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02 de diciembre del 2025.- Contrario al miedo que ha intentado infundir la oposición sobre el dictamen de la nueva Ley General de Aguas que se prevé discutir mañana miércoles en la Cámara de Diputados, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que es totalmente falso que eliminarán los títulos de concesión otorgados en más de 30 años y que sólo darán permisos temporales.
“Entre los mitos y realidades que han surgido en torno a esta ley, lo cierto es que el sistema de concesiones se mantendrá tal cual; es decir, se van a poder heredar o vender como lo hacían, pero de manera ordenada y sin corrupción”, aseveró.
Tras la campaña negra que han emprendido quienes pierden sus privilegios sobre la mercantilización del agua, el funcionario federal aclaró que sí se diseñó un capítulo de sanciones, pero no para “el pequeño agricultor, sino para los gandallas y abusivos” que han hecho del agua un negocio por más de tres décadas.
En entrevista con La Jornada, Efraín Morales destacó que en la nueva ley se establecen no sólo multas muy elevadas para los acaparadores de títulos de concesión de agua, sino también penas de prisión de hasta cinco años para quien ofrece dinero y para quien lo recibe.
Por ello, enfatizó que el rechazo viene de quienes han lucrado con el acceso al agua, porque afecta muchos intereses de “mafiosos y abusivos” que se han dedicado a realizar una actividad indebida.
Se trata, detalló, de transformar la manera en que se distribuye el recurso en el país y no de administrar la crisis que ha causado la sobrexplotación y el exceso de concesiones gratuitas a quienes se aprovechan y la venden, cuando se suponía que eran para uso agrícola.
“No se trata de una persecución ni tampoco es una ley punitiva, ni de quitarle nada a nadie; lo que buscamos es generar un orden de aquí en adelante”, enfatizó, al agregar que de los 536 mil títulos de concesión vigentes en el país, hay más de 50 mil que operan con irregularidades, pues están dados de alta como agrícolas, pero no producen nada, sino que corresponden a un balneario, un parque industrial, un campo de golf o un lugar que abastece pipas.
Por ello, destacó que, de aprobarse la nueva ley federal, se liberará a empresas, productores y comunidades del “yugo” de tratar con “un coyote” y se recuperará el volumen que todavía está en manos de unos cuantos. Por esta razón consideró que la nueva ley de aguas significa “un acto de justicia para el pueblo de México”, porque no se trata sólo de “abrir la llave y tener agua en casa”, sino de que el país cuente con suficiente líquido para su desarrollo.
Al resaltar que en esta administración la Conagua ha recuperado 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua –equivalentes a 4 billones 50 mil millones de litros–, Morales López puntualizó que un cambio significativo es “el combate frontal al robo del agua y contra los acaparadores”.
Además, comentó que, de aprobarse, la ley representa una garantía para que la gente pueda tener agua para consumo humano; añadió que el sistema de concesiones se mantiene, pero ahora con mayor orden y transparencia, lo que dará certeza a todos los usuarios de los títulos que tienen actualmente y, sobre todo, significa “cero tolerancia a la corrupción”, ya que, al ser la Conagua la que entrega dichos títulos, estos quedarán asociados a una plataforma con trazabilidad detallada de todas las concesiones.
Detrás de cada gota, explicó, hay muchos intereses económicos de los acaparadores, quienes concentran una gran cantidad de títulos de concesión porque tenían dinero para comprarlos o porque contaban con “una palanca o poder político”, dejando a los pequeños y medianos productores sin líquido suficiente para el riego.
A la mayoría de esos acaparadores, detalló, se les otorgaron concesiones de manera gratuita porque eran de uso agrícola, sin realmente dedicarse a ello, y luego la vendían sin ninguna regulación.
“Hay casos en los que comunidades están a un lado del río y no pueden utilizarlo porque esa agua le pertenece a alguien; entonces estamos acabando con ese mercado negro del agua y evitando la sobrexplotación”, concluyó.
Con información de La Jornada
