Justicia de papel y dedazos dorados (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*GOBIERNO QUE VIOLA LA LEY, PIDE RESPETO.
*JUSTICIA DE PAPEL Y DEDAZOS DORADOS.
*DEFENSORES DE MÉXICO, COPIA CON DEDAZO INCLUIDO.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (20-III-2026).- En Michoacán, el Palacio de Gobierno amaneció el pasado 18 de marzo vestido de gala… pero no con los colores nacionales, sino con el rojo y azul de la bandera cubana, iluminando toda la fachada como si Morelia se hubiera convertido en La Habana por decreto estatal. No conformes con instalar dos banderas extranjeras en el balcón principal, presuntamente empleados del gobierno decidieron prolongar la fiesta con luces que replicaban el emblema caribeño.

Todo esto, claro, en un edificio público que por ley solo puede ondear la bandera mexicana. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es tajante: en recintos oficiales únicamente puede izarse nuestro lábaro patrio, salvo autorización expresa de la Secretaría de Gobernación en actos diplomáticos. Y el Código Penal Federal, artículo 191, advierte que sustituir o desplazar la bandera nacional constituye ultraje, sancionable con multas millonarias y hasta cuatro años de prisión.
Pero aquí no hubo ceremonia diplomática ni autorización federal, sino un acto político disfrazado de solidaridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya había anunciado un donativo mensual de 80,772 pesos “para el pueblo cubano”, siguiendo el llamado del expresidente López Obrador. El problema es que los bancos mexicanos como Banorte, con vínculos a Wells Fargo, están sujetos a regulaciones internacionales que prohíben transferencias a países bajo embargo estadounidense. Es decir, cualquier intento de enviar dinero a Cuba puede ser rechazado, reportado o incluso sancionado. La solidaridad, por muy genuina que sea, no se canaliza con depósitos convencionales, sino mediante organismos internacionales autorizados.
El episodio revela una doble irresponsabilidad: por un lado, la violación flagrante de nuestras leyes nacionales sobre símbolos patrios; por otro, la improvisación financiera que ignora embargos internacionales. Y lo más grave es la pregunta que queda flotando: ¿estas violaciones quedarán en la impunidad solo porque las cometió el propio gobierno estatal? Porque si un ciudadano común se atreviera a quitar la bandera mexicana de un edificio público para poner otra, ya estaría enfrentando multas y procesos penales. Pero cuando lo hace el gobierno, el silencio oficial parece ser la única respuesta.
La ironía es brutal: se exige a la ciudadanía respeto a la ley, mientras el propio gobierno la pisotea con luces y banderas extranjeras. Se habla de soberanía nacional, mientras se privilegia un símbolo ajeno en el corazón del poder estatal. Se presume solidaridad internacional, mientras se ignoran las reglas financieras que rigen el mundo real. Y todo ello sin un solo pronunciamiento oficial, como si la legalidad fuera un accesorio prescindible.
La pregunta final es inevitable: ¿cómo pedirle al ciudadano que respete la ley cuando es el propio gobierno el que la viola? La respuesta, por desgracia, parece estar en la penumbra de esas luces rojas y azules que iluminaron el Palacio de Gobierno: la impunidad brilla más que cualquier bandera.
JUSTICIA DE PAPEL Y DEDAZOS DORADOS
En los pasillos del Poder Judicial de Michoacán se escuchan trascendidos que pintan un panorama poco alentador: se habla de nuevas contrataciones que, lejos de fortalecer la carrera judicial, parecen abrir la puerta a perfiles que no cumplen con los requisitos básicos de la función jurisdiccional.
Y es que, según se comenta, en apenas cinco meses de gestión del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hugo Gama Coria, se han creado plazas con sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales, ocupadas por personas cuya formación académica no necesariamente corresponde al Derecho, requisito fundamental para quienes redactan resoluciones o analizan expedientes.
La tradición del Poder Judicial ha sido clara: los cuadros técnicos deben surgir de la Escuela Judicial, donde se forman los futuros proyectistas y secretarios con la preparación adecuada para garantizar que las resoluciones se apeguen a la ley.
Sin embargo, los trascendidos señalan que hoy se privilegia el “dedazo” sobre la carrera judicial, desplazando a personal con décadas de experiencia para dar paso a allegados sin título profesional o con estudios en áreas ajenas al ámbito jurídico. De ser cierto, se trataría de una práctica que contradice la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, la cual establece que los funcionarios jurisdiccionales deben contar con formación en Derecho.
Los nombres que circulan en las versiones periodísticas y en los comentarios de pasillo son variados: licenciados en informática, comunicólogos, contadores, terapeutas y hasta diseñadores gráficos que ahora figuran como proyectistas o analistas jurídicos.
El problema no es la diversidad de carreras, sino que se les asignan funciones estrictamente jurídicas, para las cuales no tienen la preparación necesaria. Mientras tanto, los juzgados se quejan de falta de insumos básicos: papel, mobiliario, equipo de cómputo. La ironía es que no hay recursos para lo elemental, pero sí para crear nuevas jefaturas y plazas con sueldos elevados.
El riesgo es evidente: si quienes redactan proyectos de resolución carecen de formación jurídica, se compromete la calidad de la justicia que se imparte. Y más grave aún, se erosiona la confianza ciudadana en un Poder Judicial que debería ser ejemplo de rigor y legalidad. Los trascendidos apuntan a que la Comisión de Carrera Judicial, presidida por la magistrada Mayra Xiomara Trevizo, también ha avalado contrataciones cuestionadas, lo que genera dudas sobre la seriedad de los dictámenes que se presumen “claros y responsables”.
Por supuesto, nadie quiere hacer imputaciones directas, pero sí cabe la reflexión: ¿qué tan grave sería que fuera cierto que el presidente del Poder Judicial está permitiendo la contratación de personas sin perfil jurídico? La respuesta es obvia: sería un golpe directo a la credibilidad de la institución. Y entonces, ¿cómo pedirle a la ciudadanía que confíe en la justicia, si quienes la administran no cumplen con los requisitos mínimos?
La justicia completa, como se pregona desde la presidencia del Tribunal, no puede construirse con improvisaciones ni con aviadores de lujo. Se construye con respeto a la carrera judicial, con cuadros formados en la Escuela Judicial y con perfiles que garanticen que las resoluciones se apeguen a la ley. De lo contrario, lo que se siembra no es justicia, sino burocracia parásita que tarde o temprano llevará al colapso institucional.
¿Eso es justicia completa? Ojalá que los trascendidos sean solo rumores exagerados, porque de ser verdad, el Poder Judicial estaría escribiendo su propia sentencia de descrédito.
DEFENSORES DE MÉXICO, COPIA CON DEDAZO INCLUIDO
En el PRI de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, alias “Alito”, la creatividad política parece reducirse a copiar lo que hace Morena. Si Morena inventó a los “Coordinadores de la Defensa de la 4T” para hacer campaña anticipada sin sanción, el PRI respondió con sus “Defensores de México”. La lógica es simple: si ellos lo hacen y no pasa nada, nosotros también.
En Michoacán, los primeros defensores fueron MEMO VALENCIA, ADRIANA HERNÁNDEZ y EDNA MARTÍNEZ. El todólogo es MEMO VALENCIA, mejor conocido como “Memo Cahuamas”, que colecciona cargos como estampitas: dirigente estatal del PRI, diputado plurinominal, exalcalde, aspirante eterno y ahora “Defensor de México”. Además, lidera su grupo “Revolución Social” y promueve el consumo de cahuamas, de ahí su mote. Con tantos títulos, solo falta que lo nombren “La Flor Más Bella del Ejido”.
El ingenio del PRI no está en la estrategia, sino en el disfraz: bautizar con nombres heroicos lo que en realidad son precandidaturas encubiertas. Porque, ¿para qué sirven los defensores si no es para posicionar nombres rumbo a futuras elecciones? La audacia es digna de aplauso irónico: crean estructuras paralelas, blindadas de sanciones, porque la autoridad tendría que castigar primero a Morena.
El fichaje estelar es ROSARIO ROBLES, quien tras haber sido encarcelada en el gobierno de López Obrador, regresa como coordinadora nacional de los “Defensores de México”. El PRI presume resiliencia, aunque en realidad exhibe urgencia por encontrar figuras con peso mediático.
El problema es que mientras juegan al espejo con Morena, olvidan lo básico: en 2024 apenas cubrieron la mitad de las casillas, lo que contribuyó a su derrota. Hoy prefieren inventar títulos antes que construir estructura territorial.
NUEVO CAPÍTULO: EL TRIBUNAL ENTRA EN ESCENA
El 18 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolver la impugnación presentada por Manolo García Paulin, quien cuestiona la legalidad de la convocatoria para renovar la dirigencia estatal, misma que “ganó” Memo Cahuamas. El Tribunal fijó 72 horas para resolver y 24 más para notificar a García Paulin.
Este episodio exhibe la fragilidad institucional del PRI: mientras presume defensores, su propia dirigencia estatal está bajo disputa legal. La narrativa heroica se tambalea cuando la base interna carece de legitimidad.
En resumen, los “Defensores de México” son la copia priista de los “Coordinadores de la Defensa de la 4T”: un disfraz de precampaña, blindado por la impunidad compartida. La gran duda es si con títulos rimbombantes y fichajes mediáticos basta para competir, o si todo terminará en otra derrota. Porque lo que realmente se defiende no es México, sino la sobrevivencia de un partido que aún no sabe cómo reinventarse.
MISCELÁNEA POLÍTICA
La mañana de este jueves, en el Café Europa Repostería del Triangulito —entre General Anaya, 13 de Septiembre y la Av. Lázaro Cárdenas— este columnista pudo observar a dos personajes clave: CARLOS QUINTANA MARTÍNEZ, dirigente del PAN, y MEMO VALENCIA, líder del PRI, platicando muy discretos. La pregunta es inevitable: ¿quién necesita más al otro?
Todo apunta a que Memo “Cahuamas” tiene la soga al cuello y busca a toda costa tejer la alianza electoral rumbo al 2027. La suerte le sonríe porque la alianza es cuestión de supervivencia para todos, pero él pretende venderse caro: quiere poner como botín para el PRI la candidatura de Morelia. ¿De verdad QUINTANA aceptaría esa condición? La escena deja claro que las negociaciones ya empezaron y que el precio de la alianza será tema de tensión.