Claudia Sheinbaum, primer año de Gobierno (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*¿QUIÉN PROTEGE A LOS NIÑOS CUANDO EL ESTADO NO LLEGA?
*CLAUDIA SHEINBAUM, PRIMER AÑO DE GOBIERNO.
*MORENA, LA BRONCA ES ADENTRO, NO AFUERA.
*RETROACTIVIDAD: EL VENENO LEGISLATIVO.
*MICHOACÁN: MORIR SIN SER ATENDIDO.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (03-X-2025).- El 28 de septiembre, un dron con explosivos cayó en Zapotán, municipio de Coahuayana. No detonó, pero el mensaje fue claro: la violencia no respeta horarios ni niveles educativos. Ante el riesgo, el alcalde ANDRÉS AGUILAR MENDOZA decidió suspender clases en todos los niveles. Lo hizo públicamente, con un comunicado claro, apelando a la seguridad de estudiantes, docentes y familias.

La respuesta del gobernador FREDY RAMÍREZ BEDOLLA fue inmediata: amonestó al edil, alegando que los ayuntamientos no tienen facultades para suspender clases. “No pueden decretar códigos rojos ni suspender clases por ningún motivo”, dijo en rueda de prensa. El mensaje fue político, no jurídico.
La secretaria de Educación, GABRIELA MOLINA AGUILAR, reforzó esa postura. Afirmó que “la suspensión de clases es solo facultad de la autoridad estatal” y que el alcalde fue “extrañado” por actuar sin autorización. Citó el artículo 4 de la Ley General de Educación, que reconoce a los municipios como autoridad educativa, pero sin facultad para interrumpir actividades escolares. También apeló al artículo 101, que obliga a las escuelas a acatar disposiciones de seguridad emitidas por los tres niveles de gobierno.
Pero esa interpretación es parcial. Porque la misma Ley General de Educación, en sus artículos 8, 9 y 10, reconoce que el municipio forma parte del Sistema Educativo Nacional y tiene responsabilidad en infraestructura, seguridad y participación comunitaria. Y los artículos 160 a 162 de la Ley de Protección Civil de Michoacán facultan a los municipios para emitir medidas de protección, incluso en instalaciones educativas, cuando hay riesgo para la integridad de las personas.
Entonces, ¿qué pesa más? ¿La jerarquía política o la responsabilidad institucional? ¿La centralización del discurso o la protección de los niños?
Suspender clases por violencia no es una ocurrencia. Es una medida de contención ante un vacío de Estado. Y si el gobierno estatal no garantiza seguridad, ¿puede impedir que el municipio actúe?
La política bien hecha, como dijimos antes, no se mide por ideologías ni competencias administrativas. Se mide por una sola pregunta: ¿Esto mejora o empeora la vida de las personas?
El alcalde respondió con sentido común. El gobernador respondió con control político. La secretaria respondió con alineación institucional. Y mientras se debate quién tiene la firma, los niños siguen en riesgo.
CLAUDIA SHEINBAUM, PRIMER AÑO DE GOBIERNO.
¿Ha mejorado o empeorado la vida de las personas?
La política bien hecha no se mide por ideologías, sino por una sola pregunta: ¿esto mejora o empeora la vida de las personas? Esa es la vara que debería guiar cada decisión pública. Y si aplicamos esa lógica al actual gobierno mexicano —federal, estatal y municipal— el resultado es incómodo.
Seguridad: el país sigue atrapado entre abrazos y balazos. La estrategia de “pacificación” ha debilitado la fuerza pública, mientras el crimen organizado se consolida territorialmente. En Michoacán, la violencia no ha cedido; se ha normalizado.
Justicia: la ley se aplica con discrecionalidad. Las fiscalías estatales operan bajo presión política, la impunidad es estructural, y el ciudadano común sabe que la justicia no es garantía, sino excepción.
Infraestructura: se presume inversión social, pero en muchos municipios el gasto se diluye entre espectáculos, subsidios y propaganda. Las condiciones reales para salir adelante —vías, conectividad, salud, educación— siguen dependiendo del código postal.
Un Estado justo no ruega al delincuente que no delinca ni mendiga al desinteresado que estudie. Construye un entorno fértil donde florecer depende del esfuerzo, no de la suerte ni de la palanca. Hoy, ese entorno está fragmentado, politizado y, en muchos casos, capturado.
Y mientras ese entorno se desmorona, la narrativa oficial se multiplica. Tras rendir su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió un recorrido por los 32 estados, reuniéndose con más de 500 mil ciudadanos. Ahora, planea una concentración masiva en el Zócalo capitalino, donde se espera otra cifra similar, aunque físicamente imposible: 500 mil personas en una explanada de 46 mil metros cuadrados.
Más que rendición de cuentas, se trata de un maratón de loas y aplausos en torno al ego presidencial. Porque cuando el Estado falla en seguridad, justicia e infraestructura, lo que queda es el espectáculo.
Por eso, cualquier proyecto serio debería plantearse como una triple revolución:
• ​Seguridad para vivir sin miedo.
• ​Justicia para que la ley valga.
• ​Infraestructura para que el futuro sea accesible.
Lo demás —los discursos, los aplausos, los subsidios sin condiciones— es ruido.
Y cuando la política olvida su propósito, empezamos a vivir en el mundo al revés.
MORENA, LA BRONCA ES ADENTRO, NO AFUERA
De risa la negación de JESÚS MORA GONZÁLEZ sobre la crisis interna en Morena. No es la oposición —prácticamente inexistente en Michoacán— quien lanza los dardos, sino las propias tribus guindas que se despedazan entre sí.
La lucha encarnizada entre el grupo de RAÚL MORÓN y el del gobernador RAMÍREZ BEDOLLA ha cruzado la línea: ya no distinguen entre disputa partidista y sabotaje institucional.
Los “sicarios políticos” moronistas han optado por estigmatizar la obra pública del gobierno de la 4T, como si el desgaste interno fuera estrategia. Basta ver los posteos de BARRAGÁN —como el que circula en redes atacando el proyecto de teleféricos— para entender que el golpeteo no viene de fuera: la implosión es doméstica.
Si el dirigente estatal de Morena realmente quiere defender a su gobernador y pandilla, que revise los estatutos del partido: ahí encontrará herramientas para que los sicarios de MORÓN le bajen dos rayitas. Una cosa es ejercer la crítica y otra muy distinta es pervertirla para dinamitar desde adentro.
RETROACTIVIDAD: EL VENENO LEGISLATIVO.
El Senado aprobó reformas a la Ley de Amparo que, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo vulneran desde su médula. Con 76 votos a favor, se coló un artículo transitorio que permite aplicar la nueva ley a juicios en curso, violando el principio constitucional de no retroactividad.
El senador MANUEL HUERTA lo justificó como “cierre de espacios de impunidad”, pero ni en Morena hay consenso: JAVIER CORRAL se retiró del pleno en protesta, y RICARDO MONREAL ya pidió corregir el atropello.
La propia presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, en su mañanera, condenó el transitorio por inconstitucional. ¿Y ahora qué? La Cámara de Diputados tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el despropósito.
Se anticipa que el dictamen será modificado y devuelto al Senado sin retroactividad. Porque si algo queda claro, es que la 4T no puede legislar a golpe de revancha.
SANSORES LEGISLA PARA CASTIGAR.
Con la nueva Ley de Expropiación en Campeche, LAYDA SANSORES no sólo confirma su vocación autoritaria, sino que inaugura una peligrosa ruta de revancha institucional.
La expropiación de terrenos vinculados a ALEJANDRO MORENO —por más que el dirigente priista arrastre un historial de opacidad, enriquecimiento sospechoso y simulación patrimonial— no puede justificarse como “acto de justicia” cuando se ejecuta bajo reformas exprés, sin garantías de defensa, y con una narrativa de escarnio público.
El uso político de la utilidad pública y la amenaza explícita contra el amparo exhiben una 4T dispuesta a dinamitar el Estado de Derecho para ajustar cuentas. Que el terreno tuviera cancha de pádel o jardín para fiestas es irrelevante frente al fondo: la gobernadora legisla para castigar, no para gobernar.
MICHOACÁN: MORIR SIN SER ATENDIDO.
La tragedia de don FRANCISCO C., B., en Jacona, no sólo exhibe la violencia que sigue cobrando vidas, sino la descomposición del sistema de salud en Michoacán. Tres hospitales —IMSS-Bienestar, Juan Pablo II y San José— le negaron atención urgente tras una agresión armada.
Murió en la sala de espera, no por falta de paramédicos, sino por un sistema que se ha vuelto indolente, burocrático y fragmentado.
Dos de los hospitales que lo rechazaron, Juan Pablo II y San José, son privados, lo que agrava el dilema: ni el Estado ni el mercado responden cuando más se necesita. ¿De qué sirve presumir cobertura universal si en los momentos críticos nadie responde? La muerte de FRANCISCO no es un caso aislado: es el retrato de un Estado que falla donde más importa.