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20 de agosto del 2025.- Israel ya ha iniciado las primeras fases de su anunciada ofensiva en Ciudad de Gaza después de emitir alrededor de 60.000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva. Tras la aprobación del plan por parte del ministro de Defensa, Israel Katz, el portavoz militar israelí Effie Defrin ha anunciado este miércoles que los soldados están en marcha y que, tras un enfrentamiento con Hamás, ya controlan las afueras del municipio.
«Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas», ha escrito en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, que ha añadido que 20.000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio.
Más tarde, Defrin ha indicado que «las operaciones preliminares y las primeras fases del ataque contra la ciudad de Gaza» estaban en marcha y que «las fuerzas de las FDI ya controlan las afueras de la ciudad». Previamente el Ejército había comenzado los preparativos para expandir la ofensiva con el despliegue de tropas en Yabalia, al norte del enclave, y en el barrio de Zeitún, donde los ataques se han intensificado desde que, hace casi dos semanas, el gabinete de seguridad israelí aprobase la conquista de Gaza y otras zonas costeras.
Estos planes obligan desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas, algo de consecuencias «catastróficas» según las ONG. Un oficial israelí ha precisado que la operación se desarrollaría en varias fases y varios medios israelíes recogen que los combates podrían prolongarse hasta principios de 2026.
Israel aprueba la construcción de asentamientos junto a Jerusalén
Mientras, Israel acelera sus planes de ocupación también en el este de su territorio. Este miércoles ha aprobado definitivamente el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como «E1», que impediría el acceso a la ciudad desde la Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.
En un comunicado, el ministro de Finanzas y colono israelí, Bezalel Smotrich, ha confirmado la decisión de la Administración Civil israelí y ha señalado que «borra en la práctica la ilusión de los ‘dos Estados’ y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel». «El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea», ha asegurado Smotrich, uno de los principales impulsores de la colonización de los territorios palestinos ocupados.
Con su decisión, la Administración Civil —el órgano gubernamental israelí que administra en Cisjordania— aprueba la construcción de 3.410 viviendas en el E1, un terreno de 1.200 hectáreas al este de Jerusalén habitado por varias comunidades beduinas palestinas.
El terreno forma parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, el tercer más poblado de la Cisjordania ocupada, con 40.000 habitantes, y considerado ilegal según el derecho internacional.
Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva carretera que separaría el tráfico palestino del israelí, y desplazaría el control militar para entrar a Jerusalén Este (la parte palestina de la ciudad, anexionada unilateralmente por Israel en 1980 y reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado) hasta 14 kilómetros al este.
«Se trata de una decisión consciente por parte de Israel para implementar un régimen de ‘apartheid’. Si la comunidad internacional se toma en serio la paz y un Estado palestino, es urgente tomar medidas efectivas para prevenir que Israel expulse a los palestinos en la zona E1», ha alertado en un comunicado el investigador en la ONG israelí Ir Amim, Aviv Tatarsky, .
Durante décadas, las autoridades israelíes rechazaron dar su visto bueno al plan por la presión de la comunidad internacional, que teme que la expansión de los asentamientos impida el establecimiento de un Estado palestino contiguo, con Jerusalén Este como capital. Sin embargo, tras la llegada al poder de Benjamín Netanyahu en 2022 al frente de una inédita coalición con la ultraderecha (principales defensores de la colonización de los territorios palestinos), el Gobierno israelí ha aprobado un número sin precedentes de nuevos asentamientos y confiscaciones de tierras.
EE.UU. sanciona a otros cuatro miembros de la CPI por investigar las guerras en Gaza y Afganistán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado nuevas sanciones para otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan. Las sanciones recaen sobre Kimberly Prost, de Canada; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
«Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones», ha afirmado el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU., y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
La CPI ha lamentado el anuncio de Washington y lo ha calificado de «ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones».
«También constituyen una afrenta contra los Estados parte de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo», ha añadido la Corte en un comunicado en el que asegura que seguirá cumpliendo sus mandatos «en estricta conformidad con su marco jurídico, sin tener en cuenta ninguna presión o amenaza».
