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*LEY ESPOSA: PARIDAD CON DEDICATORIA
*CANCELAR CON UN CLIC.
*VAPEADORES Y TERAPIAS PULMONARES.
*¿SEGURIDAD EN DESCENSO… O CIFRAS EN COMPETENCIA?
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (19-XII-2025).- En San Luis Potosí acaban de inventar la paridad con nombre y apellido. La bautizaron como “Ley Esposa”, pero bien podría llamarse “Ley Banda Presidencial en Familia”. El Congreso aprobó que en 2027 sólo puedan registrarse candidatas mujeres para la gubernatura, bajo el argumento de la alternancia de género. Suena bonito, suena progresista… pero en la práctica es la alfombra roja para que la esposa del gobernador se mida la banda en el espejo.
Morena, con LUISA MARÍA ALCALDE al frente, ya anunció que va a meter acción de inconstitucionalidad. Reclaman que no se puede imponer a la ciudadanía un menú de candidatas con dedicatoria, y menos cuando detrás del discurso de paridad se esconde el viejo truco del nepotismo: la sucesión conyugal.
Lo curioso es que el berrinche es selectivo. En San Luis Potosí y Nuevo León se sienten agraviados, pero en Michoacán hay una iniciativa gemela, congelada en el Congreso local, lista para descongelarse cuando convenga. Allá no se habla de esposas ni de dedicatorias, sólo de alternancia de género: como el gobernador es varón, pues que en 2027 los partidos que postularon hombres en 2021 postulen mujeres. El mismo guiso, pero servido en cazuela distinta.
La ironía es de campeonato: lo que en un estado se denuncia como imposición, en otro se tolera como “paridad”. Morena aplica la regla del espejo: grita cuando la cara reflejada no le gusta, calla cuando el reflejo le acomoda.
La democracia, mientras tanto, convertida en herencia familiar. Como si la urna fuera testamento y el voto, escritura pública.
CANCELAR CON UN CLIC.
No todo en la 4T son malas noticias. También hay reformas que merecen reconocimiento, como la reciente modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que por fin pone freno a las empresas mañosas que ofrecen servicios mediante suscripciones mensuales y que, al momento de cancelarlas, inventan toda clase de pretextos para retener al cliente.
Con esta reforma, el consumidor podrá cancelar su suscripción con un solo clic, sin llamadas eternas, sin formularios escondidos, sin chantajes comerciales. Además, si el pago recurrente fue autorizado vía tarjeta de crédito o débito, el proveedor estará obligado a notificar al banco la cancelación, sin penalización alguna.
¿A quiénes obliga esta reforma? A todas las empresas que operan bajo modelos de membresía o suscripción con cobros automáticos. Entre ellas: Servicios de televisión por cable, Plataformas de streaming, Aplicaciones con cobros mensuales, Servicios de revistas digitales, gimnasios, seguros, clubes de consumo, etc.
La ley también prohíbe que se condicione la cancelación a requisitos absurdos o trámites presenciales. Y exige que la información sobre cobros recurrentes sea clara, accesible y suficiente, especialmente cuando se dirige a poblaciones vulnerables como adultos mayores.
Por fin, una reforma que no simula proteger al consumidor, sino que lo empodera frente a los abusos cotidianos del mercado digital.
VAPEADORES Y TERAPIAS PULMONARES.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados que prohíbe los vapeadores y cualquier dispositivo que genere vapor o aerosol, con o sin nicotina, abre un frente de incongruencias jurídicas y sanitarias. El nuevo artículo 22 TER establece penas de hasta ocho años de cárcel por comercializar estos productos, incluso si se trata de humidificadores o aromatizadores.
El problema es que la redacción es ambigua y no distingue entre dispositivos recreativos y aquellos de uso médico, como los nebulizadores y humidificadores que se emplean en terapias para pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) o asma. Estos aparatos son indispensables para la salud de miles de personas, pero la ley, tal como está redactada, podría criminalizar su venta y uso.
La incongruencia es brutal: en México la pena mínima por homicidio en riña es de cuatro años, mientras que por vender un humidificador podrían imponerse ocho años de prisión. Esta desproporción no solo refleja un exceso legislativo, sino que abre la puerta a la extorsión policial. Con la ambigüedad de la norma, cualquier agente puede detener a un comerciante o usuario bajo el pretexto de “combatir el vapeo ilegal”, y condicionar la liberación del producto o del vehículo a un pago inmediato.
“La 4T convirtió el vapor en delito mayor. La ley no distingue entre un vapeador recreativo y un nebulizador médico. Así, mientras un homicidio en riña se castiga con cuatro años, vender un humidificador puede costar ocho. La ambigüedad legal es el caldo perfecto para la extorsión: la autoridad decidirá discrecionalmente quién es criminal y quién no. El resultado es que la salud de miles de pacientes con asma o EPOC queda atrapada en la simulación legislativa.”
¿SEGURIDAD EN DESCENSO… O CIFRAS EN COMPETENCIA?
Por fin, el Ayuntamiento de Morelia se suma a la narrativa triunfalista en materia de seguridad. Si el gobierno estatal ya venía presumiendo reducciones en delitos de alto impacto, ahora el comisionado municipal de Seguridad no se queda atrás: según cifras presentadas este martes, el homicidio doloso bajó 54% en el segundo semestre de 2025, y la incidencia delictiva general cayó 23%. Robo a comercio, a transeúnte, a vehículo, a casa habitación… todos a la baja. ¿Milagro navideño?
La escena es conocida: conferencia oficial, banderas, cifras redondas, y un discurso que suena más a rendición de cuentas que a propaganda. Pero el timing no es casual. A días de cerrar el año, el municipio entra al juego de los números, como si la seguridad pública fuera una competencia de marketing entre niveles de gobierno. ¿Quién presume más? ¿Quién baja más? ¿Quién gana el aplausómetro?
Lo que no se dice —y urge decir— es que estas cifras, aunque presentadas con solemnidad, no vienen acompañadas de metodología clara, ni de auditoría independiente. ¿Qué periodo se compara exactamente? ¿Qué base de datos se usó? ¿Qué delitos se excluyeron? ¿Qué papel juega la cifra negra, esa que nunca aparece en los boletines?
Más allá del entusiasmo institucional, lo que vemos es una disputa por el relato. El estado presume sus logros, el municipio responde con los suyos, y la ciudadanía queda atrapada entre dos versiones que se parecen demasiado: todas positivas, todas oportunas, todas sin margen de error. ¿Y si en lugar de competir por quién da mejores cifras, compitieran por quién las explica mejor, quién las verifica, quién las contrasta con la realidad de las colonias?
Porque mientras las gráficas bajan, los testimonios suben. Y mientras los boletines celebran, los vecinos siguen preguntando: ¿de verdad estamos mejor?
MISCELÁNEA POLÍTICA.
El gobernador ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA presentó al Congreso local una iniciativa que busca prohibir que los gobiernos contraten créditos a largo plazo más allá de su periodo constitucional. Se trata de una medida aplaudible en el ánimo de frenar la práctica de heredar deuda a administraciones futuras.
La reserva, sin embargo, estriba en su potencial inconstitucionalidad y en la posible contradicción con la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Hacendaria y la Ley de Contabilidad Gubernamental. El debate se centrará en si la propuesta puede armonizarse con el marco federal sin vulnerar principios constitucionales.
El Estadio Olímpico Venustiano Carranza luce en estado deplorable: la pista de tartán destruida, el inmueble convertido en cantina pública y una ausencia total de mantenimiento. El silencio oficial se explica porque el responsable directo es el director de la CECUFIDE, hijo del senador RAÚL MORÓN OROZCO. Se anuncia que en 2026 se destinará buena parte del presupuesto para rehabilitar “El Venus”, pero mientras tanto el deterioro es evidente y la complicidad institucional, escandalosa.
Podrán decir lo que quieran de la rectora YARABÍ ÁVILA, pero en la historia de la Universidad Michoacana nadie había tenido los ovarios bien puestos para llevar a la cárcel a profesores que se sienten Don Juan Tenorio y galanes de cine, abusando de su poder para acosar a estudiantes.
En esta ocasión, la doctora ÁVILA logró que fuera detenido ROBERTO GUERRA GONZÁLEZ, profesor de la Facultad de Ingeniería Química, famoso por hacerse el galán y que ya terminó en el bote. La acción marca un precedente y exhibe que la autoridad universitaria puede pasar de los discursos a los hechos.
ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA firmó el decreto que proscribe las multas de tránsito, pero hecha la ley, hecha la trampa: los agentes revisan documentos y amenazan con mandar el vehículo al corralón, salvo que se les dé la tradicional “mordida”.
Para completar la obra, el gobernador debería convocar a los 112 presidentes municipales, desde ALFONSO MARTÍNEZ- que ya se negó- en Morelia hasta CARLOS SOTO en Zamora y GRECIA QUIRÓZ en Uruapan, para homologar sus reglamentos con lo dispuesto a nivel estatal. Sería una medida fabulosa y una muy buena del señor RAMÍREZ BEDOLLA, cerrando la puerta a la corrupción de los agentes municipales.
Muy en serio: la presidenta de la JUCOPO, FABIOLA ALANÍS SÁMANO, debe salir a aclarar el escándalo que circula en redes sociales. Se asegura que la sede de la Universidad Rosario Castellanos en Zacapu será en un edificio propiedad de la familia de su esposo, inmueble que antes albergaba una escuela particular administrada por sus cuñadas y que cerró.
Ahora, ese mismo edificio será la sede universitaria, sin que se sepa si fue vendido a la Federación o si se rentará. Así se cuida y beneficia a la familia: gran parte de los ALANÍS viven del erario y ahora también de negocios. Lo que más reprocharon al PRI y al PAN, hoy lo repite Morena. Qué pena.
A propósito del Día del Migrante, el discurso oficial insiste en que los migrantes “no están solos” y que son “héroes”, pero la realidad es otra: la defensa se reduce a asistencia consular que apenas acompaña la deportación, sin abogados que reviertan detenciones en tribunales de EE. UU. Las secretarías del migrante estatales ofrecen visas de reunión familiar y apoyos económicos mínimos, insuficientes frente al tamaño del problema. En este terreno, la política migratoria mexicana es más escenografía que defensa efectiva.
