Michoacán en números rojos: Municipios al borde del colapso (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*EL ZÓCALO HABLÓ. ¿ESCUCHARÁ EL PODER?
*MICHOACÁN EN NÚMEROS ROJOS: MUNICIPIOS AL BORDE DEL COLAPSO.
*“LA CONFESIÓN QUE DESNUDA A MORENA”
*¡POR FIN! INICIA FREDY CAMBIOS EN EL GABINETE.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (17-XI-2025).- Una marcha que desbordó el relato oficial, pues el sábado 15 de noviembre, miles de ciudadanos tomaron las calles en más de 20 ciudades del país. En la Ciudad de México, la movilización culminó en un Zócalo completamente lleno, como lo demuestra una imagen captada a las 12:53 pm: la plancha ocupada de extremo a extremo, con banderas, pancartas y un escenario central.

Aunque el gobierno capitalino reportó apenas 17 mil asistentes, estimaciones comparativas con eventos similares —como la marcha del INE en 2022 o el cierre de campaña de AMLO en 2018— sugieren una cifra mucho mayor. Con base en la densidad visual y la superficie del Zócalo (46,800 m²), la asistencia real pudo oscilar entre 90,000 y 140,000 personas, sin contar los contingentes que marcharon desde el Ángel ni los que quedaron fuera por los bloqueos de acceso.
¿Quién convocó? Esta interrogante circula en medios y en las redes, pues lo heterogéneo de los asistentes ha generado esa especulación pero sobre todo, descalificaciones a la marcha, empero, la protesta fue detonada por el asesinato del alcalde de Uruapan, CARLOS MANZO, ocurrido el 1 de noviembre. A partir de ese hecho, jóvenes organizados en redes sociales —identificados como parte de la Generación Z— comenzaron a convocar a una marcha nacional.
El lema “Todos somos CARLOS MANZO” se convirtió en consigna central, y su familia, así como integrantes del Movimiento del Sombrero, participaron activamente.
La convocatoria fue ciudadana, sin partidos ni estructuras tradicionales. Aun así, el oficialismo intentó etiquetarla como una maniobra de la derecha.
Las 12 exigencias ciudadanas, hechas públicas en el pliego petitorio leído al inicio de la marcha incluyó 12 puntos centrales, todos orientados a recuperar el control ciudadano sobre las instituciones y frenar la concentración de poder:
1.Revocación ciudadana del mandato presidencial, activada exclusivamente por iniciativa ciudadana. 2.Elección directa del sustituto presidencial en caso de vacancia, sin designación partidista., 3.Descentralización del poder político, con límites claros al control del Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial., 4.Auditoría ciudadana permanente sobre el gasto público y los contratos gubernamentales., 5.Protección constitucional a la protesta pacífica, sin criminalización ni represión., 6.Reforma al sistema de justicia, con jueces electos por méritos y no por cuotas partidistas., 7.Transparencia total en seguridad pública, incluyendo operativos, presupuesto y resultados., 8.Blindaje institucional contra el nepotismo y el clientelismo en todos los niveles de gobierno., 9.Garantías reales de acceso a salud, educación y vivienda, sin condicionamientos políticos., 10.Fin al uso electoral de programas sociales, con padrones públicos y fiscalización independiente., 11.Reconocimiento legal de movimientos ciudadanos apartidistas, con voz en el Congreso y 12.Creación de un Consejo Nacional de Vigilancia Ciudadana, con facultades vinculantes.
Estas exigencias fueron difundidas en redes sociales el día previo a la marcha y leídas en voz alta por los organizadores en el Zócalo.
Cobertura y silencios, lograron poca diferencia, mientras medios como Quadratín, ADN40 y La Silla Rota cubrieron la marcha con enfoque en su carácter pacífico y juvenil, la narrativa oficial se centró en descalificarla. La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM afirmó que “ni es de jóvenes ni está justificada”, y el aparato de comunicación de Morena intentó reducirla a una provocación conservadora.
Infiltración violenta: ¿quién los mandó? La jornada fue empañada por la irrupción de grupos encapuchados con explosivos y herramientas, que provocaron enfrentamientos con la policía. La ciudadanía no participó ni alentó estos actos; fue víctima de ellos. La Secretaría de Seguridad reportó 100 policías heridos y 20 detenidos, pero no ha esclarecido el origen de los provocadores.
La hipótesis de infiltración deliberada por parte de instancias gubernamentales no es descabellada. La violencia sirvió para justificar el cerco, desviar la atención mediática y reforzar la narrativa oficial de “peligro reaccionario”.
La división como estrategia, pues más allá de los hechos, lo que quedó claro es que no existe una narrativa oficial que promueva la unidad nacional. El gobierno federal y los estatales de Morena insisten en dividir al país entre “buenos” y “malos mexicanos”. Esa polarización no es un accidente: es una estrategia de control. La marcha del 15 de noviembre evidenció esa fractura. Y la respuesta institucional confirmó que la división es política de Estado.
¿Por qué necesita Sheinbaum el respaldo de 24 gobernadores? Tras la marcha, los 24 gobernadores morenistas emitieron un manifiesto conjunto respaldando a la presidenta. ¿Por qué necesita ese respaldo? Porque la movilización ciudadana tocó una fibra que el poder no controla: la indignación apartidista.
El documento condena la violencia —sin esclarecer su origen— y advierte sobre “la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común”. ¿Posible? ¿A estas alturas, con encapuchados armados y policías heridos, el gobierno sigue hablando en condicional?
La ambigüedad no es inocente. Sirve para sembrar sospechas sin asumir responsabilidades. Y el respaldo masivo de los gobernadores no es institucional: es defensivo. Es el reflejo de un régimen que se siente interpelado por la calle y responde con alineación, no con escucha.
El mensaje es claro. Ignorarlo sería suicida. La marcha no fue un capricho ni una provocación partidista. Fue una sacudida ciudadana que exige atención. Si el gobierno insiste en descalificarla como una maniobra de “la derecha” y se niega a leer el mensaje profundo que la calle le envió, está cavando su propia trinchera rumbo a 2027.
La gente salió a exigir unidad, justicia y representación. Pero el régimen responde con estigmas, bloqueos y confrontación. En lugar de construir puentes, parece cómodo en la polarización, como si la división del país fuera su zona de confort. La 4T tiene dos caminos: escuchar o endurecerse. Si elige lo segundo, no será la oposición quien la detenga, sino la ciudadanía que ya aprendió a marchar sin permiso.
MICHOACÁN EN NÚMEROS ROJOS: MUNICIPIOS AL BORDE DEL COLAPSO
A estas alturas del año, cuando los municipios deberían estar afinando el cierre fiscal y garantizando el pago de aguinaldos, la realidad es otra: más de la mitad de los 113 ayuntamientos de Michoacán están en crisis. No lo dicen abiertamente, pero los hechos son contundentes: la federación ha recortado las participaciones federales y los municipios están pagando la factura.
Recortes silenciosos, consecuencias estruendosas.
Desde agosto, al menos 60 municipios han reportado reducciones en sus participaciones federales. El recorte acumulado para Michoacán en 2025 ronda los 1,200 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Finanzas estatal. Esto representa una caída de más del 10% respecto al presupuesto aprobado por el Congreso local.
Los municipios más afectados son aquellos con menor recaudación propia y alta dependencia de recursos federales: zonas rurales, cabeceras pequeñas y ciudades medias como Panindícuaro, Uruapan, Apatzingán, Hidalgo, Zacapu, Paracho y La Piedad.
Hoy, el municipio de Uruapan se puso el epicentro de la tormenta, el caso de la Perla del Cupatitzio es paradigmático. Según se reveló a los medios de comunicación, el ayuntamiento se quedó sin liquidez para cubrir nómina, aguinaldos y servicios esenciales. La administración municipal ha contratado más de 300 millones de pesos en deuda entre 2024 y 2025, incluyendo:
Aun así, no alcanza. La presidenta municipal suplente, Grecia Quiroz, reconoció que el momento es “delicado” y que ya negocian con la Secretaría de Finanzas estatal un rescate financiero para evitar el colapso.
El patrón se repite: deuda, adelantos y parálisis es lo que se percibe, pues otros municipios han seguido la misma ruta: solicitar adelantos de participaciones, contratar créditos de corto plazo y postergar pagos a proveedores. El problema: los ingresos no crecen, pero las obligaciones sí. Y en diciembre, los compromisos laborales son ineludibles. A nivel nacional el asunto no merma, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) advirtió que más de 800 municipios en el país enfrentan dificultades para pagar aguinaldos este año. En Michoacán, la cifra podría superar los 70, según estimaciones extraoficiales.
¿Y el gobierno estatal? La administración de ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA ha reconocido los recortes, pero ha evitado confrontar abiertamente a la federación. En cambio, ha ofrecido “acompañamiento técnico” y posibles rescates parciales, aunque sin reglas claras ni montos definidos. Mientras tanto, los alcaldes enfrentan la presión de sindicatos, proveedores y ciudadanía. Algunos ya advierten que no podrán pagar en tiempo y forma. Otros, simplemente, guardan silencio.
Conclusión: el silencio también es una forma de quiebra La narrativa oficial insiste en que todo marcha bien. Pero los números, los adeudos y las nóminas impagas cuentan otra historia. La crisis municipal no es un accidente: es el resultado de una política de recentralización presupuestal, de opacidad en la distribución de recursos y de una peligrosa normalización del endeudamiento como única salida.
Este fin de año, muchos municipios no cerrarán con cuentas claras, sino con las manos vacías. Y lo peor: sin margen para exigir, sin voz para denunciar y sin recursos para gobernar.
“LA CONFESIÓN QUE DESNUDA A MORENA”
RUBÉN ROCHA MOYA no midió el calibre de sus palabras cuando, con aparente tranquilidad, confesó que su candidatura a gobernador de Sinaloa fue una imposición directa de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. No ganó las encuestas internas de Morena, las perdió frente al “QUÍMICO” BENÍTEZ, pero la amistad con el entonces presidente bastó, para que se borraran los resultados y se le entregara la candidatura.
La revelación no es menor: Morena ha sostenido que las encuestas son su método democrático de selección, pero ahora queda claro que son un instrumento maleable, sujeto a la voluntad del líder. El golpe es doble: a la militancia que empieza a desconfiar del mecanismo y al partido que presume legitimidad en cada proceso.
De cara al 2027, la confesión de ROCHA abre un flanco peligroso. Ahora, en Michoacán, los aspirantes sabrán que ganar una encuesta no garantiza nada, y la oposición tendrá un argumento de oro para exhibir la simulación interna del partido guinda. Morena enfrenta un dilema: transparentar sus procesos o asumir que la palabra del líder pesa más que cualquier encuesta.
En política, las confesiones tienen consecuencias. Y la de ROCHA MOYA desnudó a Morena.
¡POR FIN! INICIA FREDY CAMBIOS EN EL GABINETE.
El gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA cumplió el guion que anticipamos: este domingo nombró a JOSÉ ANTONIO CRUZ MEDINA como nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán y a RAMSÉS ADALID VEGA SAYABEDRA como subsecretario de Operación Policial. Ambos relevos no son aislados: son el primer movimiento de una reestructuración mayor que apunta a un finiquito sexenal bajo tutela federal.
La propuesta de CRUZ MEDINA vino desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, con el sello de OMAR GARCÍA HARFUCH. BEDOLLA no marca la agenda, la ejecuta. El asesinato del alcalde de Uruapan, CARLOS MANZO, fue el detonante, pero la presión ya venía acumulada: organizaciones gremiales de periodistas exigían la destitución del secretario saliente, señalando omisiones graves en protección a la prensa, negligencia institucional y reiteradas agresiones a periodistas de las que el titular despedido fue protagonista principal.
Cruz Medina llega con credenciales académicas y experiencia operativa, pero también con la misión de alinear Michoacán al nuevo esquema nacional de seguridad. Su nombramiento no responde a una estrategia local, sino a una lógica de control desde Palacio Nacional.
Por su parte, RAMSÉS VEGA SAYABEDRA no llega limpio: tiene señalamientos públicos por su desempeño anterior, lo que contradice el discurso oficial de “profesionalización y disciplina”. Su perfil militar refuerza la línea de endurecimiento táctico, pero abre un flanco de vulnerabilidad política.
Lo que sigue no es menor. Este ajuste en seguridad es apenas el inicio de una reestructuración más amplia del gabinete. Versiones internas apuntan a posibles cambios en Gobierno, Finanzas y Educación. BEDOLLA busca recomponer su administración para cerrar el sexenio con oxígeno político, aunque sea prestado.
En resumen: Michoacán no vive una estrategia de seguridad, vive una administración en modo contención. Los relevos no son decisión, son reacción. Y el gobernador, lejos de liderar, administra la crisis bajo supervisión federal.