Plan B con tintes de revancha (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*PLAN B CON TINTES DE REVANCHA.
*LA AUSTERIDAD SELECTIVA DEL CONGRESO DE MICHOACÁN.
*TRÁFICO SIN RUMBO EN MORELIA.

• SALUD BLOQUEADA POR INTERESES SINDICALES.
  *MISCELÁNEA POLÍTICA.

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (13-III-2026).- El llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo de su reforma constitucional en materia electoral, se mueve en un terreno especulativo que no puede ignorar la sombra del rencor político. Si bien las reformas a leyes secundarias son viables con mayoría simple, el verdadero dilema es hasta dónde podrían llegar sin violentar la Constitución y hasta qué punto estarían contaminadas por la intención de castigar a los aliados que le negaron el respaldo.

La tentación de reducir el financiamiento de los partidos, pese a ser una facultad constitucional, podría buscarse por vías indirectas: endureciendo requisitos, limitando el acceso efectivo a recursos o imponiendo reglas administrativas que, en la práctica, funcionen como recortes disfrazados. En un escenario donde la Suprema Corte ya no representa un contrapeso autónomo, la presidenta podría avanzar con interpretaciones expansivas que antes fueron declaradas inconstitucionales, abriendo la puerta a un rediseño del sistema electoral por la vía de leyes secundarias.
El riesgo es que el Plan B deje de ser un proyecto técnico de austeridad y se convierta en un instrumento de revancha política, un ajuste de cuentas con quienes votaron en contra, bajo el disfraz de reformas administrativas.
Un punto particularmente delicado es la integración de las listas de diputaciones plurinominales. La Constitución establece que habrá 200 diputados de representación proporcional mediante listas, pero no define con precisión cómo deben integrarse esas listas. Esa laguna ha sido cubierta por jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha fijado criterios de proporcionalidad y representación, pero nada impediría que el oficialismo intentara modificar las reglas de integración a través de leyes secundarias.
En condiciones normales, cualquier intento de alterar la esencia de la representación proporcional sería declarado inconstitucional; sin embargo, con una Corte alineada al poder ejecutivo, la presidenta podría arriesgarse a imponer nuevas fórmulas de integración que favorezcan a su partido y sus aliados, confiando en que serían validadas. Esto abriría una ventana peligrosa: la reinterpretación de un mandato constitucional por la vía de la legislación secundaria, lo que equivaldría a un fraude a la Constitución con el aval de un tribunal cooptado.
La especulación se intensifica con los anuncios recientes del oficialismo: reducción de integrantes y presupuesto de congresos locales y ayuntamientos, cambios en las fechas de revocación de mandato y elección de jueces federales, inclusión de temas electorales en consultas populares y la reducción de salarios de consejeros y personal del INE.
Estas propuestas, presentadas como parte de un nuevo intento de reforma constitucional, muestran que el Plan B no solo busca ajustes administrativos, sino que podría convertirse en un instrumento de control político disfrazado de austeridad.
La presidenta parece decidida a avanzar en un rediseño institucional que, bajo la apariencia de eficiencia y ahorro, podría alterar de manera sustantiva el equilibrio democrático y abrir la puerta a un sistema electoral moldeado a conveniencia del poder en turno.
LA AUSTERIDAD SELECTIVA DEL CONGRESO DE MICHOACÁN.
El diputado JUAN CARLOS BARRAGÁN ha presentado una iniciativa para que las presidencias del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y del Tribunal Electoral del Estado (TEEM) no ganen más que el gobernador. En su discurso, se coloca como guardián de la austeridad, alineado con la narrativa guinda de eliminar privilegios y redistribuir recursos.
La propuesta parece sensata: nadie debería ganar más que el titular del Ejecutivo estatal. Sin embargo, la iniciativa abre un espejo incómodo: ¿qué pasa con los propios diputados?
Porque mientras BARRAGÁN señala los salarios de los órganos electorales, el Congreso de Michoacán aparece exhibido como uno de los más caros del país. Cada legislador nos cuesta más de 30 millones de pesos anuales. Y lo oficial es apenas la punta del iceberg: los diputados reportan un sueldo de 96 mil pesos, pero en lo “no oficial” reciben entre 300 y 400 mil, y hasta 600 mil en el caso de la presidenta de la JUCOPO, disfrazados de “gastos de representación”.
La discrecionalidad es la regla. Se reparten compensaciones, sobresueldos y apoyos que van desde 26 mil hasta 50 mil mensuales para “medios personales”. Las comisiones son auténticas cajas chicas: administración se lleva entre 200 y 600 mil según “maniobras”, presupuesto recibe dinero extra por aprobar proyectos, y hasta cemento que en vez de regalar se vende, de casa Michoacán, todos, los 40 reciben su respectivo embute, ninguno queda fuera de este moche que les manda el jefe del poder ejecutivo, de ahí que siempre votan como éste quiere, ya saben que “poderoso caballero” es el que manda y el de los “denarios” ejecuta. Los viáticos, que antes se destinaban a personal en gira, ahora se entregan directo a los diputados, que prefieren guardarlos.
Para blindar este sistema paralelo, el Congreso contrata una empresa que justifica los gastos millonarios. Los diputados sólo comprueban lo mínimo: unos 30 mil pesos de gestión y medios. El resto se oculta tras esa fachada.
En este contexto, la iniciativa de BARRAGÁN luce más como un gesto político que como un compromiso real con la austeridad. Porque mientras exige que los presidentes del IEM y TEEM ajusten sus salarios, guarda silencio sobre el dispendio y la opacidad que imperan en su propia casa.
La austeridad no puede ser selectiva. No basta con señalar privilegios ajenos si se mantienen los propios. El pueblo michoacano merece transparencia y congruencia: que los recursos públicos se administren con honestidad, empezando por quienes los legislan.
SALUD BLOQUEADA POR INTERESES SINDICALES
En Morelia, la toma de las instalaciones de la Secretaría de Salud de Michoacán por parte del Sindicato Nacional Incluyente de las y los Trabajadores del Sector Salud (SNITSS) ha cumplido más de quince días y ha dejado al descubierto que detrás del discurso de defensa laboral se esconde un interés muy concreto: la exigencia de cincuenta plazas.
El sindicato, encabezado por SUSANA JACUINDE VILLASEÑOR, representa apenas a unos 400 agremiados en todo el estado y ni siquiera cuenta con reconocimiento oficial ante la federación. Sus propios integrantes denuncian que la dirigente tiene a su esposo y a su hijo sindicalizados como aviadores, lo que refleja la naturaleza clientelar de sus demandas.
El problema es que la protesta no se limita a oficinas administrativas: la toma incluye la farmacia, el laboratorio y el centro de salud, lo que ha generado un impacto directo en la población más vulnerable. Pacientes que acuden por medicamentos esenciales se han enfrentado con los manifestantes, porque la atención está bloqueada. En una ciudad donde miles dependen de los servicios públicos de salud, la protesta se traduce en desabasto y en la negación del derecho fundamental a recibir medicinas y atención médica.
La contradicción es evidente. Mientras el sindicato insiste en plazas que no corresponden al ámbito estatal sino al nuevo esquema de IMSS-Bienestar, la ciudadanía se queda sin acceso a tratamientos básicos. El derecho a la manifestación no puede estar por encima del derecho a la salud. Y menos cuando el plantón, que a diario apenas reúne a unas cuantas personas, paraliza servicios que benefician a miles.
La reflexión es clara: la lucha sindical pierde legitimidad cuando se convierte en rehén de intereses personales y afecta directamente a quienes más necesitan. En Morelia, la toma de la farmacia y los almacenes de la Secretaría de Salud no representa una defensa de derechos colectivos, sino un bloqueo que castiga a los enfermos y marginados. La verdadera discusión no son las cincuenta plazas, sino el costo humano de una protesta que niega medicamentos y atención a quienes no tienen otra opción.
TRÁFICO SIN RUMBO EN MORELIA
En Morelia, el tráfico vehicular se ha convertido en un símbolo de improvisación y falta de voluntad política. Los cruceros se transforman en embudos interminables porque no existe un diseño de flujo vehicular que sincronice los semáforos según la intensidad del tránsito.
En ciudades grandes, los tiempos de las luces se ajustan a las horas pico y hasta se crean carriles de contraflujo para agilizar la movilidad. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en la parálisis: las autoridades parecen incapaces de aplicar medidas sencillas que no requieren grandes presupuestos, sólo decisión.
La vuelta continua a la derecha con precaución es un ejemplo claro. Es una medida económica y efectiva que podría aliviar la circulación en varios puntos de la ciudad, pero apenas se aplica en algunos cruceros y sin señalización clara, generando más confusión que beneficio. Mientras tanto, los automovilistas pierden horas en embotellamientos y los peatones enfrentan riesgos por la falta de orden.
Lo más contradictorio es que el gobierno estatal presume una política pública de movilidad moderna, con proyectos faraónicos como teleféricos y obras de gran impacto que consumen miles de millones de pesos. Sin embargo, lo elemental —diagramas de flujo vehicular, semáforos inteligentes, contraflujos en horas pico— se ignora por completo. Es como si la movilidad se pensara más para la foto y el discurso que para resolver la vida cotidiana de los ciudadanos.
Morelia no necesita únicamente obras espectaculares, necesita soluciones prácticas que mejoren el día a día. La movilidad no se resuelve con teleféricos que apenas tocarán a unos cuantos, sino con políticas integrales que atiendan lo básico: sincronización de semáforos, señalización clara, contraflujos bien diseñados y medidas simples como la vuelta continua a la derecha. La ciudad exige voluntad política, no ocurrencias. Porque mientras se presume modernidad, la realidad es que seguimos atrapados en el tráfico, pagando con tiempo y paciencia la falta de planeación.
MISCELÁNEA POLÍTICA
Otra vez la historia se repite: iniciativas que suenan bien en el discurso, pero que olvidan el detalle más importante, el dinero. El diputado IVÁN VERA propone incubadoras para emprendedores en Michoacán, con capacitación y acompañamiento, pero no dice de dónde saldrán los recursos.
Sin presupuesto, cualquier reforma se convierte en letra muerta. Parece pandemia legislativa: proyectos que implican gasto, pero sin fuente de financiamiento clara. La intención es buena, pero la ejecución queda en el aire, y los emprendedores necesitan más que palabras para sobrevivir en un entorno económico tan adverso.
Otra iniciativa que parece más espectáculo que sustancia. El diputado ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR propone tipificar la adulteración química de bebidas, pero el Código Penal Federal ya castiga la administración de narcóticos o psicotrópicos para causar daño o incapacidad.
En otras palabras, el “drink spiking” ya está sancionado. Lo que se presenta como novedad es, en realidad, un refrito legislativo que busca reflectores más que resultados. Mientras tanto, las víctimas necesitan aplicación efectiva de la ley, no duplicación de normas para la foto y el discurso. Conclusión: La iniciativa no aporta nada nuevo; es protagonismo disfrazado de reforma.