8M, memoria incómoda (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*MORENA Y LAS REGLAS INCUMPLIDAS.
*8M, MEMORIA INCÓMODA.
*LA IRRESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA.
*GODOY Y LA VICTIMIZACIÓN.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», por Armando Saavedra (11-III-2026).- El Consejo Nacional de Morena fijó condiciones para evitar campañas anticipadas y garantizar piso parejo en la elección de coordinadores de la defensa de la 4T en Michoacán, pero en los hechos todos los aspirantes las han incumplido. El profesor RAÚL MORÓN lleva al menos tres años en campaña permanente, tan evidente que apenas salió de la asamblea del Consejo Nacional y de inmediato encabezó una reunión proselitista.

Sus simpatizantes, como el exdiputado FIDEL CALDERÓN, han sido punta de lanza en la agresión mediática contra las corcholatas del gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, incluso confrontando al propio Ejecutivo estatal. Las cartas del gobernador, GABRIELA MOLINA y GLADYZ BUTANDA, se golpean con todo: el equipo de Butanda difunde rumores de que GABY se baja de la contienda, bajo el apotegma de que en la guerra como en el amor todo se vale, mientras MOLINA aprovecha cada espacio oficialista para colgarse de los eventos y proyectarse.
Fabiola Alanís Sámano, más sola y sin respaldo sólido del gobernador, anda en la misma dinámica pero con limitaciones evidentes, lo que abre la duda de si los cercanos a Bedolla dan por hecho que la candidata será ella.
Y en este escenario aparece también Juan Carlos Barragán, aspirante a la presidencia municipal de Morelia, quien no solo hace campaña abierta sino que se ha convertido en uno de los principales actores del reparto de enseres: muebles para baño, tinacos de plástico, cubetas de pintura y más, sin explicar de dónde provienen los recursos para tanta dadivosidad.
Así, la competencia interna se ha convertido en un campo de batalla donde las reglas quedaron en letra muerta y la disputa se mide más por la capacidad de burlar lineamientos que por la congruencia con los principios que dicen defender.
8M, MEMORIA INCÓMODA
El 8 de marzo no es una fiesta ni un día para felicitaciones, es una conmemoración de luchas históricas y de violencias que siguen marcando nuestro presente. Sin embargo, los discursos de este 8M se llenaron de frases huecas y gestos simbólicos que olvidaron a las verdaderas víctimas. Los datos son brutales:
6,440 feminicidios entre enero de 2019 y enero de 2026, de los cuales 635 eran niñas y adolescentes; 28,770 mujeres desaparecidas solo en 2025; 241,657 llamadas al 911 por violencia contra mujeres en ese mismo año; 226,711 denuncias de violencia familiar y 17,430 denuncias por violación entre enero y octubre de 2025; y en enero de 2026, 54 feminicidios y 128 homicidios dolosos de mujeres.
Estas cifras no son estadísticas frías, son vidas truncadas, familias devastadas, comunidades que cargan con la ausencia y el dolor. Y aun así, en los discursos se habló de avances y compromisos, pero se olvidó lo esencial:
las mujeres que ya no están, las que siguen buscando justicia, las que sobreviven a la violencia cotidiana. El 8M debería ser un espejo incómodo que nos recuerde la deuda histórica con las mujeres, no un escaparate político ni un acto de demagogia.
Porque mientras se repiten promesas vacías, la realidad sigue siendo que la violencia contra las mujeres no se ha superado y que la memoria de quienes lucharon y murieron exige verdad, justicia y acción.
LA IRRESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA.
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), encabezada por GABRIELA DESIREÉ MOLINA AGUILAR, anunció con bombo y platillo que retiró de la nómina magisterial a más de 300 aviadores, entre ellos presidentes municipales, diputados locales y federales, regidores y hasta personas privadas de su libertad. Sin embargo, lo que se presentó como un “avance” en realidad desnuda una grave irresponsabilidad institucional.
Porque no basta con dejar de pagarles. Cobrar sin trabajar es un delito, no una simple falta administrativa. Y la obligación de la SEE no termina en cortarles el flujo de dinero: debía denunciar de inmediato ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tanto a quienes cobraban indebidamente como a los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que esta práctica se mantuviera durante años. Ambos son responsables, ambos deben rendir cuentas.
Lo más preocupante es que la titular de la SEE, Gabriela Molina, no solo omitió esa denuncia, sino que además presume la medida como si fuera un logro político. Y aquí es donde la crítica se vuelve más relevante: Molina Aguilar es una de las “corcholatas” del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, impulsada para obtener la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán en 2027. Por ello, su actuación no puede pasar desapercibida ni minimizarse como un error administrativo.
Esta columna no es un ataque político ni responde a intereses ajenos: nadie nos paga para señalarlo. Lo hacemos porque es evidente que la irresponsabilidad de no judicializar un fraude de esta magnitud compromete la credibilidad de las instituciones y perpetúa la impunidad.
Presumir que se “limpió” la nómina es insuficiente y hasta ofensivo para el magisterio y la sociedad.
La corrupción no se combate con discursos ni ruedas de prensa, se combate con procesos legales, sanciones y responsabilidades claras. Mientras no se actúe en ese sentido, lo que se presenta como avance es, en realidad, una muestra de la falta de voluntad para enfrentar la corrupción de raíz.
GODOY Y LA VICTIMIZACIÓN
Leonel Godoy intenta presentarse como víctima de una campaña mediática, como si las acusaciones que lo rodean fueran meras invenciones sin sustento. Sus amigos de la Facultad de Derecho de la UMSNH publican un manifiesto en el que lo describen como una “blanca paloma”, honesto y siempre dentro del marco de la ley.
Pero la realidad es que ese texto parece más un intento desesperado de blindar su imagen que una defensa convincente. La victimización que pretende asumir se estrella contra la memoria colectiva de un periodo en el que la delincuencia organizada en Michoacán se fortaleció y se empoderó bajo su administración.
Hoy, los señalamientos no solo lo relacionan con el homicidio de Carlos Manzo, sino que también sacan a la luz las decisiones y omisiones de su gestión como gobernador. Pretender que un desplegado firmado por viejos conocidos borre esa historia es ingenuo. La estrategia de victimizarse puede servir para ganar tiempo en el debate público, pero no alcanza para borrar las sombras que lo persiguen. Porque en política, los manifiestos de amigos no sustituyen la rendición de cuentas, y menos cuando las acusaciones pesan más que las palabras.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
Grave la denuncia que hace la diputada BELINDA HURTADO contra FABIOLA ALANÍS SÁMANO, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, pues asegura que ha frenado la Ley para el Desarrollo, Protección y Fomento de los Valores de la Familia al pretender eliminar un tipo de familia del dictamen.
El señalamiento exhibe un estilo autoritario de quien aspira a ser gobernadora, ya que el trámite legislativo no puede depender del gusto personal de la presidenta de la Jucopo. HURTADO recordó que la iniciativa ha sido enlistada en varias sesiones y bajada sin explicación, lo que convierte a ALANÍS en cuello de botella de proyectos que no le simpatizan al gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA.
La exigencia es clara: que el dictamen se debata en tribuna y se vote en el Pleno, no que quede congelado por decisiones unilaterales.
Como valiera la pena, que alguno de nuestros 40 integrantes de la 76 legislatura al congreso del estado, se impusiera la tarea de elaborar una iniciativa de reforma a la lay correspondiente, a lo mejor pudiera ser constitucional, para regular de una buena vez por todas, la figura de “encargado del despacho”, con la intención que se obligue a quien corresponda a emitir el nombramiento definitivo de que se trate en un término perentorio, so pena de imponerle responsabilidades por incumplimiento.
Es increíble el uso turbio y perverso que hasta el momento se le ha dado a esa figura, que lo mismo le utilizan para que alguien que no cumple los requisitos que la ley establece, asuma con esa figura.
Resulta llamativo que la conmemoración de la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, acto histórico del 7 de marzo de 1815, haya sido encabezado por la ministra YASMÍN ESQUIVEL, marcada por el escándalo del plagio. Más notable aún fue la ausencia del gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, quien prefirió atender el Consejo Nacional de Morena antes que un evento de gran significado para la justicia mexicana. La imagen que deja es clara: festejar la justicia puede esperar, la política interna no.
Si en Morena sus aspirantes cometen fraude a la ley con actos anticipados de campaña, en la casa de enfrente tampoco se salvan. El director del OOAPAS, Fito Torres, y el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, ya mandaron colocar espectaculares publicitarios que, aunque no piden el voto, son propaganda disfrazada.
Las autoridades electorales sostienen que mientras no haya solicitud explícita de sufragio no hay sanción, pero en los hechos se trata de un fraude a la ley: adelantar posicionamiento político bajo la apariencia de promoción personal. Así, la competencia se convierte en un juego de simulaciones donde las reglas se burlan y la legalidad queda reducida a tecnicismos.
La implementación del programa de ordenamiento y renovación del transporte público en Michoacán, lejos de unificar al gremio, lo ha dividido.
Los integrantes de la COMIT se han aliado con el gobierno para ser los más beneficiados, mientras FERNANDO ORÓZCO MIRANDA, líder de la “Ruta Gris”, está decidido a aplicar el programa en sus rutas y ya promueve la compra de 100 unidades Toyota tipo combi como parte de un plan interno de renovación.
En contraste, JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, rechaza el proyecto al señalar que es solo un negocio del gobierno y un ataque a su organización, debilitando sus rutas con competencia desleal. El resultado es un gremio fracturado, donde cada liderazgo busca su propio beneficio y la unidad transportista parece más lejana que nunca.