, por el surgimiento del llamado “Movimiento del Sombrero” y la potencial postulación de uno de sus miembros como candidato o candidata al gobierno de Michoacán. Según los azules, de lograr la postulación por la vía independiente, sería a Morena a quien le restaría la mayoría de votos que obtenga. ¿Usted qué cree?
Por fin, ya hay patentes en la Nicolaita. La rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ agradeció al DR. SANTIAGO NIETO el respaldo a la UMSNH con el otorgamiento de ocho patentes a investigadoras e investigadores. Lo calificó como prueba de que la investigación nicolaíta es puntera en México. Importante, sin duda, sobre todo si recordamos lo que aquí dijimos meses atrás: en toda su historia, la Universidad Michoacana apenas ha registrado 25 patentes. Sí, leyó bien: ¡en toda su historia!