El Heraldo y el derrumbe improbable de Alfonso (Columna Política «Bajo la Lupa»)

*EL HERALDO Y EL DERRUMBE IMPROBABLE DE ALFONSO.

*POSADAS CON IMPUESTOS, 1463 ARANCELES.

* EL CONGRESO SE RINDE: EL BONO DORADO SE CONSUMA.

Columna Política «Bajo la Lupa», Por Armando Saavedra (12-XII-2025).- Las encuestas son espejos de la realidad política. Pero cuando un espejo muestra un derrumbe de veinte puntos en un mes, conviene revisar si está roto… o si alguien lo rompió a propósito. El Heraldo de México publicó esta semana un levantamiento en Michoacán que coloca a ALFONSO MARTÍNEZ en apenas 5% de las preferencias, después de haber estado en segundo lugar con 20–24% en encuestas recientes. El resultado, más que estadística, parece narrativa.

El ejercicio se levantó con 800 entrevistas telefónicas “aleatorias”. Con ese tamaño de muestra, el margen de error ronda ±3.5 puntos porcentuales. Es decir, las variaciones plausibles de un mes a otro deberían moverse entre dos y cinco puntos. Un desplome de veinte no cabe en ese margen.
Es un salto estadísticamente inverosímil.
Además, el modo telefónico tiende a sobrerrepresentar zonas urbanas y con mayor conectividad. En Michoacán, eso significa Morelia, Uruapan y Zamora. Paradójicamente, Alfonso, como alcalde de Morelia, debería beneficiarse de ese sesgo urbano. Que aparezca con apenas 5% en una muestra de este tipo sugiere problemas de ponderación o de diseño del cuestionario.
Así las cosas, El Heraldo mide a Morena como bloque (Morena-PT-PVEM) y a la oposición fragmentada en PAN, PRI y MC. El voto opositor se reparte y ALFONSO aparece reducido. A eso se suma la irrupción de GRECIA QUIROZ tras el asesinato del alcalde de Uruapan: un pico de visibilidad y simpatía que concentra atención mediática y desplaza momentáneamente parte del voto anti-Morena. El resultado: ALFONSO cae, MC y PRI suben “extraordinariamente”, y la narrativa se acomoda para mostrar un tablero distinto.
El salto improbable de MC y PRI se evidencia, pues resulta increíble que CARLOS HERRERA (MC) aparece en tercer lugar con 13.3%, y GUILLERMO VALENCIA (PRI) en cuarto con 10%. Sin embargo, las series de 2025 muestran a MC y PRI con bases de 6–8% por partido. El brinco a doble dígito no se explica por crecimiento orgánico, sino por el reparto del voto opositor en un escenario atomizado. Es decir: no es que MC y PRI hayan crecido de la nada, sino que el diseño de la encuesta los infló a costa del PAN.

La multicitada “encuesta” señala un increíble desfase PAN-ALFONSO, pues veamos, el PAN conserva 17% de intención por partido, pero ALFONSO aparece con 5% en careo. Históricamente, ALFONSO ha sido un candidato que aporta capital político al PAN, no que lo reste. El desfase entre marca y figura es otro síntoma de sesgo metodológico: la identidad partidista se mantiene, pero el cuestionario y la coyuntura penalizan al aspirante más visible.
El Heraldo nos entrega una foto que derrumba a ALFONSO MARTÍNEZ y eleva a MC y PRI. Pero la película de los últimos seis meses muestra otra cosa: ALFONSO como segundo lugar sólido, el PAN con base de 17%, y MC y PRI en cifras menores. Con 800 llamadas telefónicas y un margen de error de 3.5 puntos, el “derrumbe” de veinte es estadísticamente imposible. Es un artefacto de diseño y coyuntura, más útil para titulares que para entender la realidad política de Michoacán.
“Las encuestas son espejos; cuando reflejan un derrumbe improbable, conviene revisar si el espejo está roto… o si alguien lo rompió a propósito o de plano, alguien amaneció con un buen humor negro”
POSADAS CON IMPUESTOS, 1463 ARANCELES.
Mientras usted compra piñatas y prepara el ponche, en San Lázaro se cocinó un atraco disfrazado de “política industrial”: más de mil 400 productos importados recibirán un sablazo arancelario de entre 10% y 50%. El golpe fue rápido, quirúrgico y silencioso: en apenas dos horas y media, 281 diputados de Morena y el Verde levantaron la mano, 24 de Movimiento Ciudadano se opusieron, y 149 de PAN, PRI y PT prefirieron esconderse en la cómoda abstención.
Al bajar el telón en el teatro legislativo, pues ya se van de vacaciones, la narrativa oficial es impecable: “fortalecer la producción nacional”, “reducir dependencia del exterior”, “defender sectores estratégicos”. Palabras bonitas que esconden un hecho brutal: 316 fracciones arancelarias que nunca habían pagado impuesto ahora lo harán. El gobierno asegura que la inflación no se moverá, pero la realidad es que el costo se trasladará directo al consumidor.
¿Y qué es lo que se encarece? Textiles y vestido: 706 fracciones arancelarias. Calzado: 49. Juguetes: 37. Electrodomésticos: 18. Autopartes: 141. Plásticos, muebles, papel, aluminio, marroquinería, vidrio y siderúrgicos: más de 400 fracciones adicionales. Ahora, si USA no golpea a nosotros con sus aranceles, nosotros por qué no golpeamos a otros países y ¡saz! Que le pegamos con esta retahíla de aranceles a China, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes y Sudáfrica.
¿Y quién paga el pato? El cálculo oficial es frío: 51,900 millones de dólares en importaciones de 2024 están en la mira. El gobierno espera que la recaudación por comercio exterior pase de 151,789 millones de pesos en 2025 a 254,756 millones en 2026, un aumento del 67%. ¿De dónde saldrá ese dinero? De la ropa que vistes, los zapatos que calzas, los juguetes que regalas a tus hijos y las piezas que mantienen tu auto andando.
Vaya que se revela un doble filo con estas medidas impositivas, pues el discurso de “protección a la industria nacional” suena bien en tribuna, pero en la práctica es un impuesto disfrazado. La medida llega justo en temporada navideña, cuando la ciudadanía está distraída entre posadas y aguinaldos. El PT, curiosamente, se abstuvo en masa: sus alianzas con países asiáticos pesaron más que la disciplina partidista.
Lo que se aprobó no es una política industrial, sino un ajuste recaudatorio con narrativa patriótica. El Senado aún debe ratificar, pero el golpe está dado. La pregunta incómoda: ¿qué tan “nacional” es proteger a la industria encareciendo insumos y bienes finales que millones de familias consumen?
En resumen: mientras el discurso oficial habla de soberanía productiva, la realidad es que usted pagará más por casi todo lo que toca, viste o enciende en casa. Y lo hará sin que nadie le pregunte, porque la votación ya se consumó.
Cada gota con folio, cada tormenta con tarifa. El ciudadano que antes sacaba cubetas para aprovechar la tormenta ahora tendrá que mirar al cielo con miedo: no vaya a ser que la nube llegue sin autorización y termine multado por captar agua “ilegal”. El derecho humano al agua se degrada a licencia temporal, como si fuera un permiso de pesca. Controlar la lluvia es controlar la vida, y eso, en democracia, es un disparate con sello oficial.
EL CONGRESO SE RINDE: EL BONO DORADO SE CONSUMA.
Sin una sola objeción y a pesar de los llamados, los argumentos jurídicos, las alertas públicas y el sentido común, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó el presupuesto de egresos sin chistar. Ni una observación. Ni una reserva. Ni una nota al pie. El haber de retiro de tres meses de sueldo bruto para magistradas que concluyen su encargo constitucional en el Tribunal Electoral del Estado se cristalizó sin resistencia.
El atraco institucional se consumó, ya que lo que se había denunciado como un exceso, como un privilegio disfrazado de derecho, como una distorsión del criterio de la Suprema Corte, se convirtió en presupuesto oficial. El Congreso, que debía ser contrapeso, se volvió cómplice. El atraco institucional se consumó con sello legislativo.
¿Dónde quedó la austeridad? La Ley Federal de Austeridad Republicana obliga a administrar los recursos con eficiencia, economía, transparencia y honradez; el artículo 134 constitucional lo refuerza. La Suprema Corte ha sido clara: el “haber de retiro” es garantía de independencia judicial sólo para juzgadores que dejan el cargo de manera obligatoria —por edad límite o incapacidad—, no un bono discrecional para quien concluye un periodo ordinario. Convertirlo en recompensa de salida es un exceso jurídico y un insulto político.
Para 2026, el Congreso aprobó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán un presupuesto de 144 millones de pesos. De esa cifra, 104 millones se destinan al capítulo 1000, es decir, Servicios Personales: todas las asignaciones de gasto para nómina y compensaciones (salarios, prestaciones, seguridad social, estímulos, etc.).
La estructura del TEEM suma 136 personas. Si los 104 millones se repartieran equitativamente, cada una recibiría 764,705.88 pesos al año —63,725.49 pesos mensuales—. Pero la realidad es otra: los trabajadores que hacen la chamba, los que escanean expedientes, redactan proyectos y atienden al público, apenas ganan para sobrevivir. La tajada valiosa se la lleva el Pleno y su círculo: magistraturas, asesores, operadores de confianza; los que se autoasignan privilegios desde arriba y ahora se blindan con retiro dorado.
El 2 de abril, el Pleno del Tribunal reformó su Manual de Remuneraciones para incluir el “haber de retiro” de tres meses de sueldo bruto, sustentándolo en autonomía de gestión y un reglamento interno previo. Autonomía no es patente de corso: no legitima contradicciones con la Constitución ni con criterios de la Corte. Aun así, el Congreso aprobó el paquete presupuestal sin condiciones, sin reservas, sin exigir correcciones. Prefirió el silencio. Prefirió el trámite. Prefirió la omisión.
El Tribunal presume transparencia y rendición de cuentas; en los hechos, publica acuerdos técnicos y se parapeta en la autonomía para justificar privilegios. El Congreso tenía la obligación de revisar, ajustar y frenar la partida destinada al “haber de retiro” oneroso e inmerecido. No lo hizo. En política, la omisión también es decisión: decidió no incomodar al Tribunal; decidió no defender el interés.
Mientras miles de michoacanos sobreviven con salarios mínimos, las magistradas del TEEM se retiran con “bono dorado” y los diputados les aplauden. El mensaje es devastador: los privilegios se blindan, los órganos autónomos se premian entre sí y el Congreso abdica su papel de contrapeso. La austeridad, diseñada para cerrar la brecha, queda en discurso vacío; el presupuesto se utiliza para sostener un club de élite.
Pero, veamos el fondo jurídico, sin maquillaje, Independencia judicial: El “haber de retiro” protege la independencia sólo cuando hay separación forzosa del cargo (edad límite o incapacidad). No es un bono de salida: Aplicarlo a quien concluye un periodo ordinario lo convierte en privilegio indebido. Principios presupuestales: El artículo 134 exige honradez y eficiencia; la Ley de Austeridad obliga a evitar despilfarro y avaricia en el uso de recursos públicos. Así las cosas, el TEEM desvirtúa el concepto; el Congreso legitima la desviación.
Finalmente, desde el tribunal bordaron lo inmerecido y en el congreso acrisolaron el retiro de la vergüenza, porque, el “haber de retiro” aprobado no es garantía judicial: es privilegio político y distorsión jurídica. Es una bofetada presupuestal. Y el Congreso del Estado de Michoacán, en su 76 Legislatura, ha sido el notario de ese abuso. Firmó el retiro de la vergüenza. Legalizó el cinismo.
Así las cosas, que nadie se llame sorprendido cuando la ciudadanía deje de creer en sus instituciones, cuando vayan a pedir el voto, no les extrañe la bofetada, porque cuando el Congreso abdica de su deber, la democracia se convierte en simulacro.