La Investigación Inexistente que se Volvió Noticia (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*EL FRACASO DE ATACAR LAS CAUSAS
*LA INVESTIGACIÓN INEXISTENTE QUE SE VOLVIÓ NOTICIA
*MISCELÁNEA POLÍTICA
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (12-XI-2025).- Desde la campaña de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la consigna fue clara: para combatir la inseguridad hay que “atacar las causas”. Se multiplicaron pensiones, becas y programas sociales por billones de pesos.

Sin embargo, una causa persistente y determinante ha quedado fuera del foco público y presupuestal: la disfunción conductual en la infancia y la adolescencia, ese caldo de cultivo por el que el crimen organizado pesca y forma a sus reclutas desde los 10 años en adelante.
Los problemas de conducta —trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, dificultades de autorregulación, absentismo escolar y conductas de riesgo en adolescentes— no son anécdotas domésticas.
Son factores predictivos de reclutamiento y violencia cuando el Estado no ofrece respuestas profesionales oportunas. La historia educativa mexicana sí conoce respuestas parciales: USAER, CAPEP, CAM y equipos itinerantes han funcionado en momentos como apoyo; nunca han sido masivos, permanentes ni acompañados de un plan de formación profesional y salarios dignos.
El coste de la omisión ya lo estamos pagando en criminalidad juvenil, internamientos, violencias en centros y reinserciones fallidas, el homicida de CARLOS MANZO con apenas 17 años lo demuestra. Miles de adolescentes han transitado por el sistema penal por delitos de alto impacto; muchos fueron captados por redes criminales tras años de desatención escolar, familiar y comunitaria.
Mientras se gastan recursos en transferencias y subsidios, no existe una estrategia nacional congruente para identificar, tratar y acompañar a la niñez con problemas conductuales desde preescolar hasta media superior.
QUÉ DEBEN HACER LAS AUTORIDADES YA
Crear una red nacional y estatal de Centros de Atención Conductual para Niños y Jóvenes integrada al sistema educativo público y articulada con salud, desarrollo social y justicia restaurativa.
Incorporar detección temprana, intervenciones psicoeducativas y terapéuticas, programas de acompañamiento familiar y rutas de protección frente al reclutamiento del crimen organizado.
Formar y contratar en masa a profesionales: psicólogos clínicos, psicopedagogos, psiquiatras infantiles, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y equipos interdisciplinarios, con plazas estables y sueldos decentes. Convertir a USAER, CAPEP y CAM en núcleos de expansión, estandarizando protocolos, capacitación continua y cobertura territorial.
POR QUE ESTO REQUIERE UNA REFORMA LEGAL Y PRESUPUESTAL
Sin mandato legal ni presupuesto garantizado, las iniciativas quedan a la discrecionalidad administrativa y a los vaivenes políticos. Para que los centros existan, funcionen y permanezcan:
-Hace falta que el Congreso (federal y/o congresos estatales) obligue al Poder Ejecutivo, vía la Ley General de Educación o sus equivalentes estatales, a incorporar la obligación de crear y sostener Centros de Atención Conductual como parte del servicio educativo público.
-Esa obligación normativa debe acompañarse de una reforma al Presupuesto de Egresos —federal y/o estatal según corresponda.
— que asigne partidas específicas y crecientes para infraestructura, formación de recursos humanos, operación y evaluación independiente.
-El financiamiento debe contemplar montos suficientes para contratar profesionales con condiciones laborales que eviten la fuga hacia el sector privado o la precariedad que degrada la calidad del servicio.
EXHORTO FINAL A LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Diputadas y diputados: la retórica de “combatir las causas” será coherente cuando legislen y presupuesten. Así que… podrían:

1. Diseñar y presentar, con carácter urgente, una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación (o su equivalente estatal) que obligue a la Secretaría de Educación a crear la red de Centros de Atención Conductual para Niños y Jóvenes integrados al sistema escolar.
2. Acompañar esa iniciativa con una reforma vinculante al Presupuesto de Egresos que asigne recursos plurianuales, específicos y auditables para la infraestructura, la formación de profesionales y sueldos dignos.
3. Establecer mecanismos de evaluación independiente, transparencia y rendición de cuentas para que los recursos se traduzcan en resultados: menor reclutamiento juvenil, mejoría en la convivencia escolar y trayectorias educativas restauradas.
4. Priorizar la coordinación intersectorial (educación, salud, desarrollo social, seguridad y procuración de justicia) y la participación comunitaria y de organizaciones civiles especializadas en infancia y adolescencia.
   No es solo una cuestión educativa: es seguridad pública, prevención y reparación. Si de verdad queremos que los programas sociales no sean parches, hay que apostar por instituciones sólidas que detecten, atiendan y rehabiliten a los niños y adolescentes en riesgo.
   Crear esos centros y construir el ejército profesional que los atienda con salarios decentes no es gasto: es inversión en tejido social, en prevención del crimen y en futuro.
   Diputadas y diputados: legislen y presupuesten. El silencio y la postergación tienen ya un precio en sangre que el país no puede —ni debe— seguir pagando.
   LA INVESTIGACIÓN INEXISTENTE QUE SE VOLVIÓ NOTICIA.
   En la era de la inmediatez cualquier versión se convierte en verdad provisional. El rumor de una supuesta investigación de Estados Unidos contra el fiscal de Michoacán CARLOS TORRES PIÑA, se propagó como pólvora: declaraciones en mesas de análisis, notas repetidas y titulares categóricos. Al revisar las oficinas oficiales —tanto en México como en Estados Unidos— no aparece rastro documental que sostenga la aseveración.
   LO QUE CIRCULA Y POR QUÉ ES PELIGROSO
   • Versiones periodísticas basadas en fuentes no identificadas o interpretaciones de comentarios analíticos se mezclan con fragmentos del caso del homicidio del alcalde de Uruapan.
   • La difusión sin documentos convierte hipótesis en certezas y erosiona el debido proceso, además de desorientar a la opinión pública.
   • Cuando la prensa replica sin evidencias, contribuye a un ecosistema informativo donde la desinformación permea decisiones políticas, sociales y judiciales.
   QUÉ VERIFICAMOS Y QUÉ HALLAMOS
   • Se consultaron versiones públicas y pronunciamientos oficiales disponibles: no existe, hasta donde permiten las fuentes públicas revisadas, comunicado, expediente público o nota oficial de agencias estadounidenses que confirme una investigación formal contra el fiscal.
   • Sí hay constancias periodísticas y declaraciones sobre una medida de protección al alcalde Carlos Manzo derivada de un estudio de riesgo y una resolución judicial; la documentación completa del expediente no ha sido puesta en copia pública en los portales revisados.
   NO ES DEFENSA; ES COMBATE A LA DESINFORMACIÓN
   Este texto no pretende defender ni absolver a persona alguna. Tampoco es un ejercicio de simpatía institucional o de complacencia con el poder. Su propósito es otro: aportar al combate contra la desinformación.
   En el fragor informativo se cometerá el error de interpretar esta columna como una defensa del fiscal. Es posible que algunos recurran a adjetivos descalificadores —“chayotero”, “vendido”, “tapadera”— para desacreditar la crítica al rumor.
   No es ese el punto. Defender la verificación no es defender impunidad, y exigir documentos no equivale a proteger a sospechosos: equivale a exigir responsabilidad periodística. El periodismo serio debe separar su obligación de escrutinio de la obligación de publicar sólo lo que pueda probarse.
   CONSECUENCIAS REALES DE PUBLICAR HIPÓTESIS COMO HECHOS
   • Afectación del debido proceso y la presunción de inocencia.
   • Daño reputacional inmediato e irreversible sobre personas e instituciones.
   • Distracción de investigaciones legítimas que requieren discreción y coordinación institucional.
   • Alimentación de narrativas que pueden servir a intereses políticos o criminales.
   LLAMADO A LA PRUDENCIA Y A LA ACCIÓN VERIFICADORA
   • Redacciones y analistas deben distinguir claramente entre: información documentada; filtraciones verificadas con fuentes identificables; y conjeturas periodísticas.
   • Exigir oficios, expedientes o comunicados no es pedir “pruebas imposibles”: es pedir la mínima responsabilidad antes de publicar acusaciones graves.
   • Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de transparentar cuando corresponda y de desmentir cuando circulan versiones que pueden afectar el interés público.
   En un bosque de rumores, el periodismo serio debe actuar como herramienta de claridad: no para blindar a nadie, sino para impedir que la ficción ocupe el espacio de la investigación documentada. Hasta que no exista evidencia pública y verificable de una investigación estadounidense contra el fiscal, la versión debe mantenerse en su lugar: hipótesis periodística, no certeza. Publicar lo contrario sería reforzar el problema que esta columna se propone combatir.
   MISCELÁNEA POLÍTICA
   La Marina desplegará equipos de alta tecnología y unidades especializadas en investigación en Michoacán como parte de operaciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; el titular OMAR GARCÍA HARFUCH llegará a Morelia este jueves para articular acciones, aunque las autoridades no precisaron aún detalles operativos ni fechas de intervención.
   La asociación civil Somos México celebró en Lázaro Cárdenas la octava de once asambleas constitutivas requeridas en Michoacán para su registro como partido nacional; el INE validó el quórum con más de 400 afiliados fundadores y el movimiento reporta haber completado 154 de las 200 asambleas que exige la legislación electoral a nivel nacional. Contra viento y marea, TOÑO GARCÍA CONEJO hay la lleva. ¿Lo logrará?
   LUIS GONZÁLEZ PLACENCIA, secretario general de la ANUIES, advirtió ante senadores que el proyecto de presupuesto para universidades generará un déficit acumulado que compromete la expansión de matrícula y la operación institucional. En contraste, la Universidad Michoacana cuenta con el Presupuesto Pleno, que garantiza constitucionalmente el 4.5% del presupuesto estatal, blindando a la UMSNH frente a recortes y asegurando recursos para nómina y servicios básicos.
   Por tercera ocasión, juezas, jueces y magistrados federales cesados por la reforma judicial de 2024 convocaron una marcha pública para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales e indemnizaciones; la protesta se realizará el miércoles 12 de noviembre, con salida desde el Órgano de Administración Judicial hasta el antiguo edificio del Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur, CDMX.
   La crisis de inseguridad, violencia y violaciones a derechos humanos en Michoacán persiste pese a gobiernos de distintos partidos; especialistas advierten que la entidad ha funcionado como laboratorio de “políticas de seguridad” y planes que no han logrado detener el ciclo de violencia ni garantizar la protección ciudadana.
   La delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, OMEGA VÁZQUEZ, publicó un video promocional de sombreros de Sahuayo en plena conmoción por el asesinato del alcalde CARLOS MANZO; la pieza fue percibida como falta de sensibilidad y provocó una ola de críticas en redes, mientras la funcionaria dijo que su intención era apoyar a los artesanos. Chistosita la doña.