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26 de febrero del 2026.- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó hoy su informe anual sobre Colombia. El documento revela que la violencia armada entre grupos ilegales y la Fuerza Pública afectó gravemente a regiones enteras, con desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores, afectando especialmente a población étnica.
La Oficina recibió 87 alegaciones de masacres y verificó 53, con 174 víctimas. En el 95% de los casos, la responsabilidad fue de grupos armados, y en tres de cada cuatro, por disputas sobre el control del narcotráfico.
El reclutamiento de niños sigue siendo una herida abierta: 150 casos verificados, aunque la cifra real sería mayor por el miedo a denunciar. En regiones como el Atrato o Urabá, las comunidades sufren imposición de normas que restringen sus derechos y las coaccionan a involucrarse en economías ilegales.
La Oficina expresó su preocupación por la reducción de su capacidad de monitoreo. Debido a la crisis de liquidez de la ONU, tuvo que reducir su personal un 50%, limitando su seguimiento en siete departamentos.
