El movimiento campesino sacude al país (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*PERIODISMO BAJO FUEGO
*CESMICH: MANOTAZO POLÍTICO Y REDISEÑO ECONÓMICO
*EDUCACIÓN SUPERIOR: LA OTRA CARA DEL CONFLICTO
*EL MOVIMIENTO CAMPESINO SACUDE AL PAÍS.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (29-X-2025).- Asesinatos, censura judicial y el nuevo manual del poder. En los primeros trece meses del gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, ocho periodistas han sido asesinados en México. Ocho. No es una cifra menor ni un accidente estadístico: es un síntoma. Pero lo más alarmante no es solo el plomo, sino la toga. La clase política ha encontrado en el Poder Judicial una nueva herramienta para silenciar voces críticas: la criminalización del periodismo.

LOS NOMBRES QUE EL PODER QUISIERA BORRAR
Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los siguientes periodistas fueron asesinados:
1.- MAURICIO CRUZ SOLÍS, asesinado en Michoacán el 29 de octubre de 2024.
2.- PATRICIA RAMÍREZ GONZÁLEZ, conocida como “Paty Bunbury”, ejecutada en Colima un día después.
3.- ADRIANO BACHEGA, periodista brasileño radicado en Nuevo León, asesinado el 3 de diciembre.
4.- CAYETANO DE JESÚS GUERRERO, ejecutado en el Estado de México en enero.
5.- ALEJANDRO GALLEGOS LEÓN, fotoperiodista de Tabasco, asesinado el 25 de enero.
6.- KRISTIAN URIEL ZAVALA, director del medio digital El Sinaloense Mx, asesinado en Guanajuato en marzo.
7.- IRÁN VILLARREAL BELMONT, también en Guanajuato, asesinado el 14 de marzo.
8.- JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ HERRERA, conocido como “Ave Fénix”, asesinado en Guerrero en mayo.
De estos casos, solo uno está siendo investigado como posible crimen vinculado al ejercicio periodístico.
CAMPECHE: EL LABORATORIO DE LA CENSURA JUDICIAL
Pero si el asesinato es el último recurso, el expediente judicial se ha convertido en el primero. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román ha cruzado una línea peligrosa: utilizar al Poder Judicial como garrote político. El caso más grave es el del periodista JORGE GONZÁLEZ VALDÉS, exdirector del periódico Tribuna, fundado por el propio padre de la gobernadora. En un hecho sin precedentes, un juez local ordenó:
El cierre definitivo del medio Tribuna.
La prohibición expresa a GONZÁLEZ VALDÉS de ejercer el periodismo.
Su vinculación a proceso penal por el presunto delito de “incitación al odio” contra la gobernadora.
¿El motivo? Publicaciones críticas sobre la gestión de SANSORES. La Fiscalía estatal también ha solicitado a medios como Telemar y Novedades de Campeche información sobre periodistas que han cuestionado al gobierno, en lo que parece una estrategia de intimidación institucionalizada.
EL PRECEDENTE QUE SE ESTÁ SEMBRANDO
Este tipo de acciones no solo vulneran la libertad de expresión: la dinamitan. Si un juez puede cerrar un medio y prohibirle a un periodista ejercer su oficio por “incitar al odio” —una figura jurídica tan ambigua como peligrosa—, entonces cualquier crítica puede convertirse en delito. Cualquier denuncia de corrupción puede ser castigada como difamación. Cualquier caricatura puede ser censurada como violencia simbólica.
Y lo más grave: otros gobernadores pueden seguir el ejemplo. Si Campeche lo hizo y no hubo consecuencias, ¿por qué no hacerlo en Morelos, en Veracruz, en Sonora?
LA TOGA COMO MORDAZA
La criminalización del periodismo no es nueva, pero sí se está sofisticando. Ya no basta con descalificar a los medios como “conservadores” o “vendidos”. Ahora se les persigue con carpetas de investigación, se les embarga, se les clausura, se les impone silencio judicial. Y mientras tanto, los asesinatos siguen. El mensaje es claro: si no te callas con miedo, te callamos con ley. Y si no con ley, con plomo.
MICHOACÁN: ENTRE LA BALA Y EL EXPEDIENTE
En Michoacán, como ya se ha documentado, el asesinato de periodistas se ha vuelto una constante ominosa. La mayoría de los casos siguen impunes, y en varios, los presuntos responsables han recuperado su libertad por errores jurídicos, omisiones procesales o simple negligencia institucional. Pero antes del disparo, viene el expediente.
La clase política local ha perfeccionado el uso del aparato judicial como herramienta de coerción. Por la vía penal, se busca encarcelar al periodista incómodo. Por la vía civil, se pretende quebrarlo económicamente, obligarlo a gastar lo que no tiene, a defenderse con lo que le queda, a perder lo poco que ha construido. El objetivo no es la justicia, sino el desgaste. No es la reparación, sino el castigo.
Quien esto escribe ha enfrentado más de una docena de procedimientos judiciales en los últimos años, todos cortesía de actores políticos que no toleran la crítica ni la memoria. No buscan justicia, buscan silencio. Y si no lo consiguen con amenazas, lo intentan con demandas. Si no con demandas, con carpetas. Y si no con carpetas, con balas.
Este es el nuevo manual del poder: judicializar primero, asesinar después. Y mientras tanto, la libertad de expresión se convierte en un lujo que pocos pueden pagar.
CESMICH: MANOTAZO POLÍTICO Y REDISEÑO ECONÓMICO
La iniciativa enviada por FREDY RAMÍREZ BEDOLLA al Congreso de Michoacán para reformar la Ley de Desarrollo Económico no solo propone un nuevo consejo consultivo: ordena la extinción del CESMICH, órgano que presidía EDUARDO “EL BEBÉ” ORIHUELA ESTEFAN, ex priista y aliado de campaña del gobernador. En los artículos transitorios, se establece que el Ejecutivo deberá emitir un decreto de extinción en un plazo máximo de 90 días.
El nuevo Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico será un órgano sin autonomía, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, integrado por 12 miembros designados directamente por el gobernador. Se elimina la representación de sectores sociales, religiosos, ambientales, migrantes, indígenas y educativos, que formaban parte del CESMICH.
Más allá del rediseño institucional, la iniciativa desactiva políticamente a ORIHUELA, quien había intentado posicionarse como operador político sin encargo formal, presumiendo cercanía personal con BEDOLLA. Su protagonismo generó tensiones internas, y la reforma parece ser una respuesta directa: un manotazo político para cerrarle el paso y desmantelar su red de influencia, tejida con nombres de peso que, sin saberlo, fueron instrumentalizados para fines aviesos.
Entre los integrantes del CESMICH figuraban el arzobispo de Morelia, CARLOS GARFIAS MERLOS, voz respetada en temas de paz y reconciliación; la hija y un sobrino del exgobernador JAIME GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO, símbolo del priismo institucional; y líderes empresariales como JOSÉ ROBERTO SANTILLÁN FERREYRA (CCE Michoacán) y ALIPIO BIBRIESCA (Consejo Michoacano de Negocios). Todos ellos, desde sus respectivos ámbitos, aportaban legitimidad al órgano, pero fueron utilizados por ORIHUELA como escudo político y plataforma de presión, sin que mediara consentimiento ni complicidad.
La extinción del CESMICH no es solo un ajuste administrativo: es una purga estratégica que redefine quién tiene voz en el desarrollo económico del estado. BEDOLLA concentra el poder, rompe con pactos incómodos y redibuja el mapa de interlocutores. El mensaje es claro: en Michoacán, el diálogo económico será vertical, alineado y bajo control.
EDUCACIÓN SUPERIOR: LA OTRA CARA DEL CONFLICTO
En seguimiento a nuestra columna sobre la crisis en el Tecnológico de Tacámbaro y la Universidad Intercultural Indígena, llegan voces que reclaman equilibrio. No todo es omisión institucional, dicen. Hay quienes trabajan, gestionan y enfrentan inercias.
Desde la Intercultural, nos señalan que el sindicato aludido ha sido atendido en mesas formales. Que detrás del conflicto hay tintes políticos —JUAN PABLO PUEBLA, mencionan— y que la matrícula inflada y los aviadores no son invención. “Traen prácticas heredadas”, afirman. En Tacámbaro, también se apunta a un trasfondo político: Gerardo Bolaños Jiménez , conocido operador y dirigente magisterial estaría detrás del ruido. Pero hay quienes defienden a la actual directora y al dirigente SAÚL ACOSTA, destacando que la matrícula ha crecido y que se ha intentado sanear lo que dejó el gobierno de Silviano.
Trabajadores del Tecnológico aclaran: “No acusamos de autoritarismo a la directora”. Lo hacen quienes no trabajan o tienen doble plaza. Agradecen la oportunidad de ocupar cargos directivos y denuncian que aún hay 14 personas cobrando sin cumplir. “Nos ha costado levantar matrícula y finanzas. No es justo cargar con los aviadores”.
Así las cosas: mientras unos denuncian autoritarismo y simulación, otros defienden gestión, trabajo y recuperación. El conflicto no es solo institucional, también es político, laboral y de memoria. Seguiremos observando, porque la educación superior en Michoacán merece más que silencios y trincheras.
EL MOVIMIENTO CAMPESINO SACUDE AL PAÍS.
Pero el abandono ciudadano en los bloqueos revela el doble rostro del poder: exigencia legítima y negligencia institucional.
La revuelta del campo ha estallado con fuerza. Miles de productores han paralizado al menos 34 carreteras en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, exigiendo un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz y la exclusión del grano del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Esta movilización no solo confronta al gobierno, sino que dinamita la narrativa del “trato directo sin intermediarios”, esa fórmula que en nombre de la eficiencia desmanteló estructuras de apoyo, desincentivó la inversión y dejó al campo en ruinas.
El morenismo, con su asistencialismo de cartilla y dádiva, ha sido incapaz de revertir el empobrecimiento rural. La protesta campesina desnuda el fracaso de las políticas que prometieron justicia social pero terminaron profundizando el abandono. La devastación del agro no es solo económica: es también política, cultural y territorial. Y en el fondo, lo que se exige no es solo dinero, sino soberanía. Porque el maíz, más que grano, es símbolo. Y su entrega al mercado extranjero, bajo las reglas del TMEC, representa una cesión de identidad y autonomía.
Pero mientras el campo se levanta, los ciudadanos en tránsito pagan el costo del abandono. Más de 36 horas varados en carreteras bloqueadas, sin alimentos, sin sanitarios, sin medicamentos. Familias atrapadas, enfermos sin auxilio, niños sin agua. Y lo más grave: nadie aparece. Ni autoridades, ni partidos, ni asociaciones civiles que suelen posar para la foto con un bastón o una silla de ruedas. Ni la clase política que presume humanismo en discursos y redes. ¿Dónde está el humanismo de la 4T cuando la gente sufre en el asfalto?
La protesta es legítima, pero el abandono es imperdonable. El Estado no puede desentenderse de los efectos colaterales de una movilización que él mismo provocó con su negligencia estructural. La exigencia campesina debe ser escuchada, pero también debe garantizarse el tránsito, la salud y la dignidad de quienes quedaron atrapados en medio de la confrontación.
A 31 años de los Tratados de Libre Comercio, es hora de revisar el modelo. No solo por el maíz, sino por todo lo que representa: dependencia, explotación primaria, despojo. Pero también es hora de revisar el modelo político que presume cercanía con el pueblo mientras lo deja tirado en la carretera. Porque si el campo exige justicia, el ciudadano exige humanidad.