Prohibido prohibir, sentencia ignorada (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*PROHIBIDO PROHIBIR, SENTENCIA IGNORADA.
*COMUNICADORES Y PERIODISTAS PREOCUPADOS.
*¿INTERVENCIÓN INDEBIDA DE LA SEDUM EN LA OBRA PÚBLICA?
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (14-V-2025).- Una de las sentencias más icónicas pronunciadas por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fue esta: “prohibido prohibir”. La famosa frase “prohibido prohibir” surgió en el movimiento de mayo de 1968, en París, Francia, en contra de la Quinta República, gobernada por el general CHARLES DE GAULLE, sin embargo, LÓPEZ OBRADOR la hizo suya como lema de campaña e inclusive durante su gobierno reafirmó la no prohibición como norma de conducta en la gobernanza.

A partir de ello, en diversos frentes de analista y opinadores, se desató una polémica bastante agria, sobre si era una conducta positiva del gobernante asumirla o bien, era una aberración en razón de las obligaciones del estado, prevaleciendo en esta disputa, la afirmación de que era impropio de un gobierno, asumirse en esa filosofía antiprohibicionista, pues el estado de derecho tiene como características, derechos y obligaciones de los gobernados, de manera que, las obligaciones son exactamente “prohibiciones” y por lo tanto, es legítimo establecer esas prohibiciones.
La paradoja de la frase “prohibido prohibir” es una trampa, pues en ella misma se encierra su prohibición, lo que es un absurdo total. En el razonamiento lógico-jurídico es una cuestión irrealizable y autodestructiva, por ello lo mejor sería señalar que la libertad es el bien jurídico máximo, y que por encima de ella no puede existir nada, siempre y cuando esa libertad no atente contra las demás personas, señala ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ en un artículo publicado en el diario digital La Razón.
Sin embargo, hay quienes afirman que, la adopción de esa frase por LÓPEZ OBRADOR, no tuvo por objeto ignorar las prohibiciones que implican un pleno estado de derecho, sino limitar las tentaciones de gobiernos absolutistas, de incorporar el “estado de derecho” una serie de prohibiciones que nada tienen que ver con la convivencia social, sino son imposiciones de criterios de gobernantes o grupos plutócratas que ejercen el poder público.
Y bueno, día con día, hemos visto como ha evolucionado nuestro “estado de derecho”, con la inclusión de prohibiciones, es decir, con más y mayores obligaciones, como las leyes de la inclusión, las leyes protectoras de animales, las leyes que combaten la llamada violencia política, simbólica, económica, psicológica, física, etc., de género y bueno, la más reciente, la de hacer apología del delito, que el jefe del poder ejecutivo estatal tradujo en una iniciativa de ley para modificar el código penal y establecer la apología del delito de manera particular.
Esta última iniciativa del gobernador RAMÍREZ BEDOLLA, tiene sus bemoles por la falta de claridad en su redacción, no explica con claridad la teleología de la norma que está impulsando, pues es claro que, la regulación del delito de “apología del delito” como está planeado, tiene aristas muy delgadas que, con perversión, se pueden usar para castigar el ejercicio de libertades consagradas en la constitución, como la libertad de expresión.
COMUNICADORES Y PERIODISTAS PREOCUPADOS.
Este lunes pasado, el Colectivo Ni Uno Más, que aglutina a un buen número de comunicadores y periodistas, inclusive a organizaciones gremiales, han hecho público un “posicionamiento” cuyo texto en su parte medular establece:
“El contenido de la propuesta de decreto que plantea, contiene elementos que consideramos de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán, tendientes a invisibilizar el fenómeno delictivo en el estado a través de la censura y la criminalización de la labor de informar sobre los temas de interés público.
De aprobarse por la LXXVI Legislatura la iniciativa, afectará la labor que las y los periodistas realizan en Michoacán en aspectos fundamentales:
ABRE LA PUERTA A CRIMINALIZAR EL EJERCICIO PERIODÍSTICO
La adición de la fracción IX al artículo 24 propone incluir como autores o partícipes del delito a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.
Consideramos que la redacción es ambigua y peligrosa, pues podría ser utilizada para perseguir periodistas que realizan coberturas, generan investigaciones y reportan hechos sobre inseguridad, delincuencia y crimen organizado.
VIOLENCIA LEGAL EN CONTRA DE PERIODISTAS
La incorporación del artículo 163 quinquies plantea: “Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y de ochenta a ciento cincuenta UMAS, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda por su participación en el delito cometido.
“Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”.
La redacción del segundo párrafo del referido artículo abre la puerta a la violencia legal contra periodistas al incorporar los términos “imágenes plasmadas”, “o cualquier otro medio”, “que haga alusión” sobre grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos, lo que consideramos implica un claro intento de censura sobre fotografías e informaciones que aludan al fenómeno delictivo en Michoacán.
A más de otros argumentos que preocupan a la comunidad de comunicadores y periodistas, pues hemos sido testigos y víctimas de las intentonas de cierta clase política, de censurar lo que se escribe y se publica, recurriendo a figuras jurídicas como “Ataques a la imagen pública” “delitos contra el honor” o “daño moral”, en los que no solamente se trata de acallar a los comunicadores sino esquilmarlos mediante sentencias que los condenan al pago de la reparación del daño, sobre todo por la vía civil.
Ojalá los diputados, no coman “ansias” en aprobar lo que les ordenan desde Casa de Gobierno y se permitan abrir la iniciativa que les han mandado, a la discusión pública y sobre todo, den voz a los medios de comunicación, para puntualizar que el contendido de la reforma al código penal del estado, no tendrá “rendijas” que se puedan utilizar en contra de los medios de comunicación y su gremio ni dar lugar a interpretaciones malévolas dirigidas a la censura.
¿INTERVENCIÓN INDEBIDA DE LA SEDUM EN LA OBRA PÚBLICA?
Pues resulta que me encontré en las redes sociales, un artículo bastante interesante, en el que se plantea un intervención ilegal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como de su titular la arquitecta GLADYZ BUTANDA MACÍAS en la ejecución de obras públicas que está haciendo el gobierno del estado, señalando que, quien debiera de haber ejecutado y supervisado las obras señaladas, sería la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.
El citado artículo firmado por “Marco Aguilar” publicado en Facebook la semana que recién terminó, señala cosas muy interesante que transcribo:
I. Las competencias legales: ¿Quién debe construir?
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) es la dependencia facultada para planear, ejecutar y supervisar obras públicas estatales, incluyendo mercados, vialidades, centros de salud, escuelas y más. Esta atribución no es un asunto menor: forma parte del diseño institucional para asegurar la técnica, la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de recursos públicos.
Por su parte, la SEDUM tiene facultades de planeación, normatividad urbana, movilidad y desarrollo urbano sostenible. Puede formular planes, coordinar con municipios y emitir criterios técnicos, pero no ejecutar directamente obras públicas. Esta diferencia entre planear y ejecutar no es meramente administrativa: es el principio que evita la concentración de poder y permite un control cruzado entre dependencias.
II. El caso del Nuevo Mercado de Pátzcuaro
Contraviniendo lo anterior, el proyecto del Nuevo Mercado Municipal de Pátzcuaro fue totalmente conducido por la SEDUM, bajo el mando directo de su titular, Gladyz Butanda Macías, por instrucción expresa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Durante el proceso no hubo intervención alguna de la SCOP, ni siquiera como organismo técnico auxiliar. La SEDUM contrató directamente a la empresa constructora, supervisó la ejecución de la obra y la entregó como si fuera parte de sus competencias legales.
La ejecución de una obra de esta envergadura sin el respaldo técnico ni administrativo de la SCOP constituye una usurpación de funciones públicas. Además, evidencia un patrón preocupante: el debilitamiento de las instituciones técnicas del Estado en favor de decisiones personalistas y verticales.
III. ¿Dónde está la ley?
Este proceder transgrede principios constitucionales de legalidad, división de competencias y control del gasto público. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo establece que los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, es decir, deben derivarse de atribuciones expresas en la ley. Lo ocurrido con el mercado de Pátzcuaro no encuentra sustento legal alguno y, por tanto, es susceptible de ser impugnado administrativa y judicialmente.
Además, existen responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales en caso de desviaciones de poder o uso indebido de recursos públicos. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán prevé sanciones para funcionarios que actúen fuera de su marco legal. Hasta el momento, nadie ha cuestionado ni investigado este desvío de funciones.
Más claro, ni el agua y es que, con acciones como esta, se confirman las intenciones de utilizar de manera perversa las actividades gubernamentales, para promover a figuras de la administración estatal, particularmente en este asunto, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, GLADYZ BUTANDA MACÍAS, a quien se está proyectando desde las instancias estatales como candidata a un cargo de elección popular, ya sea a nivel estatal o de jodido a nivel municipal.
«Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante». [Cuando anunció que dejaba su escaño] Don PEPE MUJICA un verdadero hombre de izquierda que falleció este día. Ojala hubiera muchos políticos como él. Descanse en paz.