Prohibir uso de corralones privados (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*SEGURIDAD VIAL Y DERECHOS LABORALES EN TENSIÓN.
*SCJN, JUSTICIA LENTA Y TENDENCIOSA.
*PROHIBIR USO DE CORRALONES PRIVADOS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (16-II-2026).- Una reforma con rostro humano, pero con aristas jurídicas es lo que se aprecia, después de que el Congreso de Michoacán aprobó la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con el propósito de proteger a usuarios del transporte público y a quienes transitan por las calles. Los legisladores sostienen que la violencia no puede normalizarse en el espacio público y que los operadores deben conducir con responsabilidad y respeto a la dignidad humana.

La iniciativa contempla sanciones firmes, incluyendo la suspensión o cancelación de licencias, pero también incorpora cursos de sensibilización, educación vial y control de ira como parte de un esquema de reinserción responsable.
El sector transportista, sin embargo, advierte que la cancelación definitiva de una licencia por faltas administrativas equivale a privar a una persona de su sustento sin intervención judicial. Señalan que la ley no distingue entre una discusión verbal y una agresión grave, aplicando la misma sanción extrema.
Además, cuestionan que el proceso quede en manos de autoridades administrativas sin la garantía de un juicio justo, lo que vulneraría la presunción de inocencia y el derecho constitucional al trabajo. Para ellos, la reforma debería priorizar la prevención, la capacitación y la proporcionalidad de las sanciones, en lugar de convertirse en un mecanismo de castigo absoluto.
Es cierto que la iniciativa aprobada no se limita al castigo: incluye medidas de prevención y capacitación, y menciona el respeto al debido proceso mediante pruebas objetivas como dictámenes periciales, declaraciones y grabaciones. Sin embargo, ese “debido proceso” se mantiene en el ámbito administrativo y no judicial, lo que deja abierta la crítica de los transportistas.
Tampoco se establece con claridad una diferenciación entre faltas leves y graves, lo que genera el riesgo de sanciones desproporcionadas.
Conclusión: El equilibrio pendiente entre seguridad y justicia, se convierte en el núcleo del debate, no es si debe existir sanción, sino cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales de los trabajadores. Una ley justa debe garantizar calles seguras y operadores responsables, pero también respetar la presunción de inocencia y el derecho constitucional al trabajo.
La reforma avanza hacia una movilidad más segura, pero aún tiene vacíos en la parte garantista: falta asegurar proporcionalidad plena en las sanciones y un proceso con garantías jurídicas más sólidas.
La verdadera solución está en un modelo integral: sanciones proporcionales, procesos transparentes y programas de prevención que fortalezcan la cultura de movilidad segura.
Solo así la reforma dejará de percibirse como un instrumento punitivo y se convertirá en una herramienta de convivencia, justicia y dignidad tanto para usuarios como para transportistas.
SCJN, JUSTICIA LENTA Y TENDENCIOSA.
Las primeras evaluaciones del nuevo Poder Judicial muestran un retroceso evidente en su capacidad de respuesta. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026 se dictaron apenas 920 sentencias, frente a las 1,530 que resolvió la Corte anterior en el mismo periodo.
La caída cercana al 40% no es un simple dato estadístico: refleja el impacto de la reforma judicial que, bajo la bandera de la austeridad, eliminó salas especializadas. Lo que se presentó como eficiencia presupuestal terminó traduciéndose en procesos más largos y ciudadanos que esperan más tiempo por una resolución.
El análisis cuantitativo manifiesta que no solo se trata de menos productividad, sino de una justicia con criterios cada vez más homogéneos. Seis de cada diez asuntos constitucionales se resuelven por unanimidad o con un solo voto en contra.
La pluralidad de visiones, indispensable en un tribunal de última instancia, se diluye en un bloque que vota casi idéntico en la mayoría de los casos. Esta uniformidad no fortalece la certeza jurídica, sino que la empobrece, pues reduce el debate interno y la riqueza interpretativa que debería caracterizar a la Corte.
Sesgo político de los ministros por el oficialismo es lo que revelan los datos recopilados por medios y organizaciones civiles confirman lo que muchos sospechaban: una inclinación marcada hacia el partido en el poder. En controversias entre gobiernos de oposición y administraciones de Morena, el tribunal falla en favor de los morenistas en el 84% de las ocasiones.
Los opositores apenas alcanzan un 16% de victorias. Y cuando la presidencia de la República es la promotora de un asunto, la Corte respalda sus argumentos en dos de cada tres casos. La tendencia es clara: el máximo tribunal parece más cercano al Ejecutivo que a la defensa equilibrada de la Constitución.
Claro que en consecuencia, el futuro está en entredicho, el panorama que se dibuja es el de una Corte menos ágil, menos diversa y más alineada con el poder político. Lo que debería ser un contrapeso institucional se está convirtiendo en un engranaje que acompaña al gobierno en turno.
La pregunta que queda abierta es si en los próximos meses el tribunal logrará recuperar independencia y eficacia, o si se consolidará como un espacio donde la justicia se administra con lentitud y con sesgo.
PROHIBIR USO DE CORRALONES PRIVADOS.
La propuesta de eliminar los corralones privados en México ha encendido un debate que toca fibras constitucionales y económicas. Organizaciones de la sociedad civil sostienen que estos espacios funcionan como negocios que violan derechos fundamentales, pues cada día se retiran vehículos, placas y licencias sin un proceso legal previo, contraviniendo lo establecido en el Artículo 14 de la Constitución.
El planteamiento busca sustituir el modelo actual por un sistema digital de sanciones: multas electrónicas notificadas directamente al infractor, suspensión temporal de licencias tras reincidencias, arrestos breves en casos graves y depósitos estatales únicamente para autos con reporte de robo.
La crítica central es que los corralones se han convertido en cementerios de automóviles, con más de 150 mil unidades abandonadas en el país y pérdidas estimadas en más de 1,500 millones de pesos.
En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, los costos de almacenamiento y la corrupción asociada han generado un negocio millonario que se alimenta de la desesperación de los ciudadanos.
En Puebla, incluso el gobernador ALEJANDRO ARMENTA ha reconocido que se analiza extinguir las concesiones y que el servicio lo brinde directamente el Estado, con tarifas reguladas en la Ley de Ingresos. En el Estado de México, legisladores de Movimiento Ciudadano han presentado iniciativas para evitar que durante contingencias ambientales los vehículos sean enviados al corralón, lo que muestra que el tema ya está en la agenda legislativa. ¿Y en Michoacán?
En Morelia, el abogado ALBERTO MORENO ZAMUDIO se ha convertido en uno de los principales promotores de esta causa, denunciando los abusos cometidos en los depósitos privados y litigando contra prácticas que considera ilegales.
La pregunta que queda en el aire es si algún diputado de la 76 Legislatura asumirá el reto de traducir esta exigencia ciudadana en una reforma legal que proscriba definitivamente el ingreso de vehículos a corralones privados. Por ahora, la presión social crece y el modelo vigente parece cada vez más cuestionado.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó una entrega masiva de títulos, encabezada por la rectora YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, quien convocó a las y los egresados a ejercer su profesión con responsabilidad y empatía, poniendo en alto el nombre de la institución. En su mensaje, destacó que este logro representa esfuerzo y sueños cumplidos, además de un compromiso familiar.
Subrayó que su administración ha trabajado para agilizar trámites, reducir costos de titulación en un 57% y ampliar horarios de atención, incluso los sábados, con el fin de facilitar el acceso a este documento clave para abrir nuevas oportunidades. Recordó que al inicio de su gestión existía un rezago importante en la entrega de títulos, situación que se ha revertido con acciones concretas.
Finalmente, ÁVILA agradeció la confianza depositada en la UMSNH y reiteró que apoyar a quienes más lo necesitan es una forma de retribuir a la Máxima Casa de Estudios.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, GLADYZ BUTANDA, anunció que los teleféricos de Morelia y Uruapan generarán poco más de 100 empleos directos, entre áreas técnicas, administrativas, limpieza y seguridad, con capacitación especializada a cargo de la empresa Doppelmayr.
Se destacó que habrá tres turnos de operación, incluyendo uno nocturno para mantenimiento preventivo. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se presume la creación de apenas un centenar de plazas, la inversión pública destinada a estas obras supera los 5 mil millones de pesos, cifra que pone en entredicho la proporcionalidad entre el gasto y los beneficios reales en materia de empleo y movilidad.
Este tipo de anuncios reflejan el discurso oficial que busca legitimar proyectos de alto costo con beneficios sociales limitados, dejando abierta la discusión sobre la pertinencia y el impacto real de estas obras en la economía y la movilidad urbana de Michoacán.
La Fiscalía General de la República solicitó la extradición de ISRAEL PATRÓN REYES y GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ, exfuncionarios del gobierno de SILVANO AUREOLES, acusados de un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en Michoacán.
PATRÓN REYES fue localizado en Estados Unidos y enfrenta cargos por peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, mientras que LOAIZA GÓMEZ fue identificado en Argentina. La FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya inició los trámites diplomáticos para su entrega. Hasta el momento, cuatro personas vinculadas al caso han sido detenidas, mientras otros excolaboradores permanecen prófugos.
¿Y en México cuándo? Francia ha dado un paso histórico al criminalizar la obsolescencia programada, castigando con cárcel y multas millonarias a quienes saboteen deliberadamente la vida útil de los productos. Una medida que protege al consumidor, impulsa la sostenibilidad y fortalece el derecho a reparar.
La pregunta obligada es: ¿cuándo veremos en México a un funcionario de primer nivel, un legislador con peso o una organización civil que se atreva a proponer algo semejante? No sólo en este terreno, sino también en el urgente debate sobre limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, cuyo impacto negativo en el desarrollo cognitivo de los adolescentes ya está documentado.
Mientras Francia marca precedentes, aquí seguimos esperando que alguien se atreva a poner el interés público por encima de la comodidad política.