Hertz Manero, salida a la mexicana (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*HERTZ MANERO, SALIDA A LA MEXICANA.
*CUANDO EL ESCRUTINIO CRÍTICO SE VUELVE CRIMEN.
*“COATLICUE” Y LA LÓGICA MONUMENTAL DE LA 4T.

• MISCELÁNEA POLÍTICA.

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (01-XII-2025).- La caída de ALEJANDRO GERTZ MANERO como fiscal general de la república no fue un trámite administrativo, sino una operación política con todas sus letras. Atrincherado en sus oficinas, resistió hasta que el bloque oficialista le puso sobre la mesa dos opciones: licencia o renuncia. El artículo 102 constitucional dio el marco legal; la política dio el desenlace. La oferta de una embajada funcionó como salida decorosa, el clásico “exilio dorado” que neutraliza conflictos y preserva el relato oficial.

El movimiento interno fue calculado: la renuncia de CRISTINA RESÉNDIZ DURRUTI en la fiscalía de control competencial permitió que GERTZ, todavía en funciones, nombrara a ERNESTINA GODOY RAMOS en su lugar. Ese nombramiento, aparentemente administrativo, fue la jugada clave para asegurar que el despacho quedara en manos afines al poder. La ley orgánica de la FGR ampara la suplencia inmediata; la política explica la operación de reacomodo.
Este patrón no es exclusivo del ámbito federal. En Michoacán, el auditor superior MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA se volvió incómodo para el gobierno estatal. No hubo negociación ni salida digna: se recurrió a trapacerías legales para destituirlo, con un ensañamiento que dejó claro que el objetivo era eliminar al contrapeso. En contraste, el fiscal general del estado ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS supo leer el tablero: percibió que podía ser removido y negoció su salida. El resultado fue un premio político —tres notarías, una para él y dos para sus cercanos—, muestra de cómo el oficialismo convierte la destitución en transacción.
El patrón es casi patológico, pues cuando alguien estorba, se activa la maquinaria legal, pero siempre acompañada de presión política. Cuando hay margen de negociación, la salida se convierte en premio, con embajadas o notarías como moneda de cambio y cuando no hay negociación, se recurre al desgaste, la destitución abrupta y el ensañamiento.
La conducta es constante: el oficialismo no admite contrapesos. Si el actor se vuelve incómodo, se le expulsa. La diferencia está en el método: decoroso si hay pacto, brutal si no hay margen.
“CUANDO EL ESCRUTINIO CRÍTICO SE VUELVE CRIMEN”
El Congreso de Michoacán volvió a hacer de las suyas. No es la primera vez que legisla con definiciones ambiguas que terminan golpeando derechos fundamentales bajo el disfraz de proteger a las mujeres. El 19 de noviembre aprobaron reformas a la Ley por una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal, introduciendo conceptos como “violencia mediática”, “sicariato digital” y nuevas figuras vinculadas al uso de inteligencia artificial. El problema no es reconocer la violencia digital —que existe y debe sancionarse—, sino la forma en que redactaron la norma: tan amplia y subjetiva que convierte la crítica legítima en delito.
La llamada “violencia mediática” se define como cualquier información que afecte el proyecto de vida de una mujer o que desacredite su imagen e influya negativamente en la opinión pública. ¿Pero acaso no es ese el objetivo del periodismo? Documentar hechos, revelar abusos, señalar contradicciones y, sí, influir en la opinión pública. Con esa redacción, una caricatura política, un reportaje sobre corrupción o una investigación sobre contratos públicos podrían ser interpretados como agresión psicológica. Se confunden emociones subjetivas con categorías jurídicas, y se criminaliza el escrutinio democrático.
El artículo 9 bis va más lejos: sanciona producir o difundir información que afecte la imagen de una servidora pública. Es decir, blindar a quienes administran recursos públicos contra la crítica ciudadana. Se olvida que la Constitución obliga a las y los funcionarios a tolerar mayor escrutinio, precisamente porque ejercen poder. Si una nota es falsa, existen tribunales y derecho de réplica. Pero si es verdadera y documentada, no puede convertirse en delito solo porque incomoda.
El dictamen también incorpora el concepto de “sicariato digital” y castiga con cárcel la difusión de información personal que cause daño reputacional. Investigar redes políticas, patrimonio o conflictos de interés siempre tiene impacto reputacional. Así funciona el control democrático. Condicionar la cobertura periodística a que exista sentencia judicial es absurdo: el periodismo llega antes, no después.
Lo más grave es que este patrón no es nuevo. El Congreso ya ha intentado blindar a las élites con reformas que confunden crítica con violencia, reputación con derecho penal, y libertad de expresión con amenaza. Se repite la historia: definiciones vagas, conceptos inflados y un uso expansivo del derecho penal para acallar voces incómodas.
La prensa liberal del siglo XIX enfrentó al virreinato, las caricaturas políticas moldearon la opinión pública del México republicano, el Watergate derrumbó a un presidente, los Panamá Papers cambiaron leyes internacionales, el #MeToo transformó instituciones. Todos esos procesos tuvieron un efecto: afectar la imagen de personas con poder. Y menos mal que lo hicieron.
Hoy, en Michoacán, se pretende disfrazar la censura de protección. Se legisla con ambigüedad para que cualquier crítica pueda ser perseguida. El riesgo es claro: convertir el periodismo responsable en “violencia mediática” y blindar a las servidoras públicas contra el escrutinio ciudadano. No es la primera vez que el Congreso lo intenta, pero sí es una de las más peligrosas. Porque cuando se criminaliza la crítica, lo que se erosiona no es la reputación de un funcionario: es la democracia misma.
Ojalá que esta reflexión pudiera servir de motivación, para que algún diputado de la 76 legislatura michoacana, promoviera una iniciativa que corrigiera este entuerto, en lugar de producir videos en redes sociales, lanzando amenazas como alguno lo está haciendo, en lugar de darles pena.
COATLICUE Y LA LÓGICA MONUMENTAL DE LA 4T.
Antes de entrar: esta columna se sustenta en consultas con técnicos y especialistas en supercómputo, entre ellos el físico mexicano LUIS FERNANDO AREÁN —maestro en Computer Sciences por Stanford y con una década de experiencia en el centro de supercómputo IDRIS del CNRS en Francia—. Ellos sostienen las críticas aquí expuestas. Yo no soy especialista, pero investigo, contrasto y pregunto para llevar una opinión informada al espacio público.
COATLICUE, la supercomputadora mexicana presentada con bombo y platillo, es el nuevo ejemplo del viejo esquema de la 4T: obras de gran calado, pero de dudosa utilidad social. Como antes con el TREN MAYA o la refinería de DOS BOCAS, el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y ahora el de CLAUDIA SHEINBAUM insisten en la lógica del tamaño y el espectáculo, más que en la pertinencia y el rendimiento.
Los datos son contundentes: con 314 petaflops, COATLICUE se colocaría como la sexta supercomputadora más poderosa del mundo. El problema es que México carece de tradición en supercómputo, de protocolos de acceso y de una comunidad científica capaz de llenar esa capacidad de manera sostenida. Para justificar una máquina de ese calibre se requieren miles de proyectos activos y reglas claras de asignación. Lo anunciado fueron apenas tres proyectos y sin brújula.
La contradicción técnica es evidente. COATLICUE presume un arsenal de 15,000 GPUs, pensados para inteligencia artificial. Sin embargo, los proyectos iniciales —prospección petrolera y simulación meteorológica— son típicos de HPC (High Performance Computing), que se optimizan con CPUs. La infraestructura dice “IA”; los usos dicen “HPC”. Y el tercer proyecto, el del SAT para detectar fraude fiscal, raya en lo absurdo: se trata de minería de datos, que no requiere supercómputo. Es, como dicen los especialistas, matar moscas a cañonazos.
Más grave aún es la ausencia de gobernanza. En centros como IDRIS, en Francia, existen comités científicos especializados que evalúan proyectos y asignan recursos. Aquí no hay nada parecido. Sin protocolos, sin diagnóstico de necesidades y sin participación de la comunidad científica, COATLICUE corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco tecnológico.
La pregunta de fondo es quién usará COATLICUE y bajo qué reglas. ¿Instituciones públicas con acceso gratuito? ¿Empresas privadas con cobro? ¿Investigadores extranjeros? Sin un diagnóstico del uso actual ni una proyección de demanda, se dimensiona al revés. El supercómputo moderno permite crecer por módulos conforme la demanda y la madurez operativa. Empezar con un monstruo sin ecosistema es una apuesta más política que técnica.
El patrón es claro: la 4T privilegia la monumentalidad. Se trata de obras presentadas como símbolos de modernidad y poder, pero sin estudios de demanda, sin participación de especialistas y sin modelo de negocio. COATLICUE parece diseñado más como un concurso de tamaño que como una infraestructura calibrada a las necesidades reales del país.
Coatlicue podría ser una oportunidad para ordenar la política científica: gobernanza estricta, comunidad involucrada, diagnóstico de demanda y crecimiento modular. Lo anunciado va en sentido contrario. No es una crítica a la ciencia ni a la ambición tecnológica; es una exigencia de seriedad. Si vamos a gastar en grande, que sea con reglas, uso real y resultados medibles. Si no, será otra obra que presume tamaño y entrega poco.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
FREDY RAMÍREZ BEDOLLA, urgido de oxígeno político tras la crisis de seguridad que le estalló con el asesinato de CARLOS MANZO, se aferra a los mítines multitudinarios como si fueran terapia de imagen. Entre consignas y cifras infladas, convierte la tragedia en plataforma para relanzar su figura y, de paso, regalarle reflectores a su corcholata consentida, GLADYZ BUTANDA, que ya habla de defender el “legado” rumbo a 2027. Ironías de la 4T: mientras Michoacán se desangra, el gobernador presume récords y ejércitos guindas, como si la propaganda pudiera tapar las balas.
El profe RAÚL MORÓN no quiso quedarse atrás y, como FREDY, también desempolvó la liturgia guinda: reuniones “organizativas” que en realidad son actos anticipados de campaña, disfrazados de respaldo a SHEINBAUM. La ironía es que, mientras la ley prohíbe adelantar tiempos, los boletines se llenan de convocatorias al Zócalo y frases épicas sobre la “revolución pacífica de las conciencias”. En el fondo, es la misma carrera adelantada, con distinto disfraz y el mismo apetito por la foto y el aplauso.