*SEÑALES AMARILLAS EN MORENA.
*ENCUESTAS A MODO, MUNICIÓN POLÍTICA.
*CUANDO LA URGENCIA NUBLA LA LEY: LEY MANZO Y ANEXAS.
*“PERMISO PARA LA LLUVIA: EL DISPARATE OFICIAL”
Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (5-XII-2025).- Once meses de mediciones nacionales dibujan un patrón incómodo para el oficialismo: Morena conserva la delantera, sí, pero muestra una erosión gradual, con alzas del “no sabe/no contesta”, y una recomposición del voto opositor donde MC pesca juventud urbana y PAN sostiene un segundo lugar más competitivo. No hablamos de desplome, hablamos de un resbalón sostenido: pérdida de varios puntos frente a su propio techo de arranque de año, especialmente en grandes zonas metropolitanas y entidades con desgaste de gobierno, donde la narrativa de continuidad ya no alcanza por sí sola.

La foto nacional repetida mes tras mes trae tres trazos: Morena arriba, pero menos arriba; PAN se estabiliza sin entusiasmo, pero con piso; MC deja de ser anécdota y se convierte en tercera fuerza con crecimiento capilar. El PRI, salvo excepciones locales, se vuelve más marca heredada que opción viva. Ese reacomodo, leído con prudencia, explica el incremento en indecisos y el “voto latente” que cambia de preferencia según el modo de levantamiento (casa, teléfono, online) y el tipo de pregunta (partido, coalición, careos).
Metodológicamente, el indicador que prende las alarmas internas no es un dato aislado, sino la persistencia: cuando durante tres a cinco cortes consecutivos el margen de ventaja se reduce en rango medio (3–5 puntos) y, a la par, crecen indecisos y caen positivos en segmentos clave (jóvenes, clase media urbana, votante volátil), los cuartos de guerra dejan de discutir retórica y se enfocan en blindaje normativo y operación territorial. Eso es lo que estamos viendo en el agregado: una ventaja cómoda que empieza a parecer administrada y, en estados con gobiernos cuestionados, a ratos condicionada.
En ese contexto, el apremio por mover una reforma electoral desde enero y aterrizarla en febrero no es casualidad editorial; es cálculo político: ajustar reglas antes de que el sesgo de incumbencia se desgaste más, asegurar mayorías de procedimiento, y elevar barreras de entrada para la competencia en 2027 (umbral, financiamiento, fiscalización, tiempos y criterios de propaganda). La narrativa de “perfeccionamiento democrático” funciona hacia afuera; hacia adentro, la traducción es blindaje preventivo ante una elección subnacional donde la suma de pequeñas pérdidas puede convertirse en mapa incómodo.
Punto clave: la variabilidad entre encuestadoras sigue siendo amplia por modo y ponderaciones, pero el signo es consistente —Morena primera fuerza con tendencia a la baja modesta; PAN segundo; MC en ascenso; indecisos al alza—. Si el oficialismo no rompe esa inercia con resultados de gobierno tangibles y micro campañas segmentadas, el 2027 deja de ser trámite y se convierte en tablero de riesgo: menos margen nacional, más disputa local, más costo de errores.
Conclusión clara y sin adjetivos de más: no hay cataclismo, hay señales amarillas. Y cuando las señales amarillas se acumulan, los gobiernos no esperan las rojas; mueven reglas, presupuesto y mensaje. Esa urgencia por reforma, en calendario exprés, es el síntoma más elocuente de que las encuestas ya dejaron de ser paisaje y empezaron a ser advertencia.
ENCUESTAS A MODO, MUNICIÓN POLÍTICA.
La última medición de Massive Caller en Michoacán (12 de diciembre de 2025) confirma lo que ya advertimos: la supuesta “caída” de ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR publicada por El Heraldo de México no resiste contraste metodológico ni estadístico.
Entre quienes ya declararon votar por el PAN, Alfonso concentra 50.6% de preferencia interna, con un margen de error de ±3.4%. Es decir, domina con mayoría absoluta dentro de su universo partidista. Difícil hablar de desplome cuando el resto de los nombres panistas apenas arañan entre 12 y 15 puntos, y el rubro “otro” o “aún no decide” no alcanza a fracturar su liderazgo.
La foto estatal coloca a MORENA al frente con 33.6%, seguido por independientes (20.7%) y PAN (18.8%). El PRI se queda en 14.1% y MC en 5.7%. El resto apenas figura. En MORENA, la competencia es cerrada: RAÚL MORÓN y CARLOS TORRES PIÑA se disputan la punta con 26.4% y 25.5%, respectivamente. No hay un liderazgo único, y los escenarios por género confirman la fragmentación.
El contraste es claro: mientras Massive Caller muestra estabilidad en la preferencia interna del PAN, El Heraldo construyó una narrativa de desplome sin ficha técnica transparente. ¿Cómo se fabrica una “caída”? Con universos cambiados, preguntas leading, ponderaciones opacas o mezclando métricas distintas (imagen vs. intención de voto). Sin ficha metodológica, cualquier viraje súbito es más editorial que estadístico.
Massive Caller tampoco está libre de cuestionamientos: reporta un 95% de rechazo y 0% de no respuesta, un contrasentido que exhibe sesgo de representatividad. Además, declara no aplicar ponderaciones, lo que limita la robustez de sus resultados. Pero incluso con esas alertas, el dato duro es contundente: ALFONSO MARTÍNEZ no cayó, sigue siendo el preferido panista.
La conclusión es inevitable: cuando una encuesta se usa como munición política, el resultado deja de ser demoscopia y se convierte en propaganda. Bajo la lupa, lo que se desploma no es Alfonso, sino la credibilidad de quienes fabrican encuestas a modo.
CUANDO LA URGENCIA NUBLA LA LEY: LEY MANZO Y ANEXAS.
Reformas de urgencia, castigos desmedidos y homenajes simbólicos: el Congreso de Michoacán se debate entre legislar lo que le toca y lo que no, pues el llamado Paquete Carlos Manzo presentado por el diputado independiente Carlos ALEJANDRO BAUTISTA TAFOLLA mezcla iniciativas de competencia estatal con propuestas que, por su naturaleza, sólo pueden discutirse en el Congreso de la Unión. La narrativa de urgencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan se tradujo en un bloque de reformas que buscan cerrar espacios a la impunidad, pero que tropiezan con límites constitucionales.
MENORES INFRACTORES: la propuesta de sancionar sin importar edad choca con el artículo 18 constitucional, que protege un régimen especial para adolescentes. No basta con un código estatal.
SEGURIDAD A MUNÍCIPES: obligar al Gobierno Federal a brindar protección inmediata excede facultades locales; es materia de coordinación nacional.
ARMAS EN CASA: flexibilizar trámites para posesión de armas toca el artículo 10 constitucional y la Ley Federal de Armas de Fuego, competencia exclusiva de la Federación.
FAMILIARES ENCUBRIDORES: imponer penas automáticas y reparación solidaria vulnera principios de legalidad y proporcionalidad (arts. 14, 16, 18). Requiere reforma federal.
En contraste, iniciativas como agravar penas por homicidio de presidentes municipales, sancionar insignias falsas, exigir informes de la FGE o inscribir con letras doradas el nombre de CARLOS MANZO sí son competencia estatal. Incluso la apertura de candidaturas independientes puede ajustarse en lo local, siempre que no contradiga los artículos 35 y 116.
En conclusión, el paquete es un mosaico de propuestas: unas viables en el ámbito estatal, otras que sólo pueden prosperar con reforma constitucional. La urgencia política no sustituye la técnica jurídica: legislar fuera de competencia es legislar en vacío, ¿se habrá dado cuenta el diputado del sombrero de ello?
“PERMISO PARA LA LLUVIA: EL DISPARATE OFICIAL”
El nuevo Artículo 82 BIS de la Ley General de Aguas convierte lo que siempre fue un recurso libre en un trámite burocrático. Ahora los ciudadanos tendremos que pedir permiso para guardar agua de lluvia, como si la nube necesitara sello oficial para descargar.
La ironía es brutal: el Estado pretende concesionar lo inconcesionable. Imaginemos el absurdo: llenar el formato 82-BIS-PLUVIAL, adjuntar croquis del tinaco y foto de la nube solicitada, presentar CURP y carta de buena conducta, elegir modalidad de permiso por tormenta, por temporada o indefinido, pagar derechos de captación pluvial y esperar resolución de la Autoridad del Agua.
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